Por Julieta Bugacoff
Un grupo de chicos y chicas de no más de 18 años juega al fútbol. Es 10 de noviembre, y el polideportivo de la Villa 20, en Lugano, está repleto. Si las cosas hubiesen sido de otra manera, Jonathan “Kiki” Lezcano sería uno de los jóvenes que corren detrás de la pelota. Sin embargo, esta escena jamás ocurrirá: el 8 de julio del 2009, fue asesinado por un policía bajo el argumento de legítima defensa. El último sábado, aquel pibe de mirada profunda y tez morena hubiese cumplido 26 años.
La Garganta Poderosa -el medio que dirige Nacho Levy- dedicó gran parte de la edición de junio del año pasado a Kiki. Para la portada eligieron la foto de un mural que muestra al joven emitiendo un grito. En la primera página, podía leerse el siguiente mensaje: “Jonathan: quisiéramos que estuvieses acá para sacarte la foto, ojalá no tuviésemos que apelar a un mural para ilustrar tu grito”. Desde el día que Kiki no volvió a su casa, Angélica Urquiza, su mamá, se ocupa de mantener vivo el recuerdo de su hijo. No sólo por él, sino también por la memoria de todos los pibes víctimas del gatillo fácil.
Un día antes de asesinarlo, Daniel Veyga, un oficial de la comisaría 52, había amenazado a Jonathan. “De ahora en adelante, voy a ser tu sombra”. Apenas veinticuatro horas después, Kiki le dio un último beso de despedida a su mamá. La búsqueda duró dos meses. Al final, el pibe de 16 años apareció enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.
Luego de doce meses, un video cuyo autor aún se desconoce confirmó lo que todos sospechaban: fue un policía quien le arrancó la vida a Kiki y a su amigo Ezequiel Blanco. En la filmación se ve a ambos agonizar mientras de fondo se escuchan las risas de varios agentes. El año pasado, la Justicia absolvió al único acusado: hoy Veyga está en libertad.
Sobre el rol del Estado, Adriano Ezequiel Agreda, uno de los abogados que intervino en la primera parte del juicio, afirma: “Se hace difícil pelear con la burocracia estatal, es cierto, pero no es imposible. El Estado posee más poder que cualquiera y ha intervenido en favor de los victimarios, ya sea proveyendo abogados de la institución o peritos retirados de las Fuerzas de Seguridad. Esto demuestra lo que cuesta vencer cierta lógica que apaña este tipo de conductas”. A su vez, remarcó que “sólo la participación social demostrará que la verdad aún no está contada”.
Kiki apareció enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.
Todos los años, en el aniversario del nacimiento de Kiki, la familia organiza una copa de fútbol que lleva su nombre. Como en varias ocasiones, La Poderosa se ocupó de difundir y ayudar a organizar el evento junto a Angélica, que se ha convertido en una referente de la lucha contra el gatillo fácil.
Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich insiste en la necesidad de “desenmascarar a La Garganta Poderosa”, Roque Azcurraire, fotógrafo de la revista que sufrió en carne propia la violencia institucional, explica: “En realidad, nosotros deberíamos desenmascarar a Bullrich. Que nos dedique una conferencia de prensa es sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien, a ella no le conviene que los vecinos estén organizados”. Para Roque, la ministra los “acusa de liberar la zona para los narcotraficantes, cuando en realidad las Fuerzas de Seguridad son las responsables de implantar drogas con el fin de criminalizarnos. Lo que menos queremos es que haya pibes en situación de consumo”.
Según los datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en los últimos dos años se registraron 725 asesinatos a manos del aparato represivo. En síntesis, se produce una muerte cada 24 horas producto de la violencia de las Fuerzas de seguridad. Ismael Jalil, vocero de la CORREPI, afirma que Patricia Bullrich niega esos datos y a la vez no acepta mostrar los papeles que corroborarían que ella tiene razón. “No estoy de acuerdo con la afirmación de que el Estado es cómplice, plantear eso implica quitarle la responsabilidad directa. Desde CORREPI consideramos que el Estado es el autor de ese delito, y el policía es el que aprieta el gatillo. La política represiva es una política de Estado que tiene como elemento sustancial el amparo de aquel que la lleva adelante. El mecanismo es la impunidad que se logra a través de la invisibilización y la naturalización”, analiza Jalil.
