Por Julián Valdez
A pesar de que hace diez años comenzaron a implementarse políticas públicas destinadas a disminuir la brecha digital, según datos relevados durante la pandemia por la organización Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que nuclea centros de estudiantes de escuelas secundarias porteñas, uno de cada cuatro estudiantes del distrito no tiene acceso a una computadora.
El informe “Continuidad pedagógica en tiempos de Covid-19”, elaborado por los docentes porteños Emmanuel Farina y Daniel Aldave, reveló que más del 60 por ciento de los trabajadores de la educación no tuvo ninguna formación respecto de la incorporación de nuevas tecnologías. En ese marco, algunas organizaciones y sindicatos, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), se unieron para presentar un amparo exigiendo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) garantice el acceso a la conectividad y a los equipos necesarios para tal fin.
DESCONECTADOS EN PANDEMIA
En coordinación con Familias por la Escuela Pública, la CEB impulsó un relevamiento con el objetivo de determinar en qué medida está siendo garantizado el derecho a la educación en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad, en el marco de la suspensión de las clases presenciales. Surgió que el 24 por ciento de los encuestados no tiene computadora y el 14 por ciento no accede a Internet desde su casa.
Respecto a la continuidad pedagógica, el 13,8 por ciento aseguró no haber tenido ningún tipo de contacto con su escuela en lo que va de la cuarentena. “La situación que estamos viendo no nos toma por sorpresa, son cosas que se podrían haber prevenido, las comunidades educativas venimos reclamando por esto hace años, y esa desatención por parte del GCBA hoy muestra sus consecuencias”, afirmó Mila Mondello, integrante del centro de estudiantes de la escuela secundaria Mariano Acosta.
“El derecho social a la educación hoy se encuentra atravesado por el acceso a internet y el uso de las nuevas tecnologías”, sostienen Farina y Aldave en el informe. Allí indagaron sobre las herramientas con las que cuentan los trabajadores de la educación para afrontar esta etapa. Las respuestas de 220 docentes de 124 de escuelas de gestión pública de la CABA revelaron que el 64,9 por ciento de los consultados no recibió formación alguna respecto al uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). Además, un 48 por ciento confesó haber tenido que realizar cursos por su propia cuenta para saldar la falta de capacitaciones estatales.
Los efectos de las medidas tomadas para combatir la pandemia también impactan en las escuelas privadas. “En nuestro caso, la gran mayoría de los alumnos tiene lo necesario para incorporarse a la cursada virtual, pero la realidad es que no está garantizado que el acceso sea universal y no hay intervención estatal en ese sentido, ni para los alumnos, ni para los docentes”, explicó Lucas Reyna, secretario de educación del Sindicato Argentino de Docentes Privados – Capital (SADOP – Capital).
Según una encuesta que realizó su gremio a nivel nacional, el 63 por ciento de los docentes de escuelas privadas no cuentan con un dispositivo propio o deben compartirlo con más integrantes de su familia, por lo que no disponen de su principal herramienta de trabajo. “Existe una idea generalizada sobre las escuelas privadas que iguala a todas con las más conocidas, que por lo general son también las más caras. Pero es importante entender que dentro de las privadas también hay escuelas de cuota cero que están en los barrios populares y en las que muchas familias, por ejemplo, tienen sólo un celular para compartir entre todos sus integrantes”, continuó Reyna.
Haciéndose eco de lo denunciado por las comunidades educativas, algunas organizaciones no gubernamentales y sindicatos presentaron un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad. “Notamos que en la nueva modalidad de clases implementada por el gobierno porteño había muchos estudiantes que se estaban quedando afuera y no se les estaba garantizando el derecho a la educación”, contó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), una de las agrupaciones querellantes.
Hace algunas semanas, el juez responsable del expediente, Andrés Gallardo, se pronunció a favor a la acción judicial de las organizaciones y estableció un plazo de cinco días para que las autoridades educativas locales garanticen que todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad cuenten con un dispositivo móvil con conexión al menos durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hasta el día de hoy, con el plazo ya vencido para el cumplimiento del fallo, la única respuesta presentada por parte del GCBA fue el intento de recusar, en dos oportunidades, al Juez de la causa.
EL PLAN SARMIENTO
Desde el Ministerio de Educación de CABA, afirman que la continuidad pedagógica está siendo garantizada “gracias a una política educativa de largo plazo y a una gran inversión en los últimos años”. Para repasar las políticas públicas y la inversión destinada a disminuir la brecha digital, es necesario remontarse a 2010. Ese año, mediante un decreto presidencial se creó el programa Conectar Igualdad, que consistía en brindar una computadora a cada alumno y docente de la educación secundaria, especial e institutos de formación docente. Y a pesar de tratarse de una iniciativa nacional, también repercutió en los estudiantes de la Ciudad.
Al año siguiente, el gobierno porteño impulsó un programa similar destinado principalmente a alcanzar a las escuelas primarias: el Plan Sarmiento. Sus bases se habían sentado en la experiencia del programa piloto llamado Proyecto Quinquela, implementado en 2010, que consistía en entregar una computadora para cada estudiante, destinar un facilitador y un equipo técnico de dos personas por escuela e instalar un sistema de conectividad, llamado WIMAX, que permitía conectarse a internet hasta a 400 metros de distancia del edificio del establecimiento. “Ya desde el primer año del Plan Sarmiento empezaron los problemas y cada vez fue empeorando más”, comentó Bettina Fratta, facilitadora del programa de Inclusión Tecnológica (INTEC).
Cada facilitador comenzó a tener que atender más de una escuela, la atención técnica se descentralizó en 17 centros de reparación de gestión privada y el trámite de solicitud de equipos pasó a ser vía online complicando el acceso de muchas familias. A partir de 2015 se inauguró lo que el Ministerio de Educación de la CABA llamó “Plan Sarmiento Fase II”. En esa nueva etapa, las netbooks que recibían los estudiantes de primero a tercer grado fueron reemplazadas por unas tablets que únicamente podían ser cargadas en un mueble asignado a la escuela, por lo que los alumnos ya no podían llevarse los equipos. En paralelo, en 2018, el plan Conectar Igualdad se dio por finalizado mediante un nuevo decreto presidencial.
Al día de hoy las antenas que permitían que los chicos se conecten desde sus casas fueron desinstaladas, no se respeta más el modelo de una computadora por estudiante, los chicos del primer ciclo sólo tienen acceso a los equipos en la hora de computación y los centros de reparación pasaron de 17 a sólo cinco. “Se fue empeorando todo a tal punto que hoy no queda nada de todo eso que había sido maravilloso durante el Programa Quinquela. Hoy la situación es un desastre, volvimos a las cavernas”, afirmó Fratta.
Según Daniel Aldave, “seguramente cuando se reanuden las clases presenciales vamos a volver menos y en peores condiciones, porque la mayoría de los pibes no pudieron estar en contacto con la escuela desde el conocimiento“. Sin embargo, Aldave eligió concluir con una mirada optimista: “Pero también es importante que rescatemos que vamos a volver con la alianza familias-escuela fortalecida, porque si hay algo que quedó en claro en este angustiante proceso es que, pese a la falta de equipamiento y a la emergencia sanitaria, el vínculo pedagógico se pudo mantener gracias a las ganas compartidas de seguir aprendiendo y enseñando”.
