Por Imanol Lostra Kolb
“¿Quién puede defender el lugar donde vivimos?”, se pregunta Fabricio Di Giacomo, vecino y activista medioambiental en el Golfo San Matías, en la costa sur de Río Negro. Se trata de una de las zonas más importantes para el ecosistema marino argentino que, a pesar de haber estado protegido durante más de 20 años, hoy no tiene respaldo legal ante los nuevos proyectos petroleros. La Legislatura provincial modificó recientemente la Ley 3308 que protegía el Golfo, mientras YPF ya planea cómo va a ser el puerto petrolero más grande del país. De concretarse este proyecto, estarían en riesgo miles de especies que habitan las costas, como la ballena franca austral, el león marino, el pingüino de Magallanes, el delfín oscuro y la orca.
Luisina Vueso, coordinadora de océanos de Greenpeace Argentina, explica el motivo por el cual llevar adelante un proyecto de estas características en el Golfo San Matías sería muy peligroso: “Donde hay puertos, constantemente hay derrames, y las aguas del Golfo tienen la particularidad de tener una circulación horaria. Es decir, que en caso de haber un derrame, estas aguas contaminadas no se irían fácilmente”. Esto significa que los residuos quedarían dando vueltas en una parte del océano de vital importancia para miles de especies marinas y terrestres.
Punta Colorada, donde se construiría el puerto, se encuentra a tan sólo 8 kilómetros al sur del Parque Nacional Islote Lobos y a 8 al norte del Área Natural Protegida Puerto Lobos. También está muy cerca de Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Todos estos ambientes son de vital importancia porque son zona de reproducción y hábitat de la ballena franca austral, el pingüino magallánico, el lobo marino, el león marino, el delfín y la orca. Además hay una amplia variedad de especies de peces y mariscos fundamentales para la industria pesquera nacional que también correrían riesgo, como el abadejo, la almeja, la anchoa, el calamar, la corvina, la merluza y el pez gallo.
La ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural Nacional en 1984, sería una de las especies más afectadas en caso de ejercutarse un proyecto de estas características en la zona. “Por la baja profundidad, las ballenas eligen el Golfo para tener sus crías”, explica Vueso, que también alerta sobre el aumento del tráfico de grandes barcos en el Golfo, lo que pone en riesgo a la población de cetáceos. Existe el antecedente de la ballena Franca que habita en los mares del norte de América, en las costas de Estados Unidos, “donde ha llegado al borde de la extinción por las colisiones producidas con grandes embarcaciones”.
¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?
YPF anunció que el proyecto que comenzaría a ejecutarse este año en Punta Colorada, al sur del Golfo, entraría en funcionamiento en el 2025. La inversión estimada es de 2.000 millones de dólares y abarca la construcción de un nuevo puerto con dos monoboyas -estructuras flotante que permiten amarrar un buque tanque y, al mismo tiempo, entregar o recibir, a través de ellas, cualquier tipo de hidrocarburos- para buques de gran porte y un sistema de 20 tanques de almacenamiento con capacidad para acopiar 7 millones de barriles.
El transporte de petróleo desde Vaca Muerta sería directo, por lo que en el presupuesto también está incluida la construcción de un oleoducto que pasaría por debajo del Río Negro, que para muchas localidades de la provincia es la única fuente de abastecimiento de agua. Además, se proponen exportar 390 mil metros cúbicos de crudo por semana. De construirse, se convertirá en el puerto más grande del país y en uno de los más grandes de Sudamérica.
El oleoducto pasaría por la Meseta del Somuncurá, un área natural protegida ubicada en el centro de la provincia de Río Negro, que es de gran interés biológico por la existencia de especies y subespecies endémicas vegetales, y animales. En la Meseta viven algunas subespecies del conocido piche patagónico (una especie de armadillo) y del pilquín o chinchillón (un roedor similar a la chinchilla). Además, la zona es hábitat de especies que sólo se encuentran en este área protegida, como la mojarra desnuda, que hoy es considerada una especie vulnerable debido a que sólo puede habitar en las aguas de algunos arroyos de la meseta y no resiste el cautiverio. La lagartija de las rocas o lagartija del Somuncurá también es endémica de la región y se encuentra en estado vulnerable. La rana de Somuncurá o ranita de Valcheta, por su parte, fue descubierta en 1968 y ya es una especie en peligro crítico de extinción, a causa de la destrucción de su hábitat, los arroyos de la meseta.
LA HISTORIA DE UN CONFLICTO QUE PARECÍA CERRADO
En 1999, la UNESCO declaró a la Península Valdés, un área natural protegida conformada por 887 mil hectáreas marinas y terrestres en la provincia de Chubut, como Patrimonio Natural de la Humanidad. Ese mismo año en Río Negro, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad la Ley 3308, que en su único artículo prohibía “la prospección, explotación y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo San Matías”, a unos pocos kilómetros de la península. Además, prohibía a instalación de un oleoducto para el transporte y la carga de buques petrolíferos.
La iniciativa de proteger el Golfo no surgió de la nada. Cuatro años antes, en 1995, varios grupos de vecinos de ciudades costeras como Las Grutas y San Antonio se organizaron, juntaron firmas y marcharon después de escuchar el proyecto que YPF tenía pensado ejecutar en las playas patagónicas. Sectores tanto del oficialismo radical como de la oposición del Partido Justicialista atendieron el pedido ciudadano y aprobaron el rechazo a la construcción del puerto petrolero y del oleoducto. Ese primer rechazo fue el puntapié de la Ley 3308, que aseguraba los derechos ambientales y de la población.
En Neuquén, alrededor de 700 kilómetros al noroeste del Golfo San Matías, los barriles de petróleo de Vaca Muerta se cuentan por millones. Pablo González, presidente de YPF, le dijo a un diario local que es necesario “exportar para sustituir importaciones y compensar la fuga de divisas”. Para eso, la ubicación geográfica de la provincia es lo único que dificulta la tarea. Ahí es donde Río Negro entra en juego, proporcionando las tierras y el agua, para que el petróleo neuquino llegue a la costa atlántica. Para lograrlo, la única traba que existía hasta hace unos meses parecía ser la Ley 3308. Así fue como comenzó a proyectarse una modificación que dejara sin efecto la normativa por la que cientos de vecinos del Golfo se habían manifestado hacía más de 20 años. El 25 de agosto de 2022 la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley 5594, que “establece las facultades provinciales relativas al pleno ejercicio de la actividad de control y fiscalización del transporte de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos por ductos”, como también el almacenamiento y la carga de petróleo.
La Multisectorial Golfo San Matías, Greenpeace y otras organizaciones medioambientales decidieron ordenarse para tratar de evitar que se aprobara la normativa. “Fuimos a la segunda sesión de la Legislatura con la idea de poder frenar ese acto inconstitucional que era modificar un derecho ambiental que, como cualquier derecho, no puede ser nunca regresivo, tiene que ser siempre progresivo, y no nos dejaron entrar. Votaron a puertas cerradas la Ley 5594 y no contemplaron ninguna de las observaciones que le hicimos con la colaboración de especialistas y organizaciones de todo el mundo”, cuenta Fabricio di Giacomo, activista la Multisectorial Golfo San Matías.
Luego de que se aprobara la modificación, Di Giacomo presentó el pedido de inconstitucionalidad de la ley ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en representación de varias organizaciones. Esta acción declarativa se basó en distintos artículos que protegen los derechos constitucionales de la población, como el 41, que detalla que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”.
El pedido de inconstitucionalidad también hace referencia a los artículos 75 (inciso 22) y 84 (incisos 1 a 3) de la Constitución Nacional, y a otros seis de la Constitución de la Provincia de Río Negro. También toma los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Argentina aprobó ese acuerdo en 2020 mediante la Ley 27.566 y desde entonces se garantiza al ciudadano el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Luego de la presentación judicial, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desestimó la demanda. “Usaron un artilugio jurídico, para decir que nadie de los que se presentaron tienen la legitimidad suficiente, para no manifestarse sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 3308”, explica Di Giacomo. Sin embargo, la esperanza de las organizaciones ambientalistas y de muchos vecinos continúa en pie. Aunque ese primer reclamo a la justicia provincial fue deslegitimado, porque “no existe un interés actual, real, o efectivo, dado que no se advierte un interés propio” por parte los denunciantes, estos pueden todavía esperar a que el proyecto no prospere llevando la denuncia a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, YPF debe realizar una audiencia pública para brindar información clara sobre el proyecto. La petrolera planeaba realizar dos audiencias para poder comenzar la obra, la primera para el oleoducto y otra para el resto del proyecto. Por su parte, el gobierno de Río Negro analizaba la posibilidad de que se estudiara todo el proyecto en una sola audiencia, que incluiría la construcción del primer tramo del oleoducto, del puerto y de la monoboya. Finalmente, la Secretaría de Ambiente de Río Negro convocó a una Audiencia Pública para tratar el proyecto del oleducto para el 21 de marzo, pero fue suspendida. El 20 de abril se realizó otra audiencia pública pero en Neuquén.
Según integrantes de la organización Multisectorial Golfo San Matías, YPF no tuvo en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, y tampoco hubo interés real en promover la participación. Finalmente, la provincia de Río Negro convocó a una nueva audiencia para el oleoducto y la Terminal de Carga en Punta Colorada, que se realizó el jueves 17 de agosto en Sierra Grande. Además, el municipio de esta localidad evalúa la posibilidad de convocar a una consulta popular. La secretaría de Ambiente y Cambio Climático confirmó la existencia de los estudios técnicos necesarios para cumplir con esa etapa requerida por la legislación provincial. De momento, YPF presentó tres estudios de impacto ambiental que serán analizados.
Respecto a los beneficios que YPF anunció que tendrá el proyecto, Di Giacomo expresa que “es una avanzada extractivista que pretende saquear nuestros recursos con la excusa del progreso, del desarrollo, del trabajo. Aún teniendo como referencia, por ejemplo, a Neuquén, que es por segundo año consecutivo la provincia más pobre de la Patagonia con décadas de explotación petrolera”. Por otro lado, las organizaciones alertan también sobre la problemática de la fuga de divisas relacionada con las explotaciones mineras. De acuerdo a un informe realizado por la organización Enlace por la Justicia Energética y Ambiental, entre 2020 y 2022 las empresas del sector energético fugaron 7.500 millones de dólares con mecanismos como la sobrefacturación de importaciones. Además, el gobierno nacional a principios de este año autorizó la quita de las retenciones a las exportaciones de gas y petróleo.
Por otro lado, la zona del Golfo San Matías representa uno de los puntos turísticos más importantes de la costa atlántica patagónica. Los porcentajes de ocupación en Las Grutas, una de las ciudades más importantes, fue del 88% durante las dos primeras semanas de enero de 2023, según informó el Observatorio Argentino de Turismo. Luisina Vueso, coordinadora de océanos de Greenpeace Argentina, dice que las empresas extractivistas “siempre alegan con la excusa de la generación de empleo, y en este caso sólo estarían destruyendo trabajo genuino”, siendo que en la zona se realizan actividades como la pesca artesanal, el buceo, el avistaje de fauna marina, además de todo lo que genera el turismo. Según encuestas citadas por las organizaciones ambientales en el pedido de inconstitucionalidad de la ley Nº5594, el turismo y la pesca generan cincuenta mil empleos contra cien que podría generar la explotación petrolera.
Las funcionarios públicos consultados para este artículo no respondieron.
