Por Mía Yelpez
El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo a la crisis en el Gobierno con la renuncia de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía y hermana de Miguel Calvete, mano derecha del principal acusado, Diego Spagnuolo. La Justicia habría encontrado cerca de 700 mil dólares en su casa, mientras que en chats encontrados por el fiscal su padre mencionó la entrega de cinco millones de pesos a Spagnuolo. En el corazón de la Comisión del Área Aduanera Especial, la trama deja entrever un circuito donde la discapacidad se transformaba en negocio y el Estado, en garante voluntario de un sistema de privilegios.
La causa apunta a un esquema de sobornos, sobreprecios y adjudicaciones en el que la figura de Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella, aparece como actor clave para comprender cómo operaba el circuito de dinero que ahora investiga la Justicia. Según investigadores, ese circuito funcionaba como una red aceitada en la que ex autoridades de ANDIS, empresarios del sector médico y gestores con puertas abiertas en el Estado moldeaban un mercado paralelo de insumos pagos con fondos públicos. La causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien ya habla de lavado de dinero, tuvo su primera onda expansiva institucional en Tierra del Fuego con la renuncia de Calvete. Su salida, casi inevitable al quedar mencionada en la investigación, profundiza el impacto político de una megacausa que amenaza con convertirse en uno de los golpes más duros para la administración del presidente Javier Milei.
El hallazgo del dinero en la vivienda de la ahora ex funcionaria en medio de un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios en programas para personas con discapacidad generó una fuerte indignación social. Mientras algunas familias denuncian demoras en la entrega de medicamentos o la caída de prestaciones, la investigación indica que una parte de los fondos destinados a la inclusión habían sido redirigidos para otros fines.
La salida reavivó la tensión interna dentro del Gobierno y volvió a dejar expuesto el alcance político del escándalo ANDIS, una causa que ya desplazó a funcionarios de distintos niveles y que avanza a personalidades cada vez más altas del poder estatal. La renuncia de Calvete, leída por analistas políticos como un intento del Ejecutivo por contener el impacto mediático, no alcanza para frenar el impulso judicial. Ya hay indagatorias fijadas por varios de los involucrados, mientras la fiscalía sigue reuniendo chats, movimientos bancarios y otros elementos que podrían comprometer a más figuras.
Este escándalo pone en evidencia, una vez más, una paradoja dolorosa. Un Estado que, en nombre del ajuste, recorta derechos, pero que, según la investigación, podría estar siendo usado como una caja de negocios para intereses privados. La ANDIS, creada para garantizar acceso e igualdad, amenaza con convertirse ahora en el epicentro de uno de los esquemas de corrupción más sensibles para el país.
