Por Mariana Fabris, Santiago Vázquez, Melany Cortez, Sofía Menica y Daniela Russo
Las cuatro semanas previas al 24 de marzo de 1976 en la Argentina no fueron solo de escalada de la violencia guerrillera y paraestatal, sino de colapso institucional y de un debate superficial sobre el destino del país que anticipó la ruptura definitiva del orden constitucional. La nación estaba sumida en una profunda crisis económica y una violencia política fuera de control, mientras las Fuerzas Armadas finiquitaban sus planes para usurpar el poder.
Los diarios de la época confirman que, para fines de febrero y principios de marzo, el regreso de las Fuerzas Armadas a la arena política se consideraba “inevitable”, a pesar de la falta de “gobierno militar exitoso” desde 1930. Se menciona que las Fuerzas Armadas “empezaron otra vez a hacer proyectos” y que la inquietud se le planteó a un Ejército que, llegado el caso, tendría el “papel protagónico”. Esto demuestra que los altos mandos estaban activamente planificando el golpe, como confirma un artículo periodístico en el que se menciona la “reunión –extensa e intensa– de 11 horas” de los once generales el 20 de febrero.
La prensa critica a los líderes políticos, empresarios y militares por discutir solo sobre las “condiciones intelectuales” y “virtudes morales” de los líderes, y sobre si “debían ejercer el gobierno” o ser “destituidos”, en lugar de examinar la estructura social o los objetivos nacionales. El debate se limitaba a “si era preferible mantener, pese a todo, el orden constitucional o si, había que optar por un golpe militar”. Los “partidarios de la ruptura” –los futuros dictadores– aspiraban a que se impusiera el “orden” y se lograse “ayuda” externa, a riesgo de la “total supresión del estado de derecho” y un “serio daño a la soberanía”.
La desesperación social y la polarización política se veían exacerbadas por una crisis económica brutal que el gobierno de Isabel Perón era incapaz de controlar. Este descontento masivo alimentó la apatía ante la ruptura constitucional.
Los grupos de tareas y estructuras policiales/militares ya actuaban con la misma lógica de secuestro y eliminación que luego se haría sistemática a partir del 24 de marzo. Este aparato, que se había desarrollado bajo el gobierno peronista, estaba listo para la transición. La propia presidenta, María Estela Martínez de Perón, en su discurso ante la CGT, justificaba la situación al afirmar que había “agresores de esta naturaleza que buscan, junto con la guerra subversiva armada, minar al país para destruirlo“. Al equiparar la especulación con la “guerra subversiva”, el gobierno constitucional sentaba las bases discursivas para que las Fuerzas Armadas asumieran la autoridad represiva total.
Con el golpe en marcha, los grupos guerrilleros Montoneros y ERP y las bases sindicales eran el blanco principal. La decisión de las cúpulas de ambas organizaciones de continuar la lucha armada en la clandestinidad los exponía directamente al plan de exterminio sistemático del Ejército que se activó al día siguiente de la asunción de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, la formalización del golpe de Estado por parte de los generales, como los que se reunieron el 20 de febrero, simplemente significó que el terrorismo que ya operaba en la sombra bajo un marco de crisis política y económica se convirtiera en la política explícita y centralizada del nuevo régimen.
