Por Rocío Barrios, Rocío González, Constanza Berdún, Francisco García, Lisandro Luque, Cándida Casco, Kiara Nepomneschi y Martina Gutiérrez
Entre 1970 y 1976, la Argentina atravesó una de las etapas más convulsionadas de su historia reciente, marcada por una profunda crisis política, económica y social. La alternancia entre gobiernos militares y democráticos debilitó las instituciones y erosionó la confianza en la estabilidad del sistema. En 1973, tras casi dos décadas de proscripción, el regreso de Juan Domingo Perón al poder generó expectativas de pacificación, pero el país ya se encontraba atravesado por una fuerte polarización ideológica y por una escalada de violencia que el nuevo gobierno no logró controlar.
La etapa comprendida entre el retorno de Perón y el golpe de 1976 se caracterizó por la pugna entre distintas facciones dentro del propio movimiento peronista. Los sectores juveniles de izquierda, nucleados en la Juventud Peronista y la organización Montoneros, impulsaban un proyecto de transformación social inspirado en el nacionalismo popular y las ideas revolucionarias latinoamericanas. En contraposición, las alas sindicales tradicionales y los sectores conservadores del peronismo defendían la “patria peronista” y se enfrentaban abiertamente a las tendencias más radicalizadas. El conflicto interno alcanzó su punto máximo el 20 de junio de 1973, en el episodio conocido como la Masacre de Ezeiza, cuando ambas facciones se enfrentaron violentamente durante el regreso definitivo de Perón al país.
La muerte de Perón, en julio de 1974, profundizó la descomposición del poder político. Isabel Martínez, su viuda y sucesora en la presidencia, carecía del liderazgo y la capacidad de contención necesarias para gobernar un país atravesado por la violencia y la crisis económica. Su gobierno quedó bajo la influencia de José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organización parapolicial responsable de secuestros y asesinatos de militantes, sindicalistas y opositores. Paralelamente, las organizaciones armadas, principalmente Montoneros y el ERP, intensificaron sus acciones, generando una espiral de violencia que sumó miedo e incertidumbre a la vida cotidiana.
En el plano económico, la situación se tornó crítica. Tras el fracaso del Pacto Social impulsado por el ministro José Ber Gelbard, la inflación se disparó y el país ingresó en una etapa de recesión. En 1975, el Rodrigazo, plan de ajuste impulsado por Celestino Rodrigo, provocó una brusca devaluación, aumento de tarifas y pérdida del poder adquisitivo, lo que derivó en la primera huelga general durante un gobierno peronista. La crisis económica se combinó con un clima político enrarecido: el gobierno perdía autoridad, las Fuerzas Armadas ganaban protagonismo y amplios sectores de la sociedad percibían el caos como irreversible.
Este proceso se desarrolló en el marco de lo que algunos historiadores definieron como un “empate hegemónico”, es decir, un equilibrio inestable entre las clases populares organizadas en torno del peronismo, sindicatos y movimientos sociales, y las élites económicas, políticas y militares. Ninguno de estos sectores lograba imponer un proyecto dominante, lo que generó un ciclo permanente de crisis, movilización y represión. A pesar del alto nivel de participación política, los partidos no consiguieron canalizar los conflictos dentro del sistema democrático.
Hacia 1975, la violencia había alcanzado niveles extremos. Montoneros secuestró a empresarios como los hermanos Born, de los que obtuvo rescates millonarios, mientras el ERP instalaba una “zona liberada” en Tucumán, enfrentando directamente al Ejército. La Triple A multiplicaba sus asesinatos y las fuerzas de seguridad operaban ya en coordinación con estructuras clandestinas que anticipaban el esquema represivo del terrorismo de Estado. En medio de la inflación descontrolada, la pérdida de autoridad presidencial y el desgaste de las instituciones, los medios de prensa presentaban a las Fuerzas Armadas como la única alternativa posible para restablecer el orden.
El 24 de marzo de 1976, tras meses de preparativos y sin resistencia significativa, los militares depusieron a Isabel Perón y dieron inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El golpe se concretó en un contexto de agotamiento político, polarización social y crisis económica profunda, que había dejado al país en una situación de parálisis y desencanto generalizado frente al sistema democrático.