Por A. Suárez Boracchia, M. Terreno, L. Moure, T. Pasini y F. Muiña
“El acuerdo que se firmó en junio del año pasado es indefendible“, dice Eduardo Favier Dubois, ex juez en lo comercial y el primero que intervino en la causa por el Correo Argentino, haciendo referencia al acuerdo entre el Estado nacional y la empresa que implica un cobro de tan sólo el cinco por ciento. Especializado en quiebras y títulos, Favier Dubois sostiene que no sufrió presiones mientras llevaba la causa, a pesar de haber tenido que renunciar en 2004 acusado de “mal desempeño en sus funciones“. El ex juez asevera que, desde el comienzo, “siempre hubo una relación recíproca de incumplimientos entre los gobiernos y el Correo“. Por este motivo, sugiere que este tipo de casos deberían quedar a cargo de alguien imparcial.
-¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre el estado de la causa durante su trabajo y el actual?
–Hoy está en una encerrona, no tiene una solución. La situación es compleja porque hay una relación recíproca de incumplimientos entre el Estado y el Correo. Esto hizo que, cuando se presentaron al concurso, los directivos de la empresa se justificaran diciendo que el Estado fue el que hizo las cosas mal. Ahí se intentó establecer un crédito compensable, pero no se pudo aplicar ya que no estaba dentro de la jurisdicción. Lo que pasa ahora es que los dos tienen deudas recíprocas, pero no están establecidas las del Correo contra el Estado porque los juicios apenas iniciaron y son difíciles de apreciar. Además, cualquier acuerdo va a estar contaminado al tratarse de una empresa ligada a la familia presidencial. Por este motivo, el Ejecutivo no puede firmar nada. Por eso se mandó a la Auditoria General de la Nación.
–La Ley de Quiebras sufrió varios cambios en los últimos años. ¿Cómo beneficiaron o perjudicaron a la negociación?
–El problema que tiene la Ley de Quiebras es que no reconoce expresamente la inflación, al igual que el régimen argentino no la puede reconocer hoy, así no se homologa la deuda. Entonces ahí queda como una nebulosa para la opinión pública y se cree que cada día que pasa se debe menos, como alguna vez dijo el ministro Oscar Aguad. Pero esto no es así, se sigue debiendo lo mismo más los intereses. Lo que pasa es que se suspenden los intereses ICO (para emprendedores) para poder negociar mejor y para que todas las deudas que tengan intereses computen proporcionalmente. Pero si no hay un acuerdo, los intereses corren todos durante el período de concurso, por eso no es cierto que lo intereses no jueguen. Como no hay una regla explícita esto a veces confunde a la opinión pública.
-El Correo, cuando se privatizó, pagó solamente dos años el canon, cuyo valor era de casi 52 millones de pesos. ¿Qué mecanismos utilizó para luego evadirlo? ¿Qué ocurrió con sus activos?
-El Estado fue muy sinuoso en esto. Al principio cedió la concesión, después no le reconoció ciertas diferencias o ciertos incumplimientos. Por ejemplo, cuando se presenta en el Estado a verificar el crédito y se somete al concurso con las deudas anteriores. En un momento de las negociaciones, se firmó un decreto que ratificaba que el Estado se sometía al concurso del Correo y que la deuda contraída con el Correo se iba a pagar en el marco del concurso, con lo cual el Estado acá estuvo de alguna manera de acuerdo con el Correo. Con la llegada de (Néstor) Kirchner, se le saca la concesión y se alarga el proceso. En cuanto a los activos, la empresa tenía dos millones de dólares invertidos en Nueva York, que había embargado (el juez que tuvo a cargo la causa de los Fondos Buitre, Thomas) Griesa. Cuando estaba al frente de la causa, le expliqué que no eran fondos del Estado, sino que eran de una empresa privada que tenía una concesión. Entonces mandaron la plata para acá, pero ahí fue cuando se le perdió el rastro.
-Se generó una gran polémica entre el gobierno y aquellos que, como la fiscal Gabriela Boquin, denunciaban el acuerdo. ¿Por dónde pasa, para usted, este debate?
–El actual gobierno, a través de algunos documentos, presentó una propuesta abusiva, porque pagaba algo de hace 16 años dentro de 17, sin intereses, sin reconocer la inflación y en pequeñas cuotas. Entonces, a moneda constante, da como resultado que estaban pagando un centavo ochenta por cada peso. Los argumentos que presentó Aguad no resisten lo jurídico, ya que sostenía que cada día que pasa se debe menos, cosa que no es verdad. Y, según lo que plantean desde el Estado, si el Correo quiebra nadie cobraría nada. Por eso dicen que hacen este acuerdo, para al menos cobrar un poco. Lo que pasa es que si quiebra, el gobierno tendría que rastrear esos activos perdidos desde Nueva York.
-¿Cuál sería su propuesta para solucionar este tipo de conflictos?
-En primer lugar, la ley debería restablecer un plazo: si el conflicto dura más de dos años habría que tomar alguna medida de control para ver por qué. También se debería hacer una tasación recíproca de los créditos, determinar un saldo, establecer una base de negociación. Pero esto debería hacerlo alguien imparcial. La opción más fácil es la quiebra, porque no traería ningún cuestionamiento político: la empresa quiebra, y ahí se verá su responsabilidad, la del grupo, si hay plata para repartir. Cualquier cosa que sea un acuerdo, y más cuando una de las partes es el Presidente, va a tener un tinte político que lo va a hacer dudoso. Este caso tiene que servir como enseñanza para que no se repita.
-¿Quiénes decidirán sobre la causa?
–Tres camaristas deberán tomar una decisión sobre la polémica oferta que SOCMA le realizará al Estado por la deuda. Dos de ellas, Ana Isabel Piaggi y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, ya habían fallado a favor del grupo en 2003, cuando se decretó la quiebra.
