Por Lisandro Prada Vanini
El 27 de septiembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en su habitual conferencia de prensa que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas está sujeta a la privatización. Así se publicó en el decreto 873/24, pero la decisión final sobre la compañía aérea está en manos del Congreso Nacional. Es importante recordar que Aerolíneas quedó fuera de las empresas que se privatizaron con la Ley Bases.
Para llevar adelante el proceso de privatización, el oficialismo se basa en el proyecto presentado por el diputado Hernán Lombardi, del PRO. “En los últimos años, viajar en la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio para unos pocos, financiado por aquellos que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas”, afirmó. Juan Manuel López, de la Colación Cívica (CC), también presentó un proyecto y consideró que “iniciar este debate es valioso porque no es sólo discutir la privatización, sino pensar qué política aerocomercial queremos para el país”.
El oficialismo hoy no cuenta con los votos necesarios para avanzar con su iniciativa, pero el bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, está a favor, siempre y cuando la gestión del presidente Javier Milei se comprometa a “no desguazar o vender por partes la empresa”, según afirmó a Infobae.
Por su parte, la oposición más dura, compuesta por el la izquierda y Unión por la Patria, ya anunció que votará en contra. El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo asegura: “Nosotros nos oponemos totalmente a la privatización de Aerolíneas. Ya vimos el resultado nefasto que tuvo en la década del 90. Aerolíneas tenía 30 aviones y se quedó sin ninguno. Se entregó sin deuda y a los dos años estaba completamente endeudada. Para evitar la quiebra se la dieron a Iberia, el Estado se la traspasó a un empresario llamado Marsans, y terminó pagando los combustibles y los salarios antes de la reestatización”.
Durante la presidencia de Mauricio Macri ingresaron al país empresas aéreas low cost como Flybondi, que recibe muchos cuestionamientos por su funcionamiento. “El objetivo del gobierno es favorecer el negocio de las low cost, que se mueven con otra lógica y además tienen un índice de cancelaciones altísimo. Brindan un servicio mucho peor y exigen a las provincias que les paguen por viajar ahí, lo cual es un sinsentido”, considera Castillo, y agrega: “Tener una aerolínea de bandera permite combinar vuelos rentables con no rentables y, además, es una gran ventaja en situaciones extraordinarias, como fue el caso de la pandemia”.
Edición: Inés Yawien y Abril Lamia
