Por V. Chab y F. Szapira
Cuando el empresario multimillonario Douglas Tompkins empezó a comprar tierras en Argentina y Chile, fue señalado por diversos medios como una potencial amenaza. Luego de vender la compañía que le había generado su gran fortuna, emigró al sur e inició el proceso de compra de grandes cantidades de hectáreas en ambos países.
Sin embargo, Tompkins, fallecido en diciembre de 2015, además de ser un hombre acaudalado, era un ambientalista acérrimo y ferviente. Su gran pasión era la naturaleza y tenía como plan convertir estos espacios en parques naturales y reservas ecológicas.
Entre sus compras, adquirió tierras en Corrientes de gran importancia por sus recursos naturales. Se trata de los Esteros del Iberá, un humedal de 1.400.000 hectáreas que representa una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. A pesar de que la familia del magnate cumplió su deseo póstumo de ver esas tierras convertidas en un parque nacional dedicado a la conservación, este caso expuso las contradicciones entre la libertad de acceso y estatización de los recursos de un país y los intereses privados.
En 2006, el entonces secretario de Tierra y Vivienda del gobierno de Néstor Kirchner, Luis D’Elía, se refirió a Tompkins como el “dueño del agua de los argentinos y del Acuífero Guaraní”, y pidió su expulsión del país. No es difícil entender por qué: a lo largo y ancho de una zona tan rica como la Patagonia, empresarios con enormes riquezas han adquirido tierras, cercando o restringiendo el acceso a la población a esos espacios que son patrimonio nacional.
The Conservation Land Trust Argentina (CLT), la fundación del fallecido empresario, ha adquirido un total de 158.800 hectáreas de antiguas estancias ganaderas que lindan con las tierras fiscales y que incluyen hábitats que no están presentes dentro del actual Parque Provincial, con el objetivo de restablecer el ecosistema del parque.
Según la página oficial de CLT, “en 2016 la provincia de Corrientes cedió al Estado Nacional la jurisdicción necesaria para la creación de un Parque y Reserva Nacional sobre las tierras de CLT“. “A la vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó al Estado el primer núcleo de tierras. Conforme con el acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente durante los próximos años, completándose el proceso en noviembre 2019. El acuerdo de donación también contempla que la fundación CLT podrá continuar el trabajo que viene realizando en restauración de fauna por un período de diez años más”, se lee.
En tanto, miembros de la comunidad guaraní del departamento de Concepción denunciaron haber recibido amenazas para que abandonen lo que ellos consideran sus tierras ancestrales. Acusan a dos integrantes de la empresa de Hacienda San Eugenio y a CLT. Además, la agrupación ecologista “Guardianes del Iberá” denuncia que durante años estos terratenientes disputaron el acceso a las tierras y hoy están unidos en contra de la población del lugar.
El caso muestra las consecuencias de la privatización de los bienes estratégicos de un país: en este caso, la restricción del acceso a los recursos naturales a las comunidades locales.
