Por F. Lentini, G. De Caria, J. Mileo, J. Weiss
Por primera vez, un ex militar admitió hoy, en el marco de su declaración ante el Tribunal que juzga los responsables de las Juntas Militares de la última dictadura, el accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante el régimen y la existencia de centros clandestinos de detención.
Vestido con uniforme castrense y con la insignia de paracaidista militar, Ernesto Facundo Urien confirmó la existencia de fosas comunes y la inhumación clandestina de cadáveres en el campo de instrucción de la Guarnición de Córdoba. También, definió a La Perla como “un centro de detención”.
Ernesto Urien, ante la Cámara Federal
En su testimonio, Urien relató que el teniente de Caballería Gustavo Raúl Gelfi lo había puesto al corriente, en 1979 -en ocasión de la inminente llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- de la “inhumación clandestina de cadáveres en el campo de instrucción de la Guarnición Córdoba”. En este sentido, sostuvo que Gelfi le había detallado que “los cuerpos desenterrados, que estaban diseminados por la zona, fueron depositados en tambores con cal viva para luego llevarlos con destino incierto”.
“Después del golpe de marzo de 1976, se impartió una orden de que todo lo conocido, actuado, realizado, pasaba a ser, con respecto a la subversión, secreto militar”, indicó Urien.
“Vi a un encapuchado atado de pies y manos”
Además, en su declaración, Ernesto Urien consignó que, en dos operativos, le habían ordenado ir vestido de civil: “Una vez me mandaron con mi arma reglamentaria a custodiar un cine donde se proyectaba una película sobre el ‘Operativo Independencia’ y, en otra oportunidad, fui custodiando una patrulla que iba a La Perla, adonde vi a un encapuchado, que estaba atado de pies y manos”. En ese tramo de su testimonio, cuando el Tribunal le preguntó qué era La Perla, Urien no dudó en afirmar: “Un centro clandestino”.
En un tramo de su testimonio, Urien confirmó que, como oficial de guardia del Liceo Militar General Paz, de Córdoba, hizo gestiones para que devolvieran cuatro niños a su abuela, Olga Gordo de Gavalda.
La crónica
La audiencia de hoy comenzó con los testimonios de Olga Noemí Gordo de Gavalda y José Manuel Gavalda, padres de María Irene Gavalda, quien desapareció junto a su compañero Juan Jacobo Mogilner el 5 de diciembre de 1977 en la provincia de Córdoba. Los familiares hicieron un relato de cómo fue la búsqueda de sus hijos y lo ocurrido con los cuatro hijos de la pareja desaparecida, de los cuales dos eran mellizas de apenas meses.
Según las declaraciones de los Gavalda, tres de sus nietos fueron dejados con una familia vecina, mientras que la más pequeña, que se encontraba enferma cuando secuestraron a sus padres, quedó al cuidado “de un teniente Etchevest, que participó del procedimiento”. En su testimonio, la mujer se mostró agradecida con el militar porque -detalló- si bien había recibido la orden de internar a esa beba en un hospital, se la había llevado “a su casa”. “Cuando llegamos vimos que la había cuidado con tanto cariño como si fueran sus padres”, concluyó Olga Gordo de Gavalda.
Dos días después, fueron secuestrados sus otros dos hijos en la ciudad de Buenos Aires. El matrimonio relató que no pudieron precisar el lugar donde fueron interrogados, aunque estiman que se encontraba cerca de la Casa Rosada. Después de un duro interrogatorio, los secuestradores los liberaron y les advirtieron: “Si llegan a contar algo de esto, terminan en una zanja”.
La Ribera
Las siguientes declaraciones en el marco de la audiencia de hoy fueron las de Miguel Baltasar Narváes, Mario Marchese y Juan Carlos Prevotel, ex detenidos-desaparecidos. Todos declararon haber estado en el centro clandestino de detención La Ribera junto al secretario del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, Raúl Ferreyra.
Allí fueron interrogados en distintas oportunidades pero ninguno declaró ante el Tribunal haber sido torturado. Incluso, Marchese detalló que, luego del último interrogatorio, les prometieron liberarlos en cuanto hubiera un camión disponible. “Efectivamente, a partir de ahí, a los seis días fuimos liberados”, aseveró.
Infructuosa búsqueda
El último en declarar en la jornada de hoy fue el cirujano Jorge Arnaldo López, quien relató cómo un grupo de hombres que decían pertenecer a “Seguridad del Estado” habían entrado a su casa utilizando las llaves de su hijo mayor, de 18 años recién cumplidos, que había sido secuestrado días atrás. En ese momento, el médico se encontraba en su casa con su hijo menor.
Cuando vio cómo un hombre de uniforme militar golpeaba a su hijo, lo desmayó de una trompada. “Siento un golpe tremendo en el hombro izquierdo y se me cae el brazo, me fracturan la clavícula”, relató Jorge. En ese momento, presentó documentación de los distintos pedidos de Habeas Corpus que había presentado y la denuncia que radicó ante la CONADEP. También contó los detalles de la desaparición de su otro hijo y cómo, cuando se presentó al Servicio de Investigaciones de Córdoba, un hombre armado amenazó con balearlo si no se iba. “Mi señora tuvo una crisis de nervios. Yo lo tomé de la solapa y lo arrastré cinco metros”, dijo López.
También denunció que, en los días previos a su declaración de hoy, había recibido amenazas telefónicas.
Jorge Arnaldo López ante la Cámara Federal
Ernesto Sábato, sobreseído
La Justicia dictó hoy el sobreseimiento del escritor Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en el marco de una causa iniciada por el ex juez Rafael Sarmiento, por considerarse “injuriado” en el libro Nunca Más, que recopila testimonios de víctimas de la represión ilegal.
En un fallo firmado hoy, el juez Néstor Blondi entendió que el escritor no fue responsable de la publicación del libro y que no existen elementos que desmientan lo que se afirma en el texto.
