Las dos principales empresas del mercado postal en Argentina son un ejemplo del fracaso del sector privado en el inicio del nuevo milenio. Entre 1997 y 2002, Correo Argentino y Organización Coordinadora Argentina (OCA) transitaron caminos paralelos, con progresos iniciales, que estuvieron a punto de unirse justo antes de sendas crisis con resultados dispares, y enmarcados en una débil legislación postal.Por J. Grille, S. Guzmán, L. Delgado, D. Giovanetti y A. Maza
Las dos principales empresas del mercado postal en la Argentina son un ejemplo del fracaso del sector privado en el inicio del nuevo milenio. Entre 1997 y 2002, Correo Argentino y Organización Coordinadora Argentina (OCA) transitaron caminos paralelos. Primero con progresos y después con la idea de unirse justo antes de sendas crisis con resultados dispares, todo enmarcado en una débil legislación postal.
En diciembre de 1997 surgieron los rumores de una asociación del Grupo Exxel, inversores estadounidenses que acababan de comprar OCA por 450 millones de dólares, con el grupo SOCMA-Banco de Galicia en el Correo Argentino, adjudicado por concesión al servicio postal estatal en septiembre de ese año por tres décadas. OCA había comprado meses atrás una competidora directa, Organización Clearing Argentino S.A. (Ocasa), dedicada a servicios corporativos. El Correo, propiedad de Franco Macri, padre del actual Presidente, tenía siete mil puntos de venta, 4300 franquicias y 1000 estafetas y buzones dispersos en todo el país, pero perdía 10 millones de pesos mensuales. La concesión obligaba a abonar un canon de 103 millones de dólares anuales y a invertir 25 millones por año durante la primera década.
En julio de 2000, se anunció formalmente el acuerdo entre ambos grupos, por el que Exxel controlaría el Correo si se aprobaba la compra del 69,23 por ciento de acciones de Sideco Americana. Exxel también era socio de SOCMA en la privatización aeroportuaria con las firmas Edcadassa e Interbaires, y juntos crearon la empresa Logística de Avanzada (LDA), encargada de realizar la distribución nacional terrestre de ambas empresas en el país. Además, Pablo González Isla, director ejecutivo de Correo Argentino, había trabajado junto al de Exxel, Juan Navarro, en el Citibank.
La fusión de estas empresas respetaría las áreas donde cada una alcanzó su predominio: OCA controlaba en 2000 el 77 por ciento del mercado de bolsines y clearing (el proceso bancario de validación y cobranza de cheques) y el 15 por ciento de la distribución especializada, es decir, diseñada a la medida de cada cliente. Correo Argenino, por su parte, participaba con más del 50 por ciento en los servicios postales básicos e internacionales. El argumento de las empresas frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se basaba en que del mercado total sólo participaban del 35 por ciento. Sin embargo, según el análisis del organismo, de asociarse controlarían el 90 por ciento en el segmento de las cartas simples, y del 45 al 50 por ciento en el mercado corporativo.
Finalmente, el 9 de marzo de 2001, SOCMA y Exxel informaron a la Comisión Nacional de Comunicaciones su decisión de cancelar la fusión. Al día siguiente, el titular de la CNDC, Carlos Winograd, oficializó el veto al acuerdo, al considerar cumplidas las dos condiciones que impone la ley para impedir una fusión: la eventual unión habría configurado una posición dominante y no se proporcionaría ningún beneficio a los usuarios.
“La fusión no fue validada por las autoridades de Competencia, pero la Autoridad Postal tuvo una posición favorable a ella, fundada en las características propias de la actividad y del mercado postal, en el que la garantía del Servicio Postal Universal le genera una asimetría competitiva muy desfavorable al Correo. Visto el tema a la distancia, haber autorizado la fusión habría evitado muchos problemas graves que hoy afronta el sector”, sostiene Alexis Pejacsevich, director de Relaciones Internacionales del Correo Oficial e interlocutor con el Enacom, organismo de contralor.
El entonces ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, consideró que sería un error aprobar la fusión ya que implicaba una “situación de monopolio en el mercado postal” y la actividad se tendría que regular con precios fijados por el Estado. No obstante, el funcionario redactó un proyecto para regular este mercado, regido hasta entonces por dos decretos desreguladores, que contribuía a la concentración de la actividad. Mediante la resolución 233, de agosto de 2000, se convocó a audiencias públicas para debatir la normativa por la que el Estado exigiría a las solicitantes de licencias el pago de un derecho de dos millones y medio de pesos, un mínimo de dos mil empleados, un patrimonio neto base de 10 millones de pesos y garantía de un millón, entre otros requisitos que reunían sólo Correo y OCA. Finalmente, la renuncia de Gallo ese año truncó el avance del proyecto.
Sin embargo, la legislación postal fue un eje clave en las situaciones espejadas de Correo y OCA. La normativa postal vigente en el país es, en esencia, la misma desde 1993. Sólo hubo una reforma mínima en 1997. “Ya tenía defectos y debilidades de origen, es obsoleta y absolutamente inadecuada. Es particularmente inapropiada para un correo universal”, critica Pejacsevich. Asimismo, se refirió al intento de concentración como solución a las crisis del sector: “Ningún monopolio le iba a resolver los problemas estructurales al Correo. De todos modos, ‘desregulación’ es un concepto muy amplio, que admite grados: la que operó en materia postal en la Argentina fue, en la práctica, un virtual abandono de las funciones de ordenamiento mínimo y control por parte del Estado en la actividad”.
Ya en 1992, en un esquema que se abandonó en 1993 con el decreto 1187/93, se establecía que la aprobación de un marco regulatorio para la actividad era algo previo a cualquier decisión sobre privatización o concesión (decreto 214/92). “Lamentablemente, ese principio elemental se abandonó y se llegó a la situación de 2001”, afirma Pejacsevich.
Meses después del veto, Correo Argentino no pudo afrontar sus deudas con el Estado, originadas por no cumplir con el canon desde 1999, y OCA dejó de pagar la deuda contraída con el grupo de bancos que permitió la compra inicial de Exxel, liderado por el Deutsche Bank. “Desde que llegó Exxel, acumulamos 230 millones de dólares de deuda y no se realizó ni una inversión. Fue un desastre”, recuerda un ex directivo comercial de OCA que pide reserva de identidad. Algo similar ocurrió en Correo, cuya única inversión reconocida los dos primeros años de concesión fue la indemnización por el despido de 10 mil empleados.
En consecuencia, ambas empresas solicitaron el concurso de acreedores entre 2001 y 2002, homologado luego por la Justicia. En el caso del Correo, el proceso continúa 16 años después, y la mayor parte de sus activos fueron expropiados tras su estatización en 2003. En cambio OCA, que fue adquirida por el Grupo Advent en 2004, salió del suyo en diciembre de 2005 bajo el gerenciamiento de Jorge Irigoin, quien paradójicamente dirigió a Correo hasta su convocatoria a concurso. Además, OCA se posicionó como la principal empresa privada del sector, con un 13 por ciento de participación. Irigoin, transversal a ambas caras de la crisis postal, renunció el año siguiente y desde 2015 se desempeña como CEO del Correo Oficial de la República Argentina.
