Por J. Borobio, A. Gorziglia, C. Molouny, C. Parra y G. Perchante
El fracaso de la privatización del Correo fue pasando, al igual que una brasa caliente, de mano en mano. Así transcurrieron veinte años desde que el Grupo Sociedad Macri (SOCMA) se hizo cargo de la concesión. La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) se creó el 23 de mayo de 1972 y dos años después comenzó a funcionar como empresa del Estado. Durante la última dictadura militar (1976-1983), debido a su política de “apertura económica”, se permitió la participación de empresas privadas en la actividad de mensajería y encomiendas, aunque el servicio postal universal seguía estando en manos del Estado. Con el gobierno de Carlos Saúl Menem se creó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A (ENCOTESA), paso previo a la privatización.
Durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía en el menemismo, el Correo se encontraba “obsoleto, decaído y desactualizado”, según Ramón Baldassini, quien se desempeñó como secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones durante sesenta años (sin embargo fue cuestionado por su mismo sector cuando al ser interrogado por el fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas aseguró no recordar que ningún obrero haya desaparecido durante la última dictadura militar). Se pidió a ese Ministerio una partida de 38 millones de dólares con el fin de modernizarlo, pero el proyecto nunca se aprobó. Baldassini advierte hoy que la necesidad del gobierno de Menem de privatizar el servicio radicaba en que conseguir cosas básicas, como una simple resma de papel, tardaba demasiado debido a cuestiones burocráticas y trámites que manejaba el Estado; pero la inmediatez y la necesidad era siempre mayor a esos tiempos.
El Grupo Sociedad Macri, creado y presidido por Franco Macri, se presentó a las licitaciones de los servicios públicos dentro de la política de privatizaciones del Gobierno de Menem, pero no logró conseguir ni los teléfonos ni los ferrocarriles, que eran los más importantes. Según Baldassini, le otorgaron a SOCMA la licitación del Correo Argentino a modo de “premio consuelo” por su cercanía con el Presidente. Sin embargo, para el actual senador Federico Pinedo, que en 1997 se desempeñaba como consultor de la Secretaría de Comunicaciones, “Alfredo Yabrán (empresario vinculado al gobierno menemista) dominaba varios correos privados y tenía mucha influencia en el correo oficial, que era su principal competencia“. “Por eso, la empresa de Macri ganó la licitación pública para competir en ese mercado”, dijo a Publicable.
Decreto 265/97 que indica el traspaso a ENCOTESA by Diario Publicable on Scribd
Un requisito importante que el Grupo Macri tuvo que acatar para poder presentarse a la licitación fue el hecho de obtener asesoramiento de un correo oficial que se encuentre adherido al correo postal universal. Para eso, trabajó en conjunto con el correo inglés, cuyos encargados vinieron a la Argentina para evaluar el mercado local y fijar políticas de comercialización. De esta manera, realizaron un estudio en el que se veía una proyección a cuatro años de la empresa. A partir de este análisis económico, se acordó con el Estado pagar un canon de 102 millones de dólares por año, lo cual para Baldassini fue “un tremendo error”, pues en ese entonces el correo oficial facturaba 500 millones de dólares por año, por lo que el 20 por ciento de la facturación anual se tendría que haber destinado a pagar el canon. “Es imposible que una empresa pueda pagar ese monto y a su vez ganar dinero”, agrega el ex sindicalista. De todas maneras, SOCMA invirtió en el Correo construyendo la planta de Monte Grande en 1998 y la informatización de las oficinas.
“Se equivocaron, dijeron que podían duplicar en cuatro años lo que el Correo facturaba anualmente y eso era imposible en un país donde había una liberación total del mercado postal”, sostiene Baldassini, sin, además, tener en cuenta que un servicio público no debe ni tiene la capacidad de generar ganancia más que para poder solventar sus gastos. Así, idearon un plan de negocios que especulaba que el canon se reduciría al 10 por ciento justamente por la “alta recaudación” que esperaban tener. Esto nunca sucedió y, según Baldassini, el mismo Macri le reconoció haber estado equivocado en el cálculo.
Carta de Franco Macri a Ramón Baldassini sobre la concesión del Correo by Diario Publicable on Scribd
En 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa le exigió públicamente a Franco Macri el pago del canon, pero el empresario decidió presentarse a un concurso de acreedores. Dos años más tarde, durante la gestión de Néstor Kirchner, se decidió sacarle la concesión y reestatizar el Correo. “En 2003, por no pagar le sacamos el Correo, y a partir de ahí la deuda fue a convocatoria”, manifesta a Publicable Guillermo Moreno, secretario de Comunicaciones del 2001 al 2003, y agrega: “El objetivo de la sociedad era prestar el servicio de correo; no lo presta más, entonces la empresa debe ir a quiebra”. La compañía postal se encontraba desde 2001 en concurso preventivo (situación que se prolonga hasta hoy) y el canon adeudado rozaba los 300 millones de pesos. Desde ese momento hasta la fecha, el conflicto siguió con trámites que excedieron los tiempos habituales -90 días- por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. En 2010, se llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores pero no con el Estado, cuya homologación fue rechazada por el Juzgado Comercial N° 6 debido a la falta de conformidad del Estado.
Recién en 2016, cuando asumió la presidencia de la Nación el hijo de Franco, Mauricio, se retomó el asunto luego de que el Correo Argentino S.A. realizara una propuesta que el Estado Nacional aprobó. Implicaba una quita de más de cuatro mil millones de pesos en la actualidad, y más de 70 mil millones si se considera que la concesión era hasta 2033, según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, la fiscal general Gabriela Boquín rechazó este acuerdo entre las partes en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y lo calificó de “abusivo” al favorecer al Grupo SOCMA. Es por esto que, luego de los cuestionamientos de diversos sectores políticos y de cierto sector de la opinión pública, el Presidente le pidió al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que “todo vuelva a foja cero”.
