Por T. Aronna, S. Ezcurra y A. Fulco
“La resolución del caso demostró la debilidad de los argumentos del juez Bonadío. Es un juez que no sabe nada acerca de economía”, explica Alejandro Rúa, abogado defensor del ex integrante del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Martín Biscay, removido de su puesto en julio de este año y uno de los quince procesados por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores. Otros de los que serán llevados a juicio oral en el marco dela causa número 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República y otros por defraudacion por administracion fraudulenta” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 11 son la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Economía Axel Kicillof, así como el titular de la entidad durante 2014 y 2015, Alejandro Vanoli.
Las apreciaciones de Rúa se refieren a fragmentos concretos del auto de procesamiento escrito por Bonadio que se pueden encontrar en algunas páginas de Internet. “En economía sería aquel en el cual, en condiciones normales de mercado, la oferta iguala a la demanda; es decir, que es el punto de intersección entre las curvas de oferta y de demanda“, cita el juez en su página 47. El texto también se encuentra publicado en el sitio www.economia48.com.
Además, en una nota de opinión para el medio digital www.abogados.com.ar, el abogado Macelo Camerini -a quien Rúa considera “un profesional que no tuvo acceso a la causa ni conoce la prueba producida en el expediente”– asegura que “la cobertura o especulación perseguida con estos contratos, depende inexorablemente de afrontar la incertidumbre con la mayor probabilidad de éxito”. La misma cita puede encontrarse en la página 101 de la resolución de Bonadío.
El juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. by Flor de Sousa on Scribd
Además, el abogado defensor de Biscay agrega que “hubo presentaciones en las cuales la defensa pudo verificar que Bonadío había sacado párrafos y definiciones de economía de páginas de Internet, ya que estas le son ajenas a su capacidad de entendimiento, cortándolas y pegándolas a los efectos de dar apariencia de fundamentación a su resolución de llevar a los acusados a juicio oral y público”.
Según el auto de procesamiento “el juez Bonadío resolvió rechazar los pedidos de sobreseimiento y las oposiciones de elevación a juicio por parte”, que fueron presentados por los abogados defensores de los acusados Alejandro Formento, German Feldmanm, Miguel Angel Pesce, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David Rene Jacoby, Barbara Damatto Conti, Mariano Beltrani y Juan Miguel Cuattromo” debido a que “la instrucción se encuentra incompleta”
Rúa habla acerca del pedido de apartamiento del juez Claudio Bonadío de la causa que realizaron Cristina y Biscay a principios de este año, explicando que “ha tenido tratamiento en las distintas instancias, pero han decidido mantenerlo como juez del caso hasta el final de su rol con la elevación del caso a juicio. A partir de ahora el Tribunal Oral Número 1 se va a encargar de determinar si su instrucción fue analizada y realizada correctamente”.
Por su parte, Elena Carubín, abogada de defensora de Sebastián Andrés Aguilera, ex director del BCRA hasta el año pasado, prefiere no ahondar sobre el accionar del juez, pero expresó que luego de cumplirse toda la etapa de instrucción y elevar el juicio, “la única salvedad que existe para una eventual desestimación sería que ocurriera alguna de las circunstancias que prevé el artículo 361 del Código Penal Procesal, es decir, que apareciera una nueva prueba o causa que determinara la extinción de la acción penal y se dictara el sobreseimiento”.
Para finalizar, Rúa se manifiesta seguro de que “la causa va a ser desestimada y van a ser todos absueltos en el juicio” y que “salvo que haya un planteo, que en principio no se prevé, iremos a un juicio y se demostrará la inocencia y desvinculación de cualquier maniobra delictiva”.
La fecha del juicio, que se estima para principios de 2018, será notificada una vez que termine el plazo para ofrecer las pruebas, que deben ser evaluadas y aprobadas por el Tribunal.
