Nazarena Lomagno
Aunque la influencia de la política en los medios masivos de comunicación no sea novedosa, en la segunda mitad del año estuvo nuevamente en el centro del debate ante el despido de reconocidos periodistas, el cierre de la Agencia DYN, el debilitamiento de grandes medios y los cruces en la 30ª edición de los Premios Martín Fierro a la televisión por cable.
La intensa división política, acentuada en 2015 con la asunción del presidente Mauricio Macri tras doce años de kirchnerismo, y bautizada culturalmente como “la grieta”, parece unirse en un punto: no es un buen momento para el periodismo. Según Dondero, 1500 trabajadores en Capital y 3 mil a nivel nacional, entre camarógrafos, productores y periodistas, se han quedado en la calle en el transcurso de este 2017, tanto por despidos directos como por jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
Dondero y Latrille afirman que los despidos se dan gracias a un Estado neoliberal. Un modelo a seguir por sectores privados que manejan medios con una lógica empresarial y no por amor al ejercicio periodístico puro. “Es el caso de DyN: su cierre responde a la ola de despidos que empezó en el Estado y ahora sigue. Yo creo que es parte de lo que sucede cuando a los dueños de los medios ni siquiera les interesa el periodismo, sólo hacer negocios. Cuando no funciona, se van y dejan esos medios vaciados, adeudando los salarios a los trabajadores”, opina Latrille.
"A Cambiemos no le interesa la pluralidad de voces; por lo tanto, no sólo achica la pauta oficial sino que la direcciona”, dice Dondero.
Sus dichos responden al cese de la agencia perteneciente al diario Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán, que dejó a 100 periodistas sin trabajo el 6 de noviembre último. “Son empresarios con poca ética y moral que obran de acuerdo con los lineamientos que tengan -o no- con el gobierno de turno. Es cada vez más evidente y lamentable”, agregó en coincidencia con Dondero, quien ve en el cierre causas políticas y no económicas.
La frase de Latrille echa luz sobre los ejes centrales: ¿qué libertades maneja el Estado dentro de los medios de comunicación?, ¿cuándo excede el límite? La distribución de la pauta oficial responde inicialmente a esto. Si figura como principal ingreso y se reduce, el medio recorta personal o, en el peor de los casos, quiebra. Si así sucede, el intercambio de visiones disminuiría, en una suerte de provocación al ejercicio de la democracia.
No sorprende que el gobierno de Cambiemos haya otorgado a su aliado mediático más importante, el Grupo Clarín, 143.797.764 de los 800 millones de pesos del presupuesto del primer semestre para la pauta oficial, según un informe presentado en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. “A Cambiemos no le interesa la pluralidad de voces; por lo tanto, no sólo achica la pauta oficial sino que la direcciona, lo cual lleva a que Clarín reciba el 20 por ciento del total y el Grupo Octubre, prácticamente nada”, comenta el secretario de SiPreBa.
El periodista Roberto Navarro fue despedido de C5N en septiembre
Sin embargo, la distribución de la gestión anterior, liderada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mostró no ser más equitativa privilegiando al Grupo Veintitrés con 151.447.819 pesos de enero a junio. Mucho menos por un despilfarro entre 2003 y 2015 que llegó a 6578,9 millones de pesos, según la Jefatura de Gabinete.
Por más que cada gobierno juegue sus mejores cartas al medio afín, el despido de C5N de dos referentes directos de la oposición como son los periodistas Roberto Navarro (el 19 de septiembre) y Víctor Hugo Morales (el 17 de noviembre) da a pensar que Cambiemos cruzó la línea. “Está claro que la política de este gobierno ha llevado a un achicamiento de voces. Lo que pasa con C5N es un apriete económico a un grupo que evidentemente está fuera de contexto legal”, dice Dondero.
Su opinión deriva de la complicada situación que atraviesa el Grupo Indalo, del que la emisora C5N forma parte. El conglomerado perteneciente al empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa tuvo su auge durante el kirchnerismo pero ahora debe más de 10 mil millones de pesos en impuestos a la AFIP. “Son los medios alternativos los que dan una batalla para que la información veraz de alguna manera surja por algún lado”, agrega Latrille.
