Por Ernesto Migone

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, denunció que el Inventario Nacional de Glaciares (ING) no cumple con la Ley de Preservación de Glaciares por estar incompleto, dado que no tiene en cuenta las masas de hielo menores a una hectárea de superficie.

“El ING está correcto pero no está terminado. La ley es clara. Son objeto de protección todos los glaciares cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. No se trata de un problema de interpretación ni de definición científica”, explicó.

El año pasado, el gobierno nacional hizo público el ING, que registra la cantidad y la superficie que cubren los glaciares en nuestro país. Su objetivo es la preservación y el manejo de los recursos hídricos en estado sólido.

El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, sostiene que el inventario está finalizado y que “cuenta con la información completa y necesaria para la adecuada salvaguarda, control y monitoreo de los reservas estratégicas de agua”.

También desde Greenpeace critican el Inventario. Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares, argumenta que “la publicación del inventario no sólo no incluye a los pequeños glaciares sino que llega con años de demora, lo cual es una violación a la ley”. El ambientalista asegura que “no se quiere contemplar los glaciares de menos de una hectárea porque inviabilizaría inversiones mineras y habría más de 40 proyectos que no podrían habilitarse”. Este escenario podría cambiar tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró constitucional la Ley de Glaciares.

La demora en la realización del ING llevó a que el juez Sebastián Casanello procesara en la causa por los derrames de la minera Barrick Gold en Veladero, ocurridos en septiembre de 2015, a los ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por “no relevar ni inventariar con la amplitud y urgencia requeridas” por lo que “no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares”.

Tanto Viale como Strano exigen que se cumpla con la ley tal como está aprobada y alertan sobre el intento, por parte de las empresas mineras, de su modificación para flexibilizar las normativas de resguardo ambiental.