Por Cintia Agüero
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las cifras de femicidios en la Argentina siguen siendo alarmantes. Según el Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2019 se contabilizaron 178 femicidios. El 17% de las mujeres había denunciado a su agresor. El informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven arrojó que al 30 de octubre de este año se registraron 275. En 2018, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia argentina informó que el número fue de 278. Todo indica que las cifras no bajaron, tal como dijo hace un tiempo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que crece y es por eso que cada vez son más los familiares que reclaman justicia y la presencia del Estado.
Atravesados por el Femicidio. No hay palabras que describan mejor a los familiares de las víctimas de femicidio. Sus vidas cambiaron rotundamente cuando un femicida les arrebató a su mamá, hija o hermana. Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann, abusada y asesinada en 2001 en Miramar por un grupo de policías, dice: “Los familiares de las víctimas hemos atravesado y vivido lo que es la pérdida de un ser querido. Hemos atravesado procesos judiciales, hemos visto cómo la Justicia nos maltrata y cómo se maltrata a la víctima. Lo que no queremos perder es la lucha por el castigo social y el reclamo de justicia”.
Comenzaron a agruparse en 2016. Manuel Iglesias, hermano de Laura Iglesias, una trabajadora social que fue violada y estrangulada en 2013 en Miramar, cuenta que se reunieron por una política de género y no partidaria. No reciben ayuda ni fondos del Estado ni de ninguna otra organización. Todo es a pulmón. Son sólo ellos, familiares que se organizaron para guiar y contener, porque cuando hay un femicidio el Estado está ausente, entonces están ellos.
“No le gusta que la maltraten, no le gusta estar alejada de su gente, no la dejes sola porque cuando la dejaste sola, ganó el violento”, es el mensaje que deja en cada charla sobre violencia de género Marcela Morera, mamá de Julieta Mena, una joven de 22 años, que estaba embarazada, a quien su pareja, Marcos Mansilla, mató a golpes en octubre de 2015.
Gabriel Ávalos dice que nunca va a volver a ser la persona que era antes del femicidio de su mamá. Es el hijo mayor de Inmaculada Concepción Núñez, asesinada en 2017 en Lomas de Zamora. Tras el femicidio de su madre, Gabriel se hizo cargo de sus cuatro hermanos, de su abuela y de su casa. Pasó de trabajar y poder pagarse una salida con amigos a pagar los servicios, la comida y llevar adelante un hogar. Tiene dos hermanos de 14 y 16 años que no pueden acceder al cobro establecido por la Ley Brisa, la reparación económica prevista para niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de femicidio, porque en la causa de su madre no hay ningún procesado. “La ley está implementada, con burocracia, pero está, pero para mí es inalcanzable, es el derecho de mi hermanos y no pueden acceder a él. Sé que no me va cambiar la vida porque a mí a mamá ya no la tenemos pero sí me va a ayudar a estar más tranquilo económicamente”, dice Gabriel.
Con respecto a la Ley Brisa, no hay estadísticas oficiales respecto de cuántos chicos y chicas la estarían cobrando. Desde Atravesados por el Femicidio dicen que sólo serían 170. “El objetivo es cansarte. La vez pasada nos decían que tuviéramos paciencia, que ya íbamos a cobrar. No podemos decirles a los chicos que tengan paciencia, que ya van a poder comer”, dice Marcela Morera.
Pero no sólo siguen luchando por justicia y por una aplicación con menos burocracia de la Ley Brisa sino que ellos quieren una presencia del Estado más concreta.
A Florencia Albornoz la mató el policía Miguel Ángel Manzo en 2010. Antes de asesinarla, le dijo a su pequeña hija que iba a matar a su mamá. El relato de Fernanda Albornoz, hermana de Florencia, da cuenta de la ausencia total del Estado en este caso: “Cuando asesinaron a mi hermana no sabíamos para dónde movernos. Una amiga de mi mamá de la iglesia nos recomendó un abogado y él nos guió. Lo más difícil fue hablar con los nenes”. No contaron con abogados del Estado ni con asistencia psicológica. Hoy, los dos hijos de Florencia acceden a la reparación económica. Fernanda agrega: “Los familiares queremos una cobertura integral de salud, para todos, no sólo para hijos, que nos acompañen en procesos judiciales y también la ayuda económica, porque el Estado no protegió, en mi caso, a mi hermana”. Con Fernanda coinciden la mayoría de los familiares de víctimas de femicidio: el Estado no supo proteger a las mujeres que sufrían violencia de género y hoy ya no están. Quedan sus padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas desamparados.
“El Estado no nos escucha, hay familiares que no podemos salir a la calle, los hermanos se suicidan, mueren familiares, los mismos padres, niños que quedan huérfanos, esa es la asistencia que pedimos, el Estado nos sigue dejando solos, parece que no se dan cuenta de lo que es un femicidio”, concluye Gustavo Melmann.
Colaboraron Celeste Aguilar y Noelia Roldán
