Por T. Glimberg, M. Alaniz y C. Niñe
La industria audiovisual se vio obligada a detener todas sus actividades a causa del aislamiento social y preventivo decretado por el presidente Alberto Fernández a raíz de la pandemia. Esto se tradujo en la cancelación o postergación de rodajes y estrenos, además de pérdidas de subsidios y una caída del empleo que afecta tanto a las productoras grandes como a las más chicas.
“La pandemia se suma a que venimos de varios años de contracción del apoyo estatal, falta de financiamiento y constante devaluación”, comenta Juan Maristany, productor del documental “El silencio es un cuerpo que cae” y uno de los miles de trabajadores de la industria sumidos en la incertidumbre sobre cuándo volverán las actividades.
Lucía Vasallo, directora del documental “Línea 137”, concuerda con la gravedad de un panorama que incluye a “compañeros y compañeras en situaciones económicas complicadas porque viven con el día a día”. La pandemia y la consecuente cuarentena solo evidencian la precariedad que es moneda corriente dentro de una industria en la que unos pocos pueden mantenerse a flote.
El cierre de salas también ha golpeado de cerca al INCAA, el ente público dependiente del Ministerio de Cultura que regula, fomenta y financia la actividad cinematográfica desde 1958 en el país. Más de la mitad de sus ingresos están compuestos por el 10% de cada entrada de cine, el 10% del precio de venta de videogramas grabados, como DVD, y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que incluye canales de televisión y servicios de cable.
Sin cines no se puede recaudar el 10% de las entradas. Y sin ese dinero muchos proyectos quedarán sin posibilidad de financiamiento. “Estamos evaluando el impacto de estos sucesos sobre los ingresos al Fondo de Fomento Cinematográfico y las consecuencias sobre la capacidad financiera del Instituto durante el año en curso”, comunicó el INCAA en una carta publicada el 24 de marzo. En su web se registran las primera bajas de audiencia a partir del jueves 5 marzo, dos días después del primer caso de coronavirus en la Argentina. El cierre de salas se produjo el 18 de marzo.
El 18 de abril, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA-APMA) publicó en su página de Facebook que suscribió un acuerdo con el INCAA por el cual el Instituto continuará aportando al sindicato para mantener las obras sociales, aunque en principio solo será hasta julio.
Sin embargo, los trabajadores consideran que las medidas tomadas no son suficientes. “No estamos ganando dinero y no lo vamos a ganar por mucho tiempo”, dice Vasallo. “El INCAA, como organismo estatal específico de lo audiovisual, debería abocarse fuertemente a explorar medidas posibles en colaboración con otros ministerios u organismos del Estado”, sugiere el productor.
En el pasado, las películas debían estrenarse en cinco salas comerciales para aportar al financiamiento del INCAA y cobrar el subsidio otorgado para su producción. Frente a esto, el Instituto abrió la posibilidad de estrenar Cine.ar Play para su consumo gratuito durante la primera semana. Pero esta “solución” presentó un nuevo problema: “No está bien que la primera semana, que es cuando la mayor cantidad de público la ve, sea absolutamente gratis”, opina la directora de “Línea 137”, y agrega que fue una medida tomada unilateralmente, sin consulta previa.
En diálogo con Télam, Guido Valerga, secretario general del SICA, estimó que se perderán cuatro mil puestos de trabajo por la cuarentena. Lucía explicó: “Somos todos autónomos, en muchos casos también pagamos el monotributo, y el no saber cuándo se va a reactivar nuestro trabajo nos genera una incertidumbre enorme”. Gestionar el seguro por desempleo es realmente complicado para el sindicato en este contexto. “Hay gente que puede acceder al beneficio, pero está colapsado. Estamos intentando articular con el Ministerio, el Instituto y las cámaras para que esa plata aparezca. Al seguro de desempleo no todo el mundo accede“, completó, antes de asegurar que “hay productores que ofrecen plata por la renuncia, no hay sensibilidad“.
Esta situación quedó evidenciada en el comunicado que el SICA-APMA publicó en su Facebook: “Los mismos productores que nos reclaman que cuidemos el sector no cuidan ni respetan a las trabajadoras y trabajadores que contratan, y además tienen deudas de aportes con la obra social, desfinanciándola y poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias”. A su vez, según Télam, “a la obra social, que le brinda salud al 80 por ciento de las trabajadoras y trabajadores de la industria audiovisual, los productores le deben cuatro millones de pesos por películas que fueron producidas en los últimos tres años”.
