Por M. Arcapalo, B. López Feldmann, M. Buscema, M. Biñones, T. Bulla y F. Paulucci
Los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza constituyen el caso más grave de pedofilia que involucra a integrantes de la Iglesia Católica en la Argentina. Cuatro condenas, dos de ellas de más de cuarenta años de cárcel a dos sacerdotes, y un segundo juicio por denuncias de complicidad contra nueve mujeres –entre ellas dos monjas– confirman la magnitud y el horror de lo ocurrido.
LAS PRIMERAS DENUNCIAS
Las denuncias comenzaron en noviembre de 2016, durante un acto por el Día de las Infancias. Una joven se acercó a la senadora provincial Daniela García y denunció lo que ocurría. Para poder expresar su verdad tuvo que ser asistida por sus dificultades para comunicarse por medio del habla. El abogado Sergio Salinas recordó que el Xumek, un organismo de derechos humanos del que forma parte, y la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad fueron los que impulsaron la acción penal.
El primer imputado en romper el silencio fue el ex monaguillo Jorge Bordón, quien se declaró culpable de los once delitos que se le imputaban y fue condenado a diez años de prisión en un juicio abreviado. “Esto reafirmó no solo la veracidad de los testimonios de las víctimas, sino también la culpabilidad de los otros acusados”, señala Salinas, uno de los querellantes en la causa. Las denuncias del Xumek implicaron también a la “comisión especial” enviada por el Vaticano para realizar una “investigación paralela” de la que “nunca se conocieron los resultados porque se mantuvieron en secreto”, denunció el Xumek en un informe al que tuvo acceso Diario Publicable. La Iglesia se amparó en un concordato firmado por la Argentina y el Vaticano en 1966, año en el que se instauró en el país la dictadura de Juan Carlos Onganía. Por su parte, el Arzobispado de Mendoza se limitó a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familias.
LOS JUICIOS
El primer juicio oral comenzó en agosto de 2019. El 25 de noviembre de ese año, el obispo italiano Nicola Corradi fue condenado a 42 años de cárcel, el sacerdote Horacio Corbacho recibió una pena de 45 años y el jardinero Armando Gómez, una sentencia a 18 años. En el juicio se comprobó que fueron más de doscientas las víctimas que concurrían al Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, Mendoza.
El segundo juicio oral, que comenzó en 2021, avanza a ritmo lento y los familiares de las víctimas temen que quede en la nada. Este nuevo proceso tiene a nueve mujeres imputadas por estar involucradas en los abusos. Las acusaciones pesan sobre las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la representante legal del instituto Graciela Pascual, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las ex directoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán. Son acusadas de ser “partícipes necesarias” de las violaciones ocurridas en el Próvolo. Los abusos fueron cometidos contra niños que, en algunos casos, tenían solo cuatro años y por sus discapacidades no podían expresar lo que pasaba.
Las denuncias en la Argentina determinaron que los abusos cometidos por Corradi y sus cómplices se prolongaron por siete décadas en Verona, en la filial La Plata del Próvolo –esta causa fue cerrada sin condenas– y en Mendoza. El Vaticano nunca hizo una declaración pública sobre los hechos. Recién en 2017 ordenó una investigación, cuyos resultados nunca informó.
Durante el primer juicio, quedó en evidencia que la Iglesia Católica persiguió a periodistas y abogados defensores de las víctimas revisando las publicaciones de las actividades que realizaban en las redes sociales. Los abogados de la Iglesia solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes brindar información sobre lo que sucedía dentro de la sala de debate.
A 16 años de la primera denuncia, los familiares de las víctimas temen la posibilidad de una resolución de la Justicia que deje impunes a las mujeres involucradas en el segundo juicio oral. “No queremos que el caso Próvolo, que ya tiene una condena por abusos sexuales confirmada por la Corte, quede impune”, declaró el padre de una de las víctimas.
EL SILENCIO DEL VATICANO
En 2020, representantes del Xumek y víctimas del Próvolo viajaron a Europa para denunciar ante los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el encubrimiento de los delitos sexuales por parte de la jerarquía eclesiástica. La respuesta de la Santa Sede solo se limitó a “comprometerse a evitar nuevas situaciones de abuso en el futuro”, dijo el Xumek en uno de sus informes.
Los abogados y familiares solicitaron una entrevista con Jorge Bergoglio, pero la respuesta oficial fue que podían reunirse con “alguien cercano al Papa” sin abogados presentes. El pedido y la respuesta fue por mail. Los familiares, por la misma vía, expresaron que “el papa Francisco es la única autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar íntegramente a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes”.
El email oficial con la negativa del Pontífice a dialogar con las víctimas y sus abogados fue aportado a la causa mendocina por encubrimiento. El caso tuvo tal gravedad que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó explicaciones al Vaticano por los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Lucas Lecour, presidente del Xumek, asegura que se trata de un pedido “inédito” porque “nunca Naciones Unidas había intimado a la Santa Sede con los temas de abuso sexual eclesiástico”.
“Se le dio un plazo de sesenta días para que conteste sobre una serie de cuestiones que le pide al Vaticano el alto comisionado de Naciones Unidas con el objeto de modificar prácticas y normativas, que haga un pedido de disculpas a las víctimas, que garantice la reparación integral de ellas, que informe sobre los casos de abuso sexual y las medidas que han tomado en los casos de abuso sexual”, detalla.
El Vaticano “no necesariamente tiene que contestar”, pero por lo general los Estados que forman parte de una organización internacional como la ONU “se someten voluntariamente” ante una resolución del organismo. Nada se sabe, todavía, de la respuesta de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
