Por Juan Cobián
“Estamos viviendo una crisis del capitalismo muy grande y la gente se está dando cuenta de que este sistema ya no se sostiene”, dice contundente Carolina Holzmann, una de las fundadoras de Tierra Sublevada, movimiento socioambiental que surge desde el Partido Comunista Revolucionario y que está radicado en Bahía Blanca, una de las ciudades con las tasas más altas de enfermedades vinculadas con la contaminación: cáncer, asma, malformaciones y retrasos madurativos.
Hace más de dos años inició este proyecto junto con sus compañeros del sector juvenil de la agrupación y cada vez están creciendo más. “A pesar de estar dentro de un partido político, es un frente muy amplio en el cual buscamos incluir a todos los jóvenes interesados en la problemática, no solo a los militantes. El ambientalismo es muy transversal, entonces hay una gran variedad de temas que se tratan, desde el cambio climático hasta que a alguno de los chicos le molesta que se tiren colillas de cigarros en la calle”, explica.
―¿Cómo se articulan las luchas comunistas y ambientalistas dentro del partido?
―Se relacionan completamente. Antes de empezar a militar no quería meterme en ningún partido político, porque me parecía que no había ninguno que no tuviese que acordar en algún momento con algún tipo de extractivismo o injusticia. Pero dentro del PCR no lo vi. Empecé a investigar sobre cómo se militaba antes y si se acompañaba la lucha y en cada lugar donde busqué estaba el partido. En Mendoza con el tema del agua, en Jujuy con el litio, en Chaco con la deforestación y en otros lugares había una bandera de ellos. Ahí me di cuenta de que es una organización profundamente ambientalista pero todavía no lo sabían. Tuve que pelear mucho desde adentro después de afiliarme, porque está instalado que este es un “problema de chetos”, pero logramos encauzarlo y a partir de ahí crecimos y nos enriquecimos un montón.
―El gasoducto Néstor Kirchner, una de las obras más grandes de los últimos años, está próximo a inaugurarse. ¿Es un buen paso adelante en la política ambiental argentina para lograr la soberanía energética del país?
―Hay una discusión importante alrededor del gasoducto dentro del partido, porque si bien es un buen desarrollo económico para el país, hay un montón de comunidades costeras que se pronuncian en contra debido a que está avanzando sobre muchos pueblos. Existe una cierta contradicción porque se mezclan dos cosas que nosotros defendemos: la soberanía energética y la de los pueblos originarios. Puede ser un avance grande en comparación con lo que se hizo en los últimos años que fue pésimo, no se hizo casi nada. El gobierno de Macri construyó muchos parques eólicos, de hecho en la zona hay varios, pero son todos privados, producen solo para sus amigos. Ahora con la sequía, los subsidios no van para los pequeños productores que la sufren de verdad, sino para los terratenientes, que lloran todo el año porque tienen que abastecer el campo y exportar para ganar retenciones, que es de lo que vive este país. Tener al FMI metido en todos los asuntos de nuestra vida y a una gran cantidad de empresas extranjeras con el monopolio de la producción y las ganancias hace casi imposible tomar alguna política justa. Nosotros tenemos que pagar esa deuda, que es completamente fraudulenta, con dólares que te dan el litio, la pesca, la soja y el petróleo, de los cuales nos quedamos con una muy pequeña parte, que es el “peaje” que les cobramos a las empresas que están instaladas acá, que son las que se llevan la gran parte. Esto es lo que hace que se dé esta serie de leyes entreguistas de los recursos, como la de Morales en Jujuy o la que se quiso sancionar en Chubut de megaminería.
―Según un informe del Conicet realizado en 2022, Bahía Blanca es una de las ciudades más vulnerables del país en cuanto a lo ambiental. ¿Cómo afectan estas condiciones a los bahienses?
―Esta ciudad nació dedicándose a la pesca y al ferrocarril, que luego desapareció debido a las privatizaciones de Menem. Después pasó a ser el segundo puerto más importante de la Argentina y a tener el polo industrial petroquímico más grande del país, que es lo que trajo una contaminación enorme a la ciudad por la cantidad de tóxicos que se emiten en el aire y los desechos que van todos a la ría. Eso hizo que mucha gente se quedara sin laburo, porque los pescadores no quieren llevar a la mesa los pescados con altos niveles de metal, trajo una difusión tremenda de enfermedades y también un gasto energético impresionante que podría evitarse si usáramos los recursos de otra manera.
―La ría de Bahía Blanca es la mayor preocupación ambiental de la ciudad y hay una causa abierta en la Justicia para su limpieza. ¿En qué punto se encuentra el proceso judicial?
―El año pasado la Justicia determinó que las empresas tenían que hacerse cargo tras más de doce años de lucha por parte de los pescadores y todavía no hay avances. Prefieren pagar la multa, que es de apenas 20 millones de pesos entre todas las que operan en la zona, a cambiar la forma de producir porque no les conviene, lo que les cobran es lo que ellos ganan en un día de trabajo. Nosotros no queremos que el polo deje de existir, porque al país le genera plata y a las personas trabajo, pero mínimamente tendríamos que recuperar la soberanía sobre él para poder decidir por nuestra cuenta cuánto y para quién vamos a producir, porque además casi nada de lo que se hace acá se queda, prácticamente todo se exporta. Si estuviera en nuestras manos, contaminaríamos mucho menos y los beneficios serían para nuestro pueblo.
