Por Agustina Gesto Rothar 

El gobierno de Javier Milei intensificó los despidos masivos en el sector público luego de la aprobación de la Ley Bases. Manuel Adorni, vocero presidencial, calificó la medida como una “barrida y limpieza” en la administración estatal. Entre los más afectados se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el exMinisterio de las Mujeres, Género y Diversidad, el Hospital Posadas, el Incaa y el exMinisterio de Desarrollo Social, entre otros.

Agustina Panisa, secretaria general de ATE Nacional, estima que los despidos son aproximadamente dos mil hasta el momento y que se esperan más para el lunes. A su vez anunció protestas y asambleas en las puertas de los diferentes organismos afectados el próximo martes en respuesta a las cesantías. Estas medidas del gobierno coinciden con el vencimiento de los contratos que habían sido renovados a fines de marzo y vencían el 30 de junio.

Las notificaciones a los trabajadores comenzaron a llegar pasadas las 18 del 27 de junio, día de las y los trabajadores estatales. Las formas de informar los despidos varió en cada situación, en algunos casos fue vía mail, en otros por medio de listados o mensajes de WhatsApp. No hubo formalidad mediante telegramas. “Todo es bastante irregular, lo cual habla también de un desconocimiento de la normativa, de una brutalidad y de una crueldad muy grande porque la forma también en la que los compañeros se enteran que pierden el trabajo habla de la perversión que tiene este gobierno”, afirma Panisa. 

En el caso del exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad se habla de un 80 por ciento del personal desvinculado (alrededor de 275 familias), lo que afecta a programas cruciales como la Línea 144 y el Programa Travesti Trans. Es importante destacar que dentro de los damnificados también hay gente del cupo trans, situación que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, había acordado que no ocurriría en una negación con ATE hace aproximadamente dos semanas. 

En el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos sufrió también una reducción masiva de personal, que afecta a los Sitios de Memoria y los espacios de promoción de derechos humanos

“No tiene un criterio lógico los despidos, es simplemente ir vaciando el Estado pero no en todas las áreas, únicamente en las que garantizan derechos y atención a la población más vulnerable. Por su parte el Gobierno sigue nombrando funcionarios y en cuanto a todo lo que es la política más dura de represión y seguridad, se sigue incrementando”, destaca la secretaria general de ATE Nacional.

Desde ATE se llevará a cabo el martes por la tarde un plenario de delegados y delegadas generales del Estado Nacional para poder discutir un plan de acción. “Entendemos que esta es una lucha que hay que continuar de manera muy contundente y rápida”, resalta Agustina Panisa. 

Edición: Alejandra Clavijo