Por Juan Mango
Según los datos oficiales, el Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de 2.332.205 de pesos y un superávit financiero de 1.183.571. Entre enero y ese mes, los gastos primarios cayeron un 30,8% en términos reales respecto al mismo período de 2023.
Este ajuste se reflejó principalmente en jubilaciones y pensiones, con estas últimas como las que más contribuyeron al superávit. Las partidas jubilatorias disminuyeron un 29,2% en términos interanuales en los primeros cinco meses del año, representando el 31% del ahorro total del gobierno.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destacó que la moderación en la caída de los gastos, especialmente en prestaciones sociales, se debe a una nueva fórmula de movilidad vinculada a la inflación que contribuyó a atenuar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes. Con estos datos, el Gobierno cierra los primeros cinco meses del año con un superávit primario acumulado de 5.947.053 de pesos y uno financiero de 2.334.138.
“Es importante que se les dé la oportunidad a las personas de completar sus años de aportes, llámese moratorias o planes de pago. Reformar el sistema es importante, pero no para quitarles derechos sino para que puedan tener un haber y una cobertura médica. Las moratorias no son la solución, pero ayudan“, afirma la exdiputada Mirta Tundis. Para la especialista en cuestiones previsionales, “lo realmente importante sería que los empleadores realicen los aportes de sus trabajadores, que paguen la totalidad de los sueldos sin sobres en negro ni montos no remunerativos, y que el Estado cumpla con la función de controlar que esos empleadores cumplan”.
Por su parte, el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, califica la situación de las jubilaciones y pensiones en la Argentina como “preocupante“. “Hay siete millones y medio de jubilados y pensionados con haberes completamente licuados. De ellos, cinco millones están cobrando 207 mil pesos y un bono discrecional, mecanismo fijado de manera arbitraria por el ministro de Economía de turno hace un año y siete meses. Es un disparate que el Estado pague sumas no remunerativas, es decir, en negro, porque deja a quienes ingresan al sistema en una situación de hambre”, concluye.
Edición: Joaquín Benítez Demark y Victoria Belén Rodríguez
