Por Ines Yawien y Abril Lamia
Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto para eliminar una unidad clave para la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). De concretarse lo que anuncia el comunicado, sería otra de las medidas contra las políticas públicas de memoria y derechos humanos. “Este accionar apunta directamente a darles impunidad a las y los apropiadores y genocidas e impedir la recuperación de todos los nietos apropiados”, aseguró el abogado Pablo Llonto.
LAS FUNCIONES DE LA UEI
La Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI) de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) fue creada en 2004. Su función es investigar casos de nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial, con la idea de garantizar el derecho a la identidad y la verdad. “La UEI se encarga de examinar los casos, realizar averiguaciones preliminares y presentar ante la Justicia los que tienen factibilidad de ser viables para hallar a un apropiado o apropiada. Sacarla es un golpe muy duro, entorpecerá y dificultará mucho el accionar de la Justicia. Es realmente atarle las manos”, dijo Llonto. En esa línea, las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la eliminación de la UEI “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas, resultando en un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la Justicia y un gasto adicional para el Estado”.
La UEI asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran causas improcedentes. Abuelas cuenta con alrededor de siete mil denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la Unidad Especial de Investigación, deberían presentarse ante los tribunales federales o la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante) con las siete mil denuncias, lo que resulta ineficaz e inviable.
“EL GASTO ESTATAL SERÁ MAYOR”
“Las Abuelas están diciendo que si no lo hacen por las buenas, tendrá que ser por las malas; lo que quiere decir que se recurrirá a la Justicia para investigar y el gasto para el Estado será mucho mayor. De todas formas, no creo que eso le interese a este gobierno, sino borrar de la faz de la Tierra todo lo que sea el movimiento de derechos humanos”, aseguró el periodista Luis Bruschtein, familiar de desaparecidos. “De alguna manera, el Estado reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Como responsable de estos delitos, tiene que colaborar con la Justicia”, agregó.
Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la Conadep. Son dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que cumplen roles de asistencia. “La motivación es frenar las políticas estatales de memoria, justicia y castigo. Podrán hacerlo a nivel público, pero hay precedentes que van más allá de los deseos de este gobierno. Más que negacionista, es un gobierno que respalda las dictaduras, o por lo menos las justifica y apoya. La demostración es la figura de su vicepresidenta”, dijo Bruschtein.
Durante el debate en comisiones de la Ley Bases, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, pidió que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) forme parte de los organismos excluidos de ser eliminados por el presidente Javier Milei, en caso de que el Congreso le otorgara facultades especiales para disolver organismos creados por ley. Finalmente, el BNDG fue incluido en el Senado dentro del listado de organismos que no podían ser modificados ni eliminados por el Ejecutivo una vez aprobada la normativa. Un proyecto que disuelva la UEI significa una obstáculo en la restitución de identidad de los casi trescientos nietos y nietas que son buscados desde hace 47 años.
“Un decreto que elimine la UEI favorece el delito de la apropiación de cientos de bebés y niños secuestrados en la dictadura, y por supuesto es una idea diabólica de este gobierno para entorpecer el accionar de la Justicia“, aseguró Llonto. En tanto, Bruschetin afirmó: “La historia en este país demuestra que si hay algo enraizado en esta sociedad, que tiene un nivel de combatividad y resiliencia importante, es el movimiento de los derechos humanos. Será un retroceso circunstancial que no va a borrar ni el impulso de esta lucha ni el desarrollo de la tarea de la recuperación de los hijos de los desaparecidos a los que les quitaron su identidad”.
