Por Catalina Arano, León Dubcovsky y Malena Loria

Luego de que la Cámara de Diputados ratificara el miércoles pasado el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes iniciaron tomas de rectorías en distintas instituciones educativas mientras que las asociaciones de docentes y no docentes se organizaron para convocar un paro universitario a nivel nacional.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, manifestó su rechazo categórico a la decisión del gobierno y anunció un paro nacional programado para el 17 de octubre. Además, se llevará a cabo una semana de movilizaciones a partir del 21 de octubre, en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario.

Cristina Caamaño, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, afirmó: “Este gobierno ve a la educación como un gasto porque no le interesa que el pueblo estudie. Le importa que haya universidades y escuelas privadas, donde pueda ir la elite, la casta que ellos defienden. No les interesa gastar en la ciencia y la técnica porque esas cosas las compran afuera. No van a invertir en algo que es un derecho, una obligación del Estado y de los ciudadanos poder estudiar”.

La demanda salarial se mantiene como uno de los puntos clave en la discusión del Presupuesto 2025. Hasta el momento, el Gobierno nacional implementó aumentos de forma unilateral, sin llegar a acuerdos con los sindicatos. En su comunicado, los gremios exigen “una paritaria que reconozca la particularidad de los trabajadores y trabajadoras universitarios y que proponga una solución a la grave crisis salarial”.

La decana de la Facultad de Agronomía de la UBA, Adriana Rodríguez, contó que en el último tiempo treinta docentes abandonaron su puesto por trabajos en universidades del exterior o privadas. Al igual que en FAUBA, muchas universidades atraviesan esta situación de desactualización salarial, debido a que el 70 por ciento de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza.

Para el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, lo que pasa es que “para este gobierno la única prioridad es lograr el déficit cero sin importar el costo social. Hoy, hay docentes que están renunciando, investigaciones que quedan sin financiamiento y programas de extensión que no se logran realizar. Cuando uno apuesta a la educación apuesta a qué futuro del país quiere, porque lo que se forma en la universidad es el recurso humano que va a ser parte del país del día de mañana”.

“Al fin y al cabo –concluyó Cagnacci–, la Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la voluntad expresa de los ciudadanos, y en la Cámara de Senadores, que es la voluntad de las provincias, y aún así el Presidente decidió vetarla.”