Por Gabriela Stancato
Los habitantes de la provincia española de Valencia se están manifestando esta tarde contra la gestión de las consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que el martes pasado afectó a 80 municipios de la provincia de Valencia y causó 215 fallecidos y centenares de desaparecidos. Cerca de 40 entidades civiles, sociales y sindicales convocaron a la marcha para exigir responsabilidades políticas a Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana. De allí que el lema de la movilización sea “Mazón dimisión”.
Los manifestantes piden la renuncia de Mazón por la gestión deficiente que afectó especialmente a las regiones de L’Horta Sud, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, L’Horta Sud y El Camp del Turia, a algunos municipios de la Ribera Baja y Los Serranos y a tres barrios de la ciudad de Valencia, según un informe de la Cámara de Valencia.
Hace unas horas, Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, declaró que no es el momento de evaluar las responsabilidades sobre la gestión del presidente de la Generalidad. Durante un acto de su partido en Ferrol, señaló que el máximo responsable del gobierno autonómico está liderando la salida de esta situación y subrayó que es momento de trabajar juntos para recuperar las áreas afectadas.
Las entidades convocantes denuncian el desmantelamiento de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), así como la negativa a admitir el colapso del teléfono 112 de emergencias durante la DANA y, posteriormente, el teléfono de asistencia a las familias de personas desaparecidas. A raíz de esto, Lluïsa Notario, concejala del ayuntamiento de Valencia del partido Compromís y parte de la coalición SUMAR en las elecciones de 2023, explica a Publicable que “frente a la DANA, que destrozó el sur de la Comunidad Valenciana en 2019, el gobierno progresista anterior creó una unidad de emergencias como instrumento para acelerar la respuesta ante situaciones como ésta”. “Casualmente, una de las primeras medidas del gobierno de derecha autonómico actual, presidido por Carlos Mazón, fue eliminarlo por considerarlo un gasto superfluo”, agrega.
Notario afirma que “la Agencia Española de Meteorología (AEMET) emitió la alerta roja por la mañana, pero hasta las 20.12 no se había notificado a la ciudadanía para que no saliera de la casa; a esa hora varias zonas ya estaban inundadas”. El desastre fue tal que el acceso vehicular a varias poblaciones sigue siendo imposible y sólo se puede llegar a pie. Notario aseguró que esta situación tan crítica pone en peligro la salud pública, ya que pasaron más de diez días y aún no se retiraron todos los escombros y los sedimentos.
Edición: Ornella Mainetti y Mora Zaballa
