Por Lucila Grisel
Un fuerte operativo de desalojo se desplegó el jueves 23 desde las 5 de la mañana en el barrio de Villa General Mitre, sobre la calle San Blas, entre Terrero y Andrés Lamas. Con presencia policial y personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el procedimiento avanzó sobre un predio donde viven familias hace más de treinta años, en un nuevo capítulo de una política que viene generando crecientes cuestionamientos.
Según denunciaron vecinos y organizaciones sociales, el operativo comenzó de forma sorpresiva en la madrugada, con un amplio despliegue de efectivos y sin instancias de diálogo previas. Las familias afectadas aseguran que muchas de ellas viven allí desde hace años y que no recibieron soluciones habitacionales concretas antes del desalojo.
El procedimiento está en línea con otros operativos recientes impulsados por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que en los últimos meses avanzó con desalojos en distintos puntos de la ciudad. En varios de estos casos, organizaciones denuncian el uso de mecanismos administrativos -como decretos- que permiten acelerar los tiempos y evitar instancias judiciales.
El operativo derivó en momentos de tensión: según denunciaron vecinos, hubo represión y uso de gases contra las familias. En el predio viven unas 100 personas, un total de 40 familias. También señalan que no se exhibió una orden judicial firmada por la fiscal interviniente. Se registraron irregularidades y una fuerte incertidumbre sobre los traslados -entre paradores y hoteles-, sin precisiones claras para las familias, y por la tarde camiones retiraron pertenencias del lugar.
El trasfondo de estos operativos aparece como uno de los puntos más sensibles. Especialistas en derecho a la vivienda y referentes sociales advierten que muchos de los desalojos se producen en zonas con potencial de valorización urbana donde el interés inmobiliario crece de forma sostenida. Si bien Villa General Mitre no es uno de los barrios tradicionalmente asociados al desarrollo premium, su ubicación estratégica dentro de la Ciudad y la expansión del mercado hacia nuevas áreas lo convierten en un territorio en disputa.
Casos recientes en otros barrios refuerzan esta hipótesis. En zonas como San Telmo o cercanas a la Costanera Sur, varios desalojos de familias fueron vinculados a proyectos de desarrollo urbano o a la reactivación del mercado inmobiliario en áreas de alto valor. En ese contexto, los operativos dejan de ser hechos aislados para formar parte de una dinámica más amplia de reconfiguración del mapa urbano.
Mientras tanto, las consecuencias sociales son inmediatas. Las familias desalojadas quedan, en muchos casos, sin alternativas concretas de relocalización, en medio de una crisis habitacional que ya muestra niveles críticos en la Ciudad de Buenos Aires. La falta de acceso a alquileres formales y el aumento del costo de vida agravan aún más la situación de quienes son expulsados de sus hogares.
Desde el Gobierno porteño sostienen que estos operativos buscan recuperar espacios y garantizar condiciones de seguridad. Sin embargo, las denuncias sobre la ausencia de soluciones habitacionales y la posible vinculación con intereses inmobiliarios vuelven a poner el foco en la política de vivienda.
El operativo en Villa General Mitre, iniciado antes del amanecer, vuelve a exponer esa tensión de fondo: entre la recuperación del espacio urbano que impulsa la gestión y el derecho a la vivienda de quienes habitan esos lugares. Una disputa que, lejos de resolverse, se profundiza con cada nuevo desalojo.