Por A. Suárez Boracchia, M. Terreno, L. Moure, T. Pasini y F. Muiña
Desde la privatización hasta la actualidad, se llevaron a cabo diferentes medidas judiciales en torno al Correo Argentino. La emisión de resoluciones, decretos, notas en respuesta, estados contables y dictámenes fueron algunos de los documentos más trascendentes que, al ser muy numerosos, pueden quedar en el olvido. A continuación, y de forma interactiva, se puede realizar un breve recorrido a través de una serie de archivos oficiales.
Durante la década del 90 se privatizaron gran cantidad de empresas. Bajo la administración de Carlos Saúl Menem, el país sufrió las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), también conocidas como ajuste estructural. La Argentina se convirtió en uno de los primeros países en privatizar su servicio postal. El ex presidente afirmó: “Esto corre por cuenta de los empresarios, para que tengamos un correo de primer nivel. Tengo la más absoluta certeza”. Mediante el decreto “265/1997”, se le otorgó la concesión al Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri. Lejos de cumplirse lo dicho por el ex Presidente, la empresa no solo empeoró su funcionamiento, sino que pagó únicamente dos años el canon establecido en 52 millones de pesos y comenzó a contraer una enorme deuda con el Estado nacional. Y, por supuesto, despidió una gran cantidad de trabajadores.
Esta problemática quedó en un entramado judicial durante siete años. Con la asunción de Néstor Kirchner en 2003, todo cambió. El plan del gobierno, en clara oposición al régimen neoliberal, implicaba una reestatización de los servicios públicos. Por este motivo, la situación del Correo Argentino volvió a estar en boca de los gobernantes. A través de la resolución “129/2004” el Estado Nacional volvió a hacerse cargo del Correo. A partir de esta medida, comenzó un proceso de negociación entre SOCMA y el gobierno. La empresa reclamaba que el Estado no cumplió con los términos del proceso judicial. Por su parte, el gobierno de Kirchner denunciaba que la familia Macri tenía una deuda de 450 millones de pesos.
En la actualidad, la fiscal Gabriela Boquín fue quien reflotó este tema, ya que, gracias a un dictamen presentado ante la jueza María Díaz de Cordero, denunció el acuerdo que estaba llevando a cabo el gobierno del presidente Mauricio Macri (ex directivo de la empresa), con el Grupo SOCMA. La funcionaria explicó que el acuerdo es “abusivo y ruinoso” porque implica una condonación del 98 por ciento de la deuda, que hoy ascendería a cuatro mil millones de pesos. La fiscal en lo Comercial fue notificada tres meses después de que la habían convocado a la audiencia para tratar el tema. Y fue ahí cuando se enteró de que el Estado había aceptado, después de 10 años, un acuerdo que hoy ha vuelto “a fojas cero”.
