Por V. Clinaz, G. García Eleisequi, L. Manessi, I. Sierkovich y L. Novara
El 29 de diciembre de 2013, el entonces fiscal de San Isidro Claudio Scapolán incautó más de una tonelada de cocaína en dos operativos. Lo curioso fue que él y los policías bajo su mando se quedaron con más de la mitad de la droga. En agosto de 2020, luego de una investigación a cargo del fiscal de San Isidro Federico Domínguez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó procesamientos y prisiones preventivas para más de cuarenta personas, entre funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados penalistas. El fiscal Scapolán fue señalado como jefe de la “asociación ilícita” responsable de los delitos investigados.
Scapolán, responsable de la Unidad Fiscal especializada en la lucha contra el narcotráfico, fue llamado dos veces a indagatoria, pero nunca se presentó. En ese momento había sido suspendido en sus funciones. En junio de 2022, en un fallo polémico, fue beneficiado por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que además apartó de la investigación a la jueza Arroyo Salgado.
Los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas le quitaron los cargos más graves por “falta de mérito”, aunque conservaron el de “falsedad ideológica de instrumento público”. El señalado jefe de la “asociación ilícita” fue desprocesado, pero no sobreseído. Para completar el cuadro de contradicciones, en abril de 2023 un jurado de enjuiciamiento lo destituyó del cargo por las irregularidades cometidas en la misma causa en la que había sido desprocesado.
HISTORIA DE UN CASO CLAVE
El operativo Leones blancos fue presentado en 2013 por el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, como un ícono de la lucha contra el narcotráfico en la historia judicial argentina.
Siete años después, en 2020, el fiscal Domínguez y la jueza Arroyo Salgado sostuvieron en un fallo judicial que todo había sido un fraude, porque un grupo de policías, funcionarios judiciales y abogados del fuero penal, comandados por el fiscal Scapolán, se quedaron con buena parte de la droga que habían incautado a una banda narco en una quinta de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno.
La causa judicial contra Scapolán y los suyos fue iniciada en 2016 por ciertas irregularidades que salieron a la luz durante el juicio oral por el operativo en Moreno. Los funcionarios judiciales y policiales fueron imputados por quedarse con 1.200 kilos de cocaína, con fines de comercialización. La jueza Sandra Arroyo Salgado retomó el caso y el 14 de agosto de 2020 dio a conocer su resolución en el marco de la causa FSM 36447/2016 registrada en la Secretaría 1 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro.
En ese momento, la jueza dictó el procesamiento y las prisiones preventivas de una larga nómina de imputados, entre los que estaban los funcionarios judiciales, excolaboradores de Scapolán, Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale; los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares, Juana Medina y Mario De Armas, y los civiles Cristian Seu y José Molina.
Hoy están procesados, sin prisión preventiva, los policías bonaerenses Adrián Dos Santos, Johana Medina, Marcelo Blanco, Héctor Correa, Emiliano Heidel, Nahuel Sacerdotte, Claudio Burgos, Amílcar Pino, Carlos Maidana, Aldo Romero, Florencia Canepa, Diego Tella, Marcelo Galarza, Julio Salvatierra, Julio Díaz, José Cabral, Gabriel Cabral, Carlos Ochoa, Gabriel Chauvin, Damián Cristaldo, Guillermo Acuña, Jonatan Ramírez, Mariano Núñez, Carlos Paltanavicius y los abogados Francisco Maañón y Matías Pedersoli. Al listado se sumó, en febrero último, la detención del abogado Gustavo Semorile, quien estuvo prófugo durante tres años y siete meses.
Entre los numerosos delitos que se investigan figuran los de asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, cohecho pasivo, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las prisiones preventivas fueron dispuestas porque la jueza federal estimó que existían “riesgos procesales” y por la “gravedad de los delitos”. Se tuvo en cuenta que se trata de personas que han tenido acceso a las investigaciones y que han incurrido en “el fraguado de actuaciones policiales descriptas” en este proceso. Más tarde, los dos colaboradores judiciales de Scapolán, Jarisch y Santivale, fueron liberados con el mismo argumento que benefició a su jefe: “falta de mérito”. Pero tampoco fueron sobreseídos y siguen siendo investigados en la causa, aunque en su casa.
Los delitos que se investigan ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la Unidad Fiscal especializada en lucha contra el narcotráfico. La imputación se produjo cuando Scapolán se encontraba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro.
En agosto de este año, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de José Ángel Molina, uno de los enviados a prisión por la jueza Arroyo Salgado. Está probado que el delito que se le adjudica a Molina, una maniobra para amparar a narcotraficantes, fue compartido con el entonces fiscal Scapolán. La causa quedó en manos del Tribunal Oral 1 de San Martín, jurisdicción en la que se había realizado el juicio oral que derivó en la investigación que hizo la jueza Arroyo Salgado. La acusación sigue en pie para todos los imputados. Aunque a Scapolán se le dictó la “falta de mérito”, no fue sobreseído y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino como veedora en el jury de enjuiciamiento en su contra, sostuvo que el ahora exfiscal “tiene que volver a ser procesado”.
