Por M. Zaballa, A. Langellotti, S. Del Gesso, G. Zylbering y J. Roqué

Luego de la marcha al Congreso y de distintas manifestaciones en todo el país en defensa de la educación pública, en la medianoche del jueves 3 de octubre, el gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y todo su Gabinete, explicó los motivos por los cuales se tomó la decisión. De cara a la votación de mañana para reafirmar la ley o respaldar el veto, Publicable se contactó con diputados de los distintos bloques.

El gobierno cuenta con 80 votos de los 85 que le garantizarían sostener el veto de Milei. Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza (LLA) declaró: “Vamos a apoyar el veto presidencial. No se debe hacer demagogia con un tema tan importante. Tenemos que comprometernos a cumplir lo que se puede y no medidas populistas. El verdadero trasfondo es una ley que busca desfinanciar al Estado nacional y cuidar las cajas de las autoridades universitarias”. El gobierno todavía se encuentra en una posición inestable en la que la clave estará en la cantidad de ausentes que haya en la cámara baja. En cambio, Martín Tetaz, diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) confirmó: ”Voy a votar en defensa de la educación pública, en defensa de los salarios de los profesores y de los no docentes, por múltiples razones. La más importante es que la universidad pública es una de las mejores inversiones que el Estado puede hacer. No tengo ninguna duda, mi voto va a ser a favor de la educación.”

Tetaz: “La universidad pública es una de las mejores inversiones que el Estado puede hacer”.

Con tan sólo 39 legisladores, el partido de Milei necesita constantemente del apoyo de Mauricio Macri, titular del PRO a nivel nacional, quien, a pesar de sus internas con el oficialismo, convocó a una reunión con la Mesa Ejecutiva del partido para determinar un posicionamiento común de cara a la próxima sesión. El partido confirmó que la resolución general sería apoyar al Presidente en su compromiso de “déficit cero” y equilibrio fiscal con la mayor cantidad de diputados posible, aunque con algunas críticas sobre la política universitaria de la gestión de Milei. Proponen votar en el mismo sentido que en el primer debate del proyecto. Sin embargo, el diputado nacional del PRO, Héctor Baldassi, confesó: “Estoy convencido de que lo único que te saca de la vulnerabilidad es el acceso al estudio y al conocimiento, especialmente en el nivel universitario. Hay que hacer eficientes los recursos, controlar y mejorar, pero la prioridad debe ser el financiamiento de la educación superior”.

Asimismo, Margarita Stolbizer, diputada nacional del partido GEN expresó: “Votaré insistencia de la ley sancionada por el Congreso, o sea rechazo al veto. Porque creo que debemos financiar a las universidades públicas ya que es el único camino por el que un país puede desarrollarse. Los docentes deben ganar mejor y se debe sostener el sistema científico técnico”.

Stolbizer: la diputada del GEN votará en contra del veto del presidente Milei.

El bloque de LLA cuenta con dos posibles bajas: por un lado, la posible ausencia de Lilia Lemoine, que se encuentra de viaje por Ucrania, y por otro Lourdes Arrieta, quien se apartó del bloque y formó su propio minibloque, por lo que dudan de su apoyo. Por otra parte, el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) cuenta con dos de sus tres bancas ya que su titular, Oscar Zago, también se encuentra de viaje. El bloque de Unión por la Patria ya confirmó que votará de manera unánime a favor de la ley, junto con la mayoría de la UCR con la excepción de los cinco diputados, que son los que apoyaron al gobierno en el veto a la reforma jubilatoria: tres de ellos respaldarán la decisión del Presidente y dos todavía se encuentran en duda.

Además, Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista por Santa Fe, manifestó: “Voy a votar a favor de sostener el proyecto que aprobamos hace una semana en la Cámara de Diputados y en el Senado, convencido de que la única posibilidad que tenemos de progresar como país y de avanzar con una idea de movilidad social ascendente y de proyecto de vida de progreso es la educación y la universidad pública. Lamentablemente el gobierno ha elegido un enemigo, que es una institución muy prestigiosa en la sociedad y la ha elegido para desacreditar y plantear cuestiones que no son ciertas. Me parece que va con la dinámica del gobierno de demonizar todo lo que tenga que ver con el Estado y con lo público.”

¿QUÉ IMPLICA UN VETO PRESIDENCIAL?

La Ley de Financiamiento Universitario se votó por primera vez en la Cámara de Diputados el 15 de agosto, cuando el proyecto obtuvo media sanción con 143 adhesiones, 77 votos en rechazo y una abstención. Además, el resultado fue posible gracias a las 35 ausencias en la sesión. En la madrugada del 13 de septiembre, el Senado sancionó finalmente la ley con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

Cuando un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras, el siguiente paso es la intervención del presidente, ya sea mediante su promulgación o su veto total/parcial. En el primer caso, el presidente firma la aprobación de la ley y luego se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia. En el segundo caso, el presidente puede vetar parcialmente la ley, o la totalidad.

Si esto sucede, el proyecto debe volver a las cámaras de diputados y senadores, que tendrán que aceptar el veto o insistir en la aprobación de la ley, inclusive con el Ejecutivo en contra. Para promulgar la ley, el Congreso deberá reunir dos tercios de los votos de los presentes, tanto en diputados como en senadores. Si no se llegase a esa cifra, quedaría firme el veto presidencial.

El caso más reciente se dio con la Ley de Movilidad Jubilatoria hace tan sólo un mes. La cámara baja no pudo revertir el veto a la ley, que se había aprobado por 160 votos positivos el pasado 5 de junio. 153 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 87 se expresaron en contra y 8 se abstuvieron. De esta manera, no se llegaron a los dos tercios y el veto presidencial quedó firme, anulando la ley.