Por L. Benedito, M. Hassan y B. Romano
“Todos los que trabajábamos en Villa Inflamable tuvimos derivados de hidrocarburos en nuestro organismo y los chicos que vivían allá, plomo”, dijo a Publicable Beatriz Mendoza, psicóloga social y actual directora de Salud y Ambiente del Municipio de Avellaneda, que impulsó un fallo histórico por el que en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que tanto el Estado nacional como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la cuenca Riachuelo-Matanza.
El proceso que tuvo que atravesar Mendoza junto a otras personas hasta llegar a la aprobación del fallo en julio de 2008 fue duro. “Fuimos muy maltratados, era un tema que había que esconder bajo la alfombra”, contó la psicóloga, que también remarcó que estaban solos en aquella situación ya que había muchos intereses de por medio.
El fallo establece un programa que tiene como objetivos recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir los daños con grado de predicción. Sin embargo, año tras año el Riachuelo está cada vez más contaminado y las personas siguen viviendo ahí. Según Mendoza, esto último sucede por varias razones: “Lo que les ofrecen a estas personas no es mejor de lo que tienen porque los trasladan a unos dos kilómetros de distancia por lo cual todo lo que es aéreo los sigue afectando. Los erradican como si fueran algo podrido que hay que sacar de un lugar para sacarse el problema de encima”.
La aguda degradación ambiental y social de la Cuenca Riachuelo-Matanza es consecuencia de las limitadas inversiones en infraestructura pública, la nula gestión ambiental y la falta de una adecuada planificación urbana e industrial. Esta situación genera serios riesgos para la salud, en especial para los grupos sociales más vulnerables, que han exigido al gobierno que actúe para enfrentar estas condiciones. Cuando asumió la presidencia de ACUMAR, la senadora nacional Gladys González “firmó una ordenanza que permitía que se virtieran de forma directa nueve sustancias tóxicas, entre ellas, aldrín, endosulfán, venenos que producen cáncer, muerte, problemas cardiovasculares, endocrinos, que además están prohibidas en todo el mundo desde la década del 60”, denunció Mendoza.
“Mi casa está en medio de una zanja donde va la mugre de todo el barrio. Hay mucha baranda y bichos”, contó Daniel Fontán, vecino de Villa Inflamable, en un video para ACUMAR. “Uno de mis hijos tiene plomo en la sangre y el otro, asma”, contó. Cerca del 75% de los habitantes de la cuenca padecen una enfermedad relacionada con la contaminación. La Agencia de Cooperación Japonesa realizó un estudio en el año 2000 en el que detectó que más de la mitad de los niños que vivían en Villa Inflamable tenían la enfermedad de plomo en la sangre.
El Riachuelo tiene una extensión de 64 kilómetros y la población en riesgo ronda los cinco millones. Según la línea de Base de Basurales (Acumar), la cantidad de basura arrojada en la cuenca de la Matanza aumentó en los últimos años y afectó gravemente la calidad de vida de las personas. Hay 301 sitios de residuos en la Cuenca, 162 puntos de arrojo, 118 microbasurales, 19 basurales y dos macrobasurales. Sin embargo, las autoridades de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) ya advirtieron que en cinco años esos espacios no van a tener más capacidad, ya que se estima que cada persona produce un kilo de basura por día, que equivale a unas 18.000 toneladas de desechos, sólo en el Área Metropolitana, de la cual solamente el 13% se procesa o recicla para su reutilización.
Mendoza define a Villa Inflamable como “un lugar complicado, con todos los derechos vulnerados donde uno ve todos los síntomas y signos de la pobreza”. También hizo hincapié a que el Estado no se encarga de los problemas de la zona y que “a partir del trabajo con la gente de salud de ACUMAR se ha hecho imposible porque ellos esconden datos”.
Foto: FARN
