Por Micaela Antelo Lemos @micaela_soledad
En su declaración ante la Cámara Penal Federal, Albano Eduardo Harguindeguy, ministro del Interior durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, se desligó de todo tipo de responsabilidad durante ese periodo, y aseguró “ignorar” si en todos los casos de muerte de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), los cuerpos habían sido entregados a familiares.
Interrogado por el presidente del Tribunal, Ricardo Gil Lavedra, Harguindeguy explicó el funcionamiento del Ministerio del Interior que debía, entre otras funciones no bien especificadas, asegurar la seguridad interior, mantener las relaciones con la Policía Federal y las policías provinciales, así como llevar acabo los trámites administrativos para concretar los decretos de disposición del PEN. Sobre este punto manifestó, no obstante, que el circuito lo comenzaban “los Comando en Jefe de las Fuerza Armadas, en relación con la lucha contra la subversión, los distintos ministerios del PEN, la Policía Federal y en algunos casos los gobernadores de provincia“.
El ex ministro respondió con tranquilidad las preguntas de Gil Lavedra y del fiscal Julio César Strassera argumentando que “el Ministerio del Interior no intervenía en el traslado de los detenidos” y que desconocía el momento en que se llevaban acabo las detenciones. Defendió el accionar de la cartera a su cargo, basándose en el artículo 23 de la Constitución Nacional en el cual, según Harguindeguy, se expresa “claramente cuál es la motivación que puede permitir la puesta a disposición de un individuo o el traslado de una punta a la otra en uso de esa facultad“.
Respecto de los pedidos de paraderos realizados por los familiares de desaparecidos y personas puestas a disposición en dicho organismo, el militar explicó el proceso en el cual, ante esta situación, se “abría una ficha y se requería información a los comandos de fuerzas, cuando así se lo estimaba procedente“. Pese a que esa actividad se llevó a cabo “en forma cotidiana y quedó asentada en los archivos del Ministerio del Interior“, Harguindeguy no informó sobre pedidos al PEN y manifestó desconocer las listas “día a día“. Fue recurrente en su declaración la negación a contestar preguntas que lo incriminaban y las alusiones a su falta de memoria frente a las evidencias expuestas por el fiscal.
La masacre de Fátima
En la audiencia de hoy, el ex cabo de la policía federal Armando Luchina y el ex médico de la Policía bonaerense, Gregorio Joaquín Ferrá, fueron interrogados por el Tribunal sobre los cuerpos hallados el 22 de agosto de 1976 en la localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires.
Luchina denunció los actos inmorales y aberrantes cometidos por la fuerza: “Allí -por Coordinación Federal- se vivía la aberración total; se cometían los actos más innobles, se buscaba destruir a las personas. Me repugna recordar los casos de torturas mediante colgaduras, el submarino, golpes de cadenas, las violaciones. Se violaba a las mujeres y se llegaba al extremo de hacerlo con los hombres”. En el siguiente video se publica un fragmento de la declaración de Luchina:
Los 30 cuerpos dinamitados, como consecuencia de una venganza perpetrada por oficiales de la Policía Federal luego del conocido ataque contra la Coordinación, fueron revisados por el médico policial Ferrá, quién aseguró haber realizado una “inspección rápida y somera” a pedido de sus jefes porque, según ellos, “las cosas apremiaban“. Hasta el momento se conoce la identidad de sólo cinco de las victimas, si bien puede precisarse que corresponden a 20 hombres y 10 mujeres, todos muy jóvenes.
