Por N. Clinaz y T. Sajoux
La baja del trabajo sexual como categoría laboral del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación revivió la discusión sobre la prostitución dentro de los feminismos. Mientras para algunas es un trabajo, para otras se trata de una forma de violencia de género.
El ministro Daniel Arroyo confirmó la creación de una mesa de trabajo con distintas organizaciones sociales y colectivos de mujeres, en la que también participarán los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y de Seguridad de la Nación, para intentar resolver la situación de las trabajadoras dentro del registro.
Georgina Orellano, Secretaria General de Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), celebró la decisión de Arroyo y explicó la propuesta recibida por el Estado. “Que ésta haya sido la respuesta del Estado nos habilitó una puerta para que conozcan nuestra situación y se intenten canalizar las demandas más urgentes que tenemos”, aseguró.
Nina León, trabajadora sexual, militante de AMMAR y periodista, resaltó la importancia del ReNaTEP para las trabajadoras sexuales: “Nos hubiera servido para obtener números concretos acerca de nuestra situación y así conocer mejor nuestra realidad. Según el último censo realizado por el Ministerio de Salud en 2009, hay un piso de 80.000 trabajadoras sexuales, pero AMMAR tiene registradas 6.500”.
Por su parte, la organización abolicionista Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) se reunió el pasado 2 de julio con el titular de Desarrollo Social y expuso las necesidades de las mujeres en situación de prostitución. La agrupación puso a disposición su centro educativo primario para el desarrollo del Programa Potenciar Trabajo: un plan que busca mejorar la empleabilidad e inclusión social a través de la educación y formación laboral. Además, AMADH destacó su importancia para satisfacer las urgencias económicas y combatir la violencia de género.
La pandemia del coronavirus modificó las formas de trabajo y, además, expuso aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad. La titular de AMMAR resaltó que la organización dejó de lado la política para dedicarse a asistir a las trabajadoras sexuales: “Nos dedicamos a ayudar a que las compañeras puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o inscribirse en el plan Potenciar Trabajo. Creamos un fondo nacional a partir de la colaboración de otros sectores para poder llevar adelante la asistencia de integral a nuestras compañeras y compañeros. Estamos haciendo bolsas de comida, viandas, limpiando hoteles de familia y evitando desalojos”.
“El Plan Raquel es una red feminista de asistencia que se organiza a través de Facebook para contener y asistir a compañeras que por la pandemia se han visto terriblemente perjudicadas. El Estado ha dado una respuesta a través de la ayuda social, pero es insuficiente”, explicó el colectivo abolicionista Sistema Prostituyente.
A pesar del trabajo asistencial desplegado por las organizaciones, las diferencias conceptuales e ideológicas entre abolicionistas y regulacionistas son insalvables hasta en el lenguaje: puta, prostituta, trabajo sexual, explotada, tratada, en situación de prostitución. Palabras y términos que surcan los feminismos expresando distintas maneras de sentir la sexualidad y la identidad de los cuerpos.
Orellano aseguró que el trabajo sexual es una realidad y resaltó que “el horizonte de las trabajadoras sexuales es pensar, con presencia del Estado, el ejercicio autónomo de la prostitución con reconocimiento y acceso a los derechos laborales”. Remarcó la urgencia de una norma nacional que unifique criterios y despenalice el trabajo sexual: “Estamos expuestas a mucha violencia por tener que trabajar ocultas y bajo la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad”.
Del mismo modo, León apuntó contra el abolicionismo y los lineamientos de la Ley de Trata que, según sus dichos, equiparan al trabajo sexual con el delito de trata de personas. “Nosotras consentimos ejercer este trabajo; nadie nos obliga. Si vos quitás el concepto del consentimiento de la ley, que ya con su nombre dice un montón, estás metiendo todo en una misma bolsa”.
Si bien el ejercicio autónomo de la prostitución no está tipificado como delito, sí lo está el proxenetismo. Existen normas que tendientes a criminalizar el trabajo sexual autónomo: el Decreto 936/2011, que prohíbe la publicidad de oferta sexual; el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que sanciona a quienes ofrezcan o demanden servicios sexuales de manera ostensibe en espacios públicos; o los códigos contravencionales que en 17 de 23 provincias, además de CABA, persiguen a quienes ejercen la prostitución con penas de multa o arresto.
Teresita Sifón, sobreviviente de trata y fundadora de AMADH, afirmó que “la prostitución no es trabajo porque no podemos decirle a las niñas, adolescentes y mujeres que es la única salida que existe en el mundo”. Además, aseguró que el consentimiento de las personas en situación de prostitución está “viciado porque les hacen creer que es un trabajo” y condenó cualquier tipo de regulación: “Es como tener a los proxenetas alrededor de nosotras y ponerlos en el lugar de empresarios que explotan a mujeres como si fuera cualquier otro trabajo”.
Luci Rennella, co-fundadora de Pibas X la Abolición, explicó que la prostitución es una forma de violencia de género porque “no tenés decisión sobre tu cuerpo” y expresó su preocupación por la violencia y situación de vulnerabilidad que sufren las personas en situación de prostitución: “A la mayoría de las travesti-trans empezaron a prostituirlas a los 13 o 14 años y el 85% de las mujeres fue abusada en la infancia”.
Una de las pocas coincidencias entre ambas posturas es la referida a la compleja relación con la policía. La militante León apuntó contra el poder que le otorgan los códigos contravencionales: “Ante la idea de no poder laburar esa noche, tenés que acceder a un montón de cosas que van desde robos hasta servicios a cambio. Ni hablar que te labren actas y te vayan metiendo antecedentes”.
La activista trans Florencia Guimaraes García expresó su preocupación: “Es violencia que la policía te coimee y tengas que tener sexo con cuatro o cinco de ellos para poder estar parada en una esquina. Tenés que hacer lo que ellos digan, como hacen los prostituyentes. Para ellos vos sos una cosa, un pedazo de carne que van a comer y después escupir”.
