Por A. Álvarez, B. Leonardi y S. Orellano
Jorge Ríos, de 71 años, fue asaltado el 17 de julio y con un arma de su propiedad mató a uno de los cuatro jóvenes que habían entrado a su domicilio de la localidad de Quilmes. Su abogado, Fernando Soto, le adelantó a Publicable que va a solicitar su absolución alegando que actuó en “legítima defensa”. Sin embargo, Ríos está acusado de homicidio y un testigo declaró en la causa que le disparó tres veces a Franco Martín Moreyra cuando estaba tirado en el piso y sin posibilidad de escapar ni agredirlo, ya que había sufrido una fractura expuesta en una pierna al saltar un tapial cuando intentaba huir, según consta en el expediente.
La imputación contra Ríos es por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, pero está en libertad por pedido del fiscal Ariel Rivas, quien tuvo en cuenta su edad, su estado de salud y el hecho de que “no hay peligro de fuga ni riesgo de que intente alterar el rumbo de la investigación”. De todos modos, de acuerdo con el análisis de los hechos, su situación es complicada porque todo indica que Ríos podía haber retenido a Moreyra sin necesidad de matarlo, con la ayuda de vecinos que salieron a respaldarlo luego del hecho. Las pruebas indicarían que, cuando menos, hubo un “exceso en la legítima defensa”.
Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme desalientan la tenencia y uso de armas por parte de civiles para evitar hechos de este tipo. “Ríos es un hombre que nunca mató una mosca y ahora sufre consecuencias psicológicas y físicas, porque durante el asalto sufrió lesiones”, sostuvo su abogado. La Justicia seguramente va a tener en cuenta su estado emocional y su falta de antecedentes, pero sigue pesando el hecho de que el que murió fue Moreyra, quien podría haber sido detenido sin necesidad de los tres disparos, dos de los cuales dieron en su cuerpo.
Ríos se tuvo que mudar a casa de unos familiares, porque dijo haber recibido amenazas en su domicilio de familiares de Moreyra, que realizaron una protesta frente a su casa. La estrategia de su abogado es hacer hincapié en las secuelas que dejan hechos así en una persona que nunca pensó que podía llegar a matar. Soto considera muy necesaria “la asistencia psicológica” para alguien que pasó por una experiencia semejante. Precisó que en estos casos “las víctimas sufren un shock emocional importante como el caso de Ríos, que es una persona mayor y tiene derechos especialmente protegidos por la Ley 27.360 y convenios internacionales de derechos humanos que protegen a las personas mayores”.
El abogado Fernando Soto sostuvo que con Ríos “no tuvieron ninguna consideración especial por su edad ni tampoco le dieron atención a sus heridas, porque fue esposado sobre ellas sin que se las curaran”, lo que significa “una grave violación a sus derechos de salud y humanos”. Ríos continúa recibiendo ayuda voluntaria de psicólogos que contactaron sus hijos, “porque el Estado no le brindo ningún tipo de asistencia y él se encuentra muy afectado por haber causado una muerte”.
Soto afirmó que su representado “fue acusado al principio por exceso en la legítima defensa, pero el mismo día el fiscal la cambió por homicidio agravado, aunque las pruebas que tenía en ese momento eran exactamente las mismas”. Lo que no dice es que la medida cambió por el testimonio de un colectivero que dijo haber presenciado el momento de los disparos.
Los otros tres jóvenes que entraron en la casa de Ríos están detenidos con prisión preventiva, a pesar de que habían logrado escapar del lugar del hecho. La Fiscalía mantiene la carátula de “homicidio” porque entiende que Moreyra también podría haber sido detenido sin necesidad de darle muerte.
El abogado aseguró que “el sistema judicial en Quilmes es un muy mal servicio de Justicia, la investigación es deficiente, se delega totalmente en la actuación de los policías, buscan datos que son obvios porque al delincuente fallecido se le cayó el DNI en la casa de Ríos y desde el primer momento tenían todos los datos, pero no se investigó absolutamente nada”. Por eso pedirá su absolución.
