Por Julián Romero
Lleva una vida escribiendo, pensando, reflexionando y trabajando sobre sus dos pasiones: la política y la justicia y ya pasados los 80, sigue, incansable, en las aulas, investigando y publicando. Beatriz Rajland es doctora en Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde actualmente es profesora consulta en Teoría del Estado. Sigue siendo investigadora del Instituto Gioja, vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) y coordinadora del grupo de trabajo “Critica jurídica y conflictos sociopolíticos” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
En 2019, fue reconocida por “su lucha por un mundo mejor” y nombrada presidenta honoraria de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos Argentina (ATTAC) de la cual ya era integrante fundadora.
Tres propuestas pospandemia
* Suspensión real del pago de la deuda pública (la acordada con los supuestos acreedores y la que se va a negociar con el FMI) hasta que se realice una auditoría que establezca si algo de lo que se reclama es deuda legítima. La deuda es ilegal, ilegitima y odiosa, entre otras la contraída por el gobierno de Mauricio Macri que no fue sometida al Congreso de la Nación como debe ser constitucionalmente y, sobre todo, no se utilizó para el beneficio del pueblo sino que para el pago de deuda anterior y especulaciones financieras.
* Desmercantilización de la salud y la educación, que permita un acceso de todos y todas, a niveles iguales y no de privilegios. El sistema de salud tiene que ser uno y para toda la población, frente a las necesidades, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda divididos con criterio mercantil en públicos y privados.
* Aumentos de salarios en salud y educación. Abordar una política y una ejecutividad que permita dar tierra, hábitat y trabajo a por lo menos 7 millones de personas. La medida debe ser integral, una solución habitacional basada en la autogestión productiva asociada a un plan de garantía, soberanía alimentaria y energética. Es la única manera de luchar contra la desigualdad que coloca a más del 40% de nuestra población por debajo de los niveles de pobreza, clara evidencia de lo que significa el sistema capitalista que es el centro estructural por cambiar.
