Por Guadalupe Trujillo
Imaginate estar hablando por teléfono en el subte mientras volvés a casa después del trabajo y que, de pronto, una persona que escucha tu acento empiece a agredirte. Así es la vida de un inmigrante. Así pasó en el metro de España.
En los años 80, diferentes conflictos generaron crisis económicas y sociales que hicieron que muchos habitantes de esos países partieran a otras tierras en busca de dignidad y prosperidad. Algunos murieron en el intento, como los hermanos Kurdi, de 3 y 5 años, que se ahogaron tratando de cruzar en balsa de Turquía a Grecia. Otros, en cambio, se encuentran con la frialdad de estados que camuflan con burocracia la falta de empatía y humanidad: en lo que va de 2022, casi 15 mil personas que vivían en Estados Unidos fueron obligadas a retornar a sus países, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
EL CASO ESPAÑOL
El artículo 3 de la ley 12/2009 de España, sancionada el 20 de noviembre de 2011, ratifica la definición de refugiado de la ONU. Allí se refiere a toda persona que, debido a temores fundados de persecución -ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual-, está fuera del país de origen y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país ni tampoco regresar. En ese caso, puede solicitar asilo en el país mientras no esté incluido en alguna de las causas de exclusión.
Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Interior de España, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), arrojan que durante 2020 se han formalizado 88.826 solicitudes de estancia por motivos de apátrida o refugio. Un 53 por ciento fueron presentadas por hombres y un 47 por ciento, por mujeres, mientras que ocho de cada diez solicitudes son de Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua, las cinco nacionalidades que encabezan la lista. En punta pican los venezolanos y colombianos, con el 63 por ciento del total. Del resto, solo tres países superan el millar de pedidos: Mali (1.537), Marruecos (1.365) y Ucrania (1.120).
EL ROL DE LOS MEDIOS
La comunicadora e historiadora Gabriela Bekenstein, en su ensayo “Las actitudes hacia los inmigrantes en España”, pone en evidencia las malas prácticas de los medios de comunicación. La prensa emplea una división del tipo “ellos/nosotros” en la que lo negativo no está en los locales, sino en quienes intentan ingresar. Además, crean preferencia entre los inmigrantes: los marroquíes, por ejemplo, son vistos como poco correctos, trabajadores conflictivos y carentes de los valores necesarios para vivir en España. Sin embargo, los argentinos reciben un trato más positivo debido a que gran parte de nuestra población es de ascendencia europea.
Según Bekenstein, la mayoría de los españoles desconfía de los inmigrantes africanos, especialmente de los magrebíes, y de ciertos latinoamericanos, como los ecuatorianos y colombianos. El resto de los hispanoamericanos y los ciudadanos de Europa del Este representan la inmigración preferida por ellos.
Ese contexto presenta varios interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál sería el motivo para agredir a una persona que busca hacer su vida y estar en paz? ¿Por qué alguien que huye de la inseguridad de su país incitaría a la violencia en su refugio? El docente, escritor y periodista español Andreu Casero Ripollés destaca, en su libro “Inmigración e ilegalidad: la representación mediática del otro”, que los periodistas presentan al inmigrante ya instalado en España más como un trabajador que como una persona, una mercancía solo aceptada por su utilidad para empleos que los españoles rechazan.
EL RIESGO DE POBREZA
Aun así, ya instalados en el mercado, continúan con un alto nivel de pobreza en comparación con los nativos. En 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirmó que España tenía un porcentaje alarmante de trabajadores inmigrantes en riesgo de pobreza, un fenómeno que viene creciendo dramáticamente en la última década.
Con un PBI de 6,4 por ciento y un IPC del 8,7 por ciento, la economía es un problema en España, como también lo es la demografía. En Europa hay una tasa de natalidad baja, que implica que en la población predominan adultos mayores y ancianos, que no pueden realizar empleos de riesgo o ya están retirados.
Se teme que los altos índices de natalidad de la población magrebí y subsahariana, en conjunto con las bajas cifras europeas, genere tensiones en el futuro por el miedo al aumento de la población africana sobre la española. Según las previsiones del INE, en 2057 habrá en España más personas mayores de 80 años que menores de 16. Los especialistas sostienen que aunque los inmigrantes hayan frenado el declive de la tasa de natalidad, aún no es suficiente para reparar el impacto que podrían tener en España estas estimaciones.
