Por Facundo Belluschi
En un contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y política, mañana se llevarán a cabo las elecciones generales en Guatemala. Serán los comicios más grandes de la historia del país centroamericano, con más de veinte contendientes. Tres candidatos proscritos y un escenario de pobreza, desnutrición y corrupción ponen en una encrucijada a quien resulte electo.
Los guatemaltecos elegirán presidente y vice, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y veinte diputados del Parlamento centroamericano. Si ningún candidato logra más del 50 por ciento de los votos, habrá balotaje entre los dos contendientes más votados. Quien gane heredará la crisis generada por el actual mandatario, Alejandro Giammattei, y deberá paliar la corrupción, la inseguridad, la pobreza –que alcanza al 59 por ciento de la población– y la desnutrición que padece el país centroamericano.
Los primeros en las encuestas son Sandra Torres, de Unidad Nacional de Esperanza (UNE), y Zury Ríos, del partido Valor, por lo que por primera vez podría ser una mujer quien se siente en el sillón presidencial guatemalteco. Ambas forman parte de familias con tradición política, ya que Torres es ex esposa del ex presidente Álvaro Colom; mientras que Ríos es hija del dictador Efraín Ríos. Ambas candidatas cuentan con un amplio recorrido en la política de Guatemala. Torres participó de las últimas dos elecciones presidenciales, en las cuales quedó en segundo lugar, y fue primera dama entre 2007 y 2011. Ríos, en tanto, fue diputada en cuatro oportunidades, entre 1996 y 2012.
Los otros candidatos que aparecen en la contienda son Edmond Mulet, de Cabal, quien dedicó casi toda su carrera a la diplomacia, y Manuel Conde, del oficialismo. No obstante, según la coordinadora de la Sección México y Centroamérica de Análisis Político, Melanie Graziano, en Guatemala “no es característico tener oficialismos fuertes, sino más bien débiles”. La especialista agregó que “esto se refleja en el propio Congreso, donde ninguna fuerza alcanza por sí sola la mayoría para avanzar en su agenda”.
El principal tópico en estas elecciones es la corrupción, un tema que viene acechando a Guatemala desde hace años. Incluso, en 2007 llegó al país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), impulsada por la ONU. El organismo funcionó durante doce años, en los cuales se logró procesar a altos funcionarios del gobierno, entre ellos a dos ex presidentes. No obstante, con la llegada de Jimmy Morales al poder, en 2016, la comisión perdió peso, y luego de abrir un par de investigaciones en su contra, Morales decidió expulsar definitivamente a la CICIG del país. Desde entonces Guatemala “ha experimentado un retroceso democrático” y “comenzó un camino inevitable al autoritarismo”, según Jennifer Cyr, autora del libro “The Fates of Political Parties: Institutional Crisis, Continuity, and Change in Latin America”.
Por otro lado, la inseguridad tomó fuerza como tema de la campaña electoral, sobre todo por el caso del país vecino El Salvador. Allí, el presidente de ultraderecha Nayib Bukele, a través de medidas autoritarias y punitivistas como la utilización de regímenes de excepción y refuerzos en centros penitenciarios, logró bajar drásticamente los índices de inseguridad. Esto hizo que muchos candidatos, según Graziano, impulsen una serie de propuestas similares. Cyr añade que muchos quieren venderse como “el candidato Bukele” y que los contendientes tienen que anclarse en algo que la gente sí conoce, lo que hizo que Bukele se haya vuelto un referente en la elección guatemalteca.
En ese marco, surgió el empresario Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas en mayo, que tuvo un impulso gracias a TikTok, en donde se presentaba como un candidato “anticorrupción”. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió revocar su candidatura por supuestas irregularidades en la asamblea donde fue postulado. Pineda es el tercer candidato cuya postulación es dada de baja: se suma a las de Roberto Arzú, otro candidato de derecha, y Thelma Cabrera, líder indígena. Esto levantó sospechas por un posible fraude, y redundó en que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Human Rights Watch (HRW) y la Unión Europea pidan al gobierno guatemalteco que no obstruya el proceso electoral.
Este contexto hace que el sistema democrático de Guatemala sea puesto en duda y quita poder real a quien venza en los comicios. Además, la fragmentación del Congreso hace que quien sea electo presidente tenga que formar rápidamente alianzas para sumar apoyo, algo que Graziano define como “uno de los principales desafíos que deberá sortear el nuevo Poder Ejecutivo”.
Editora: Camila Mitre
