Por V. Clinaz, G. García Eleisequi, L. Manessi, I. Sierkovich y L. Novara
El 18 de abril de 2023, con nueve votos a favor y uno solo en contra, el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán fue destituido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El único voto en contra de la destitución fue el de la diputada Sofía Vanelli, del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. En el jury, el fiscal fue defendido por un exasesor de Cristian Ritondo cuando este era ministro de Seguridad bonaerense.
El hoy exfiscal de San Isidro fue sancionado con la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. “Se hizo justicia”, fue el título de una declaración de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras el fallo. La CPM, que ofició como veedora en el enjuiciamiento a Scapolán, expresó su apoyo a la destitución, pero criticó el desprocesamiento de Scapolán en la causa judicial en la que había sido señalado como presunto jefe de una “asociación ilícita”. Por ese motivo, la CPM sostuvo que Scapolán debe seguir siendo investigado, más allá de su destitución.
Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado, apartada de la causa por la Cámara Federal, recordó en una entrevista con Viviana Canosa que la exgobernadora María Eugenia Vidal y su entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, fueron quienes designaron a Scapolán como fiscal de San Isidro, especializado en la lucha contra el narcotráfico. Arroyo Salgado señaló, en consecuencia, el “aval político” que tuvo esa designación. Además, señaló que en el jury de enjuiciamiento uno de los abogados defensores del exfiscal fue asesor de Ritondo cuando este cumplía funciones como ministro de Seguridad bonaerense.
El juicio político se inició como consecuencia de la causa penal en la que Scapolán fue imputado por la jueza Arroyo Salgado. En el mismo marco, siguen siendo investigadas cerca de cuarenta personas, entre funcionarios judiciales, policías y abogados penalistas. Están acusados de ser “parte de una empresa criminal destinada a la extorsión, robo y comercialización de estupefacientes”.
Scapolán aparecía habitualmente en procedimientos de gran envergadura de los que, en realidad, debía apartarse y dar paso al fuero federal, según se dejó sentado en la acusación en su contra durante el jury. Además de la vulneración del principio de competencia, el fiscal Scapolán también vulneró el principio de competencia territorial al decidir allanamientos de emergencia, sin la presencia de magistrados, en distritos ajenos a su ámbito geográfico de actuación.
Durante las audiencias del juicio político, para la parte acusatoria quedó demostrado que, en los casos Santellan, Bustamente y Anacona/Leones Blancos, Scapolán tuvo “un rol preponderante al momento de ordenar allanamientos con falsos llamados de anoticiamiento, extorsión económica de la policía a las personas que sufrían los operativos, droga plantada en inmuebles específicos y personas que resultaron detenidas durante años por esas maniobras”.
Mientras tanto, si bien la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito por los delitos vinculados al narcotráfico, el ahora exfiscal sigue siendo investigado por su participación en esa organización criminal destinada a la extorsión, robo y comercialización de estupefacientes y está actualmente procesado por falsedad ideológica de instrumento público.
La CPM expresó su apoyo al veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que reconoció la gravedad institucional de esta acusación y el gran cúmulo de pruebas para avanzar con la destitución de Scapolán, producto del riguroso trabajo del fiscal federal Fernando Domínguez. Además, indicó que este fallo debe ser un impulso para avanzar con la investigación penal y revertir la arbitraria decisión de la Cámara Federal que “exculpó a Scapolan de los delitos más graves que se investigan”.
