Por Sofía Rossi Sauer
El 20 de septiembre de 1984, el director de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el escritor Ernesto Sábato, le entregó al entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, un informe de más de 50 mil páginas que contenía testimonios sobre la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas durante la última dictadura cívico militar.
EL INICIO DEL FIN
Luego de la derrota en la Guerra de Malvinas en junio de 1982, el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone llamó a elecciones generales para 1983. El 10 de diciembre de ese año asumió la presidencia en elecciones libres y democráticas el radical Raúl Alfonsín quien, a sólo cinco días de comenzado su gobierno, ordenó una investigación para juzgar a las Juntas Militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983.
Para ello, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como CONADEP, con el fin de reunir testimonios y presentarlos por parte del Estado en el juicio contra las Juntas. El organismo estuvo integrado por Sábato, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres, el rabino Marshall Meyer, el epistemólogo Gregorio Klimovsky y el monseñor Jaime de Nevares, entre otras trece personalidades destacadas representantes de diversos ámbitos de la vida social, política y religiosa.
Entre los objetivos de la comisión, especificados en el decreto Nº 187/83, estaban recibir denuncias y pruebas sobre los crímenes cometidos por la dictadura, averiguar el paradero de las personas desaparecidas, determinar dónde estaban los niños apropiados por el aparato represivo, denunciar a la justicia los intentos de ocultar pruebas de los crímenes y emitir un informe final una vez culminada la investigación.
INFORME “NUNCA MÁS”
El 20 de septiembre de 1984 fue publicado el documento “Nunca más”, conocido también como el “Informe Sábato”, que recopilaba testimonios de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas de los crímenes que llevó a cabo el gobierno represor entre 1976 y 1983, una de las épocas más oscuras de la Argentina.
La investigación que recoge el “Nunca más” logró constatar la existencia de más de 340 centros clandestinos de tortura y detención y más de 9 mil desaparecidos en todo el país. Además, el documento expone la violación sistemática de los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional: la libertad, la vida, el debido proceso y la negación de justicia.
El informe fue una pieza más que fundamental para el Juicio a las Juntas Militares, que comenzó el 22 de abril de 1985, se extendió por 17 semanas y en el que se escucharon los testimonios de más de 840 testigos; en total, fueron más de 500 horas de declaraciones.
Finalmente, la sentencia contra las Juntas Militares se dictó el 9 de diciembre de 1985 y sólo cinco de los nueve acusados fueron condenados. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera recibieron cadena perpetua; Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión; Armando Lambruschini, 8 años y Orlando Ramón Agosti, 4 años. Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo y Omar Graffigna fueron absueltos.
