Por Lautaro Chichizola
La relación entre el gobierno de Javier Milei y los gremios del transporte atraviesa uno de sus momentos más tensos del año. Luego del reciente paro nacional que afectó a miles de usuarios en todo el país, la decisión de una posible nueva medida de fuerza se da en el marco de un conflicto que escaló tras la liberación del servicio de rampa en aeropuertos y los rumores sobre una posible privatización de Aerolíneas Argentinas.
Pablo Moyano, dirigente camionero y uno de los líderes de la Mesa Nacional del Transporte, anticipó que las tensiones podrían recrudecer en los próximos meses: “El Gobierno no parece entender que cada una de sus decisiones afecta a miles de trabajadores del sector. Estamos en una situación insostenible y de no recibir una respuesta concreta, vamos a continuar con el plan de lucha“.
“No solo reclamamos un salario digno, sino también condiciones laborales estables y por el futuro de nuestras empresas de transporte, que hoy están en riesgo. Las políticas de desregulación solo benefician a los grandes capitales y dejan a los trabajadores sin respaldo”, afirmó el dirigente, que además advirtió que “la cosa, lejos de aflojar, se va a tensar más”.
El paro anterior, realizado el pasado 30 de octubre, generó un fuerte impacto en el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Según los gremialistas, esta acción fue necesaria para visibilizar las consecuencias de la desregulación impulsada por el Gobierno y para advertir sobre el impacto de una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, el conflicto no parece tener una salida inmediata.
El Gobierno, en tanto, se mostró firme en su postura de avanzar con medidas de ajuste y de apertura del mercado en el sector del transporte. Fuentes del Ministerio de Transporte señalaron que “el objetivo es reducir el gasto público y promover la competencia”, y afirmaron que el Gobierno está dispuesto a dialogar, aunque sin ceder en sus decisiones estratégicas.
Mientras tanto, los usuarios de transporte enfrentan la incertidumbre de un posible nuevo paro en el corto plazo. “Estamos agotados de tener que elegir entre seguir trabajando o proteger nuestros derechos”, manifestó Moyano, quien subrayó que el próximo encuentro de la Mesa Nacional será clave para definir los próximos pasos.
Entre las diferencias dentro del sector gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dirigida por Roberto Fernández, decidió no sumarse al paro anterior, lo cual generó una fractura dentro de la Mesa Nacional del Transporte. La UTA optó por un camino propio y logró un acuerdo salarial en octubre que permitió evitar la medida de fuerza. Sin embargo, la exclusión de la UTA en las próximas negociaciones podría limitar el alcance de las acciones del resto de los sindicatos.
Con esta posible nueva medida de fuerza en el horizonte, la relación entre el Gobierno y los gremios del transporte sigue tambaleándose, y la posibilidad de un paro en diciembre podría generar un impacto aún mayor. Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo de este conflicto que afecta a miles de trabajadores y usuarios del país.
Edición: Inés Yawien y Abril Lamia
