Por Mora Jabornisky
Desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) vive una transformación profunda marcada por el recorte de fondos y el distanciamiento del Estado. Con la llegada de las nuevas autoridades se aplicaron medidas drásticas, como el tope para que no se use más del 20% del presupuesto en sueldos y funcionamiento, la suspensión de nuevos créditos y de las ayudas económicas para filmar, y un achique brutal del personal, que pasó de más de 600 empleados a menos de 250, entre despidos y retiros voluntarios. La idea que impulsa el Gobierno es que el cine se tiene que sostener solo, dejando de lado el apoyo público y dándole el control a la inversión privada.
Este modelo en el que manda el mercado no sólo disminuye la cantidad de proyectos que se filman, sino que además deja afuera a gran parte del país. La postura oficial volvió a quedar en evidencia durante una de las últimas mesas de Mirtha Legrand, en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó el financiamiento público al remarcar que se subsidian películas que a veces terminan viendo “sólo tres personas”. Sin embargo, cuando la inversión depende únicamente de las grandes empresas, casi todo se termina produciendo en Buenos Aires, perdiendo las miradas y vivencias de las provincias.
Para la directora de arte Agostina Biazzi, depender de los algoritmos comerciales le saca la personalidad al cine argentino: “Es súper peligroso porque la Argentina no es sólo Capital Federal. Más allá de eso, el financiamiento sirve para darle voz a otras personas. En las plataformas se nota cómo intentan unificar el estilo visual y bajan línea, perdiendo la parte más autoral. Justamente eso es lo que le da cultura a una nación; no pasa por si va mucha o poca gente a las salas”.
La falta de personal en el Instituto también frenó los trámites de todos los días. Evaluar carpetas, revisar presupuestos o entregar el dinero asignado se volvió una carrera con obstáculos. Mientras que las grandes productoras o los tanques comerciales pueden seguir adelante porque tienen capital propio, el cine independiente y las producciones regionales quedaron totalmente congeladas. Biazzi remarca que es indispensable apoyar la diversidad de voces y asumir riesgos creativos antes que pensar sólo en la ganancia rápida.
“Hay proyectos que a veces no tienen tanto sustento y de igual manera ganan una convocatoria, pero yo prefiero que haya cien producciones malas y una sola buena a que únicamente se haga esa buena. Esa diversidad es cultura, es trabajo y son oportunidades. Hoy hay películas que ganaron concursos, no reciben los fondos para financiarse y no están pudiendo grabar. Al mainstream nunca le va a pasar nada, la idea es agrandar la industria para la gente que no tiene esa posibilidad”, asegura.
El retroceso del Estado también se notó en uno de los eventos de la industria cinematográfica más importantes del país: el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El INCAA redujo su presupuesto, empezó a cobrar la inscripción de las películas y le cedió el financiamiento a patrocinadores privados y plataformas. Esta quita de apoyo acortó la estructura del festival y cambió su perfil histórico de ser una pantalla abierta a nuevos talentos.
Sobre este panorama, Agostina Biazzi concluye: “A mí me parece que los festivales que organiza el INCAA están bien y son fundamentales, pero en este gobierno hubo un cambio de concepto. La gracia del Festival era mostrar el cine nacional y visibilizar caras nuevas, no que estén siempre los mismos. Ahora no se quiso poner plata para producir películas ni para bancar el Festival de Mar del Plata; terminaron trayendo películas que ya están en plataformas porque eran las empresas que ponían los dólares. El año pasado había pocas salas a comparación de otros años, te hace pensar ´che, una mierda lo que pasó´”.