Por Carmelas Sances Martínez, Iestyn Hughes, Sofía Baiunco y Ezequiel Strusberg
Este jueves 15, a partir de las 14, en la sesión especial de la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, el reclamo por la Ley de Tierras volverá a ser protagonista. Es que con este decreto el presidente Javier Milei derogó la norma que limita la venta de tierras a extranjeros.
En este escenario de extrema incertidumbre, la marcha convocada para este jueves busca convertirse en el catalizador que destrabe el quórum. Organizaciones sociales, ambientales, comunidades originarias y gremios estatales se movilizarán al Congreso bajo la premisa de que la cautelar de la Corte es apenas un “freno de mano temporal” y que la soberanía sobre los recursos naturales solo estará a salvo si el DNU 70/2023 se cae definitivamente.
La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, establecía un tope del 15 por ciento del territorio rural para los extranjeros, con un máximo del 30 para una misma nacionalidad, con límites también para cada titular y un registro nacional para ejercer su control. El artículo 154 del DNU la había dejado sin efecto, pero el 9 de octubre la Corte Suprema suspendió provisoriamente ese artículo, por lo que la ley rige de manera transitoria.
La disputa pasó entonces a la Justicia. En 2024 la Cámara Federal declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU a partir de un pedido realizado por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM). El Gobierno, por su parte, el 5 de agosto de 2026, luego de algunos intentos fallidos para que se aprobara el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, sumado al fervor nacionalista luego de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra y sus repercusiones, decidió retirar el capítulo que reformaba la Ley de Tierras. Posteriormente el Senado aprobó el resto por 37 votos a 33 y ahora el proyecto aguarda en Diputados.
El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó esa decisión, tras argumentar una falta de legitimación por parte de los demandantes y que la soberanía territorial no es un bien colectivo, por lo que decidieron eliminar el tope del 15 por ciento para los extranjeros. Tras las marchas, el 9 de octubre, la Corte dictó una cautelar interina, en la causa de la asociación Árbol de Pie, que suspende el artículo 154 y repone la ley hasta que la Justicia de Bariloche se pronuncie. Es solamente una medida provisoria lo que por ahora sostiene la constitucionalidad de la Ley.
En este contexto, la oposición buscará voltear el DNU de manera definitiva (ya rechazado por el Senado en 2024). En caso de que Diputados lo rechace, el decreto perderá vigencia. Actualmente se cree que los votos de la oposición oscilan entre 115 y 120, lo que todavía no les da una hipotética mayoría. En tanto, el oficialismo buscará tratarlo en una sesión propia el miércoles 21 de octubre.
Se espera que el Gobierno, en busca de su aprobación, establezca algún tope de venta hacia manos extranjeras. La definición será, una vez más, dentro del recinto.