Por Clara Cárdenas y Andrés Domínguez
En la quinta edición de la Marcha Federal en reclamo del financiamiento universitario en la plaza frente al Congreso –donde no hubo quórum para tratar la vigencia del DNU 70/23, la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley del Endeudamiento Familiar–, el gobierno de Javier Milei se aferra al “cumplimiento” de la medida cautelar por la disposición de 4 billones de pesos dentro del presupuesto el 16 de julio de este año, que establece un monto de1,33 billones de pesos: 1,12 destinado en transferencias a universidades públicas (salarios docentes, no docentes, etcétera) y el resto aplicado al pago de becas. Todo ello financiado con el Tesoro Nacional.
En el desarrollo de la movilización que no solo representó la defensa de las universidades públicas, sino también a personas con discapacidad y a expresiones de descontento frente a la aplicación del DNU 70/23 que el gobierno decretó a poco de su asunción, hubo una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad. Fue la única marcha universitaria donde hubo incidentes, más de treinta detenidos, manifestantes heridos por los gases lacrimógenos lanzados durante el acto principal y destrozos en la plaza.
La Justicia impuso multas diarias por incumplimiento al Poder Ejecutivo. El juez Martín Cormick, en lo Contencioso Administrativo Federal, fijó un monto de 100 mil pesos diarios de intereses al jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, por no actualizar los salarios ni garantizar fondos de becas en universidades públicas.
Candela Lemos, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, explicó: “El supuesto pago hacia las universidades no alcanza, no es suficiente. Docentes, no docentes, trabajadores de la universidad están por debajo de la línea de la pobreza. Tratando de buscar más turnos de trabajo para poder subsistir”. El recorte no solamente alcanza a las autoridades universitarias y a los docentes, sino también a los alumnos: “De parte de nuestra casa de estudios muchos equipos de investigación se han desmantelado, y docentes se han destinado a otras áreas o privados para poder seguir”, expresó la dirigente.
En julio pasado, la novedad de la ampliación del Presupuesto 2026 provocó expectativas entre las universidades, pero rápidamente fuentes del gobierno consultadas por el diario Clarín aclararon que este incremento “no significa que se vayan a realizar depósitos rápidamente” y que “hoy no hay una decisión”.
Las marchas continúan, porque el problema no es solamente el poco dinero adelantado, es la acumulación de deudas y la insuficiencia de fondos. La falta de presupuesto se nota cada vez más en las universidades y complica la continuidad para los estudiantes. “Lo que se considera para marchar es el agotamiento de las vías legales e institucionales. No encontramos otra manera de exigirle a este gobierno que cumpla la ley. Es fundamental poder avanzar con esto, realmente es preocupante que este gobierno haga vista gorda en muchas cuestiones”, finalizó Lemos.