Por Martina Basilio
Luis Fernando Figari fundó la asociación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en 1971, una comunidad perteneciente a la Iglesia Católica que seis años después de su creación fue reconocida por el Vaticano. Varios de sus miembros, incluyendo a su fundador, fueron acusados de haber abusado física, psicológica y sexualmente de jóvenes entre 1970 y 2009.
Figari ocupó el puesto de mayor rango que existe en una orden religiosa, el de general superior, hasta que renunció en 2010 y se fue a Roma. Esto ocurrió un año antes de que la primera denuncia por abuso sexual fuera presentada ante el Tribunal Eclesiástico a cargo del Arzobispo de Lima. Unos días después llegaron otras dos denuncias contra Figari y el organismo informó que habían sido enviadas a Roma para que fueran investigadas, aunque las víctimas nunca tuvieron una respuesta.
En octubre de 2015, se presentó el libro “Mitad monjes, mitad soldados” en un programa de la televisión peruana, escrito por lxs periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, quien a los 22 años abandonó el SVC y luego de un tiempo comenzó a investigar lo sucedido en la organización religiosa a la que perteneció. El libro reúne treinta testimonios de ex sodálites y detalla las acusaciones sobre los abusos perpetrados por Figari y otros líderes de la institución católica.
Ante las acusaciones, el Sodalicio emitió dos comunicados en los que pedía perdón por el daño causado y admitía que los relatos publicados eran verosímiles. Unos días después, el Ministerio Público abrió una investigación contra Luis Fernando Figari a cargo de la fiscal María Peralta Ramírez. El fundador de SVC no recibió ninguna sanción mientras se lo investigaba por presuntos delitos sexuales; de hecho, meses después difundió una carta privada entre los sodálites en la que se declaró “inocente”, aunque reconoció que había cometido “graves errores”, sin especificar cuáles habían sido.
El 11 de octubre del 2016, la Fiscalía interrogó por primera vez a Luis Fernando Figari, quien estaba en Roma, en la embajada peruana. En esa ocasión, Figari aseguró que las víctimas no existían, pero que él estaba dispuesto a hablar con los denunciantes. Unos días después las autoridades del Sodalicio anunciaron la creación de una comisión para investigar las denuncias de abuso sexual, ofrecer la mayor contención posible a las personas afectadas y evaluar si cada caso específico debía ser llevado a la Justicia o si debía encargarse el Tribunal Eclesiástico.
En enero de 2017, el Ministerio Público ordenó que se archivara el caso por “falta de pruebas” y la fiscal Peralta Ramírez dijo que de parte de los denunciantes solo había “palabras”. El papa Francisco, por su parte, dio la orden de intervenir el Sodalicio. Después de un mes se conocieron las sanciones hacia Figari: la prohibición de volver a Perú al menos que se tratara de una urgencia y de contactar a cualquier miembro de la SVC. También se dispuso que la responsabilidad económica de su estilo de vida iba a depender del movimiento religioso que él fundó, entre otras condiciones.
El SVC dio a conocer el informe de la comisión creada para investigar los abusos que reúne los testimonios de decenas de ex miembros que narraron lo que les sucedió. Según ese documento, 19 menores fueron violados, 17 jóvenes de entre 18 y 21 años fueron agredidos sexualmente por las autoridades y seis denunciaron que Figari los violó entre 1970 y 1990.
Además, el informe dice que “Figari usó su posición de liderazgo para tener un control y dirección autoritaria sobre la mayoría de los sodálites”. Alessandro Moroni, quien ocupaba el cargo de superior general en ese momento, entregó a la Justicia penal el informe que encontraba culpable a Figari y a otros tres ex sodálites de abusos psicológicos, físicos y sexuales.
En marzo de 2017, el fiscal superior Frank Almanza reabrió la investigación y desestimó la decisión que había tomado Peralta Ramírez de archivar el caso. En diciembre de ese mismo año el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para los cuatro acusados, pero ninguno cumplió la pena. Hasta hoy viven en distintos lugares del mundo, en libertad.
El Sodalicio de Vida Cristiana sigue existiendo y por más que muchos en el ámbito del clero piden su disolución, todavía hay niños que asisten a las escuelas de esa organización.
