Por Marina Kempner
Comprometida con la educación y la concientización sobre soberanía alimentaria, la nutricionista Andrea Graciano fue una de las impulsoras de la Ley de Etiquetado Frontal que se aprobó en octubre de 2021 y que en octubre reglamentó el Gobierno: “Lo que busca esta ley es garantizar nuestro derecho a la información y múltiples regulaciones que protegen el derecho a una alimentación adecuada y a la salud”, explica en diálogo con Publicable.
Graciano es licenciada en Nutrición con maestría en Salud Pública, investigadora categorizada y docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA (CaLiSa), integrada por más de sesenta espacios y aprobada en 2013 por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, a partir de una iniciativa de los estudiantes de Nutrición. La cátedra es abierta y funciona como un espacio de intercambios de saberes, talleres, visitas a productores agropecuarios, jornadas abiertas y ferias. Entre las propuestas, hay campamentos en lugares donde se producen los alimentos, un kiosco y bar saludable y una huerta urbana agroecológica sostenida por el Centro de Estudiantes. Tienen una escuela de formación sobre agroecología urbana que se llama “La Margarita”, junto a un colectivo reciclador.
—Fue una de impulsoras de la Ley de Etiquetado Frontal y acompañó todo el proceso hasta que se aprobó. ¿Cuáles fueron las problemáticas a partir de las cuales se ideó el proyecto?
—En la Argentina, la principal causa de enfermedad y muerte es la malnutrición por exceso, que comprende el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. El gran motor de la malnutrición es el aumento en el consumo de los productos ultraprocesados, alimentos y bebidas que se comercializan envasados y se caracterizan por tener excesos en nutrientes críticos, en particular, grasas, azúcares y sodio, y tienen un impacto negativo en nuestra salud. Nuestra ley nos va a advertir cuando un producto tenga exceso de esos nutrientes y nos va a informar cuando contenga cafeína y edulcorantes, a través de la implementación obligatoria del etiquetado frontal.
—La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud indica que el patrón alimentario de niños, niñas y adolescentes es menos saludable que el de los adultos: el exceso de peso afecta al 13,6 por ciento de menores de 5 años, al 41,1 por ciento de personas entre 5 y 17 años, y esos valores son los más altos de toda América latina. ¿De qué manera influye el marketing dirigido a niños y el entorno escolar, y cómo se puede hacer para que en los colegios se cumpla esta ley?
—Muchas estrategias que la industria alimentaria despliega están específicamente dirigidas a niños, niñas y adolescentes que no pueden identificar que detrás de esa acción hay una intención de venta, entonces cuando ven en un paquete al dibujito de la película de moda, lo quieren. La ley tiene regulaciones que protegen especialmente a las infancias y establecen que, si el producto contiene un sello de advertencia, no va a poder ingresar a las escuelas. Además, no se va a poder usar personajes infantiles, celebridades, sellos o logos de sociedades científicas o deportivas, ni información nutricional complementaria. En relación a la protección de los entornos escolares, otra regulación es la inclusión de la Educación Alimentaria Nutricional en la currícula escolar.
—Hace poco, la legisladora porteña por el Frente de Todos Ofelia Fernández presentó el Proyecto de Ley Integral por el Derecho a la Alimentación Adecuada en las escuelas de la ciudad. ¿Cómo se puede garantizar que los chicos tengan una alimentación adecuada en los comedores de los colegios?
—Todos los comedores de las escuelas públicas de CABA, excepto cuatro, están tercerizados, son empresas las que se ocupan de elaborar y servir los alimentos que se ofrecen en los establecimientos educativos. El interés de la empresa es el lucro, por eso es tan importante que haya un Estado presente que regule lo que sucede en las escuelas. Lo que es alarmante es que se llevó adelante un proceso de licitación para los próximos cuatro años y en el pliego de bases y condiciones no están previstos los límites y los condicionamientos que establece la Ley de Etiquetado Frontal. Dice que el menú no se va a modificar por ninguna causa excepto por cuestiones médicas, pero la Ley de la Adecuación plantea que la alimentación escolar debe adecuarse a cada individuo.
—¿Qué otras políticas públicas tienen pensado impulsar en el futuro para concientizar sobre la educación alimentaria?
—Estamos impulsando la regulación de las grasas trans, el impuesto a las bebidas azucaradas o a todos los productos que contengan, al menos, un sello de advertencia para que se encarezca el precio y se desaliente la compra de esos productos, subsidios a los pequeños y medianos productores para la producción de frutas y verduras y una ley de envases porque las principales industrias que producen ultraprocesados son las que más contaminan. Son todas políticas públicas que permiten entender que necesitamos tener salud humana en conjunto con salud animal y ambiental, porque es imposible tener cuerpos sanos en territorios enfermos.
