Por Sol Manilov, Carmela Melón Gil y Micaela Rafaniello
A principios de 1833, las Islas Malvinas, territorio de ultramar perteneciente a la Argentina, fueron ocupadas y la población argentina presente fue desalojada ilegalmente por Inglaterra. Desde ese entonces y hasta hoy, la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, ha estado en conflicto. En la actualidad es uno de los diecisiete territorios que la Organización de las Naciones Unidas reconoce como “no autónomos”. Desde la ocupación, el Reino Unido no ha cesado de avanzar en sus posesiones y proyecciones de soberanía, así como también en la exploración y explotación de los recursos naturales de las islas y el mar que las rodea. De hecho, se considera que a medida que la exploración e investigación científica arrojaron resultados positivos sobre el potencial económico de la región, el Reino Unido endureció su postura en relación a las negociaciones.
AUTODETERMINACIÓN Y SISTEMA DE GOBIERNO
Gran Bretaña fortaleció su soberanía basándose en la autodeterminación de los llamados kelpers. Según la licenciada en Relaciones Internacionales Agustina Felizia, la Argentina sostiene que “son británicos que fueron traídos en su momento”. Además, la Cancillería determinó que, en este caso, el principio de autodeterminación no es aplicable: “La especificidad de la Cuestión Malvinas reside en que el Reino Unido ocupó las Islas por la fuerza en 1833, expulsó a su población originaria y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina. Queda descartada entonces la posibilidad de aplicación del principio de autodeterminación, pues su ejercicio por parte de los habitantes de las Islas causaría el quebrantamiento de la unidad nacional y la integridad territorial de la Argentina”.
En cuanto a la toma de decisiones en el territorio isleño, Santiago Guardone, autor del apartado “La gestión ambiental en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur” en el ensayo “Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: colonialismo, soberanía y desarrollo en el siglo XXI”, publicado por CLACSO, cuenta que la población colonial británica tiene un sistema de gobierno integrado por un gobernador designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, un Consejo Ejecutivo y una Asamblea Legislativa. “Esta última está integrada por ocho miembros que representan a las dos jurisdicciones electorales de las Islas: Puerto Argentino y The Camp. Todos ellos son renovados por el sufragio de los malvinenses cada cuatro años. Si bien el gobernador es quien toma las decisiones en última instancia y en nombre del Rey Carlos III, la Asamblea Legislativa tiene en la práctica el manejo cotidiano de los asuntos internos, con la excepción de las relaciones exteriores y la defensa del archipiélago. Es ese órgano gubernamental quien genera la normativa referida a la cuestión ambiental, gestiona el financiamiento y lleva adelante las políticas públicas”, dice.
Malvinas se considera una prolongación del Reino Unido de Gran Bretaña en el mar, fruto de esa concepción colonial histórica que tiene el Imperio Británico. Desde ese punto de vista, todas las decisiones que se toman sobre el archipiélago en cuanto a la administración de los recursos naturales y el otorgamiento de licencias pesqueras recae en el gobierno británico. “A pesar de que el derecho internacional le da el derecho a la Argentina, las Malvinas siguen en poder británico. Lo que importa en derecho internacional no es la razón, sino la fuerza. Es una discusión entre una potencia y un país dependiente. Por ese mismo motivo Gran Bretaña desoye la resolución de las Naciones Unidas y no discute soberanía con la Argentina, porque no le interesa. Se vale de su posición de fuerza”, dice Juan Cisilino, coordinador general de RedICMa (Red de Investigadores de la Cuestión Malvinas), quien agrega: “En ese sentido, pasa lo mismo con la exploración de recursos hidrocarburíferos: hay leyes argentinas que prohíben esa exploración sin la autorización de nuestro gobierno, pero no importa porque Gran Bretaña tiene el control. Se vale de una falsa legalidad para habilitar y autorizar petroleras a realizar esa exploración”.
LA DISPUTA POR EL ORO NEGRO
Durante 2010, hubo tres empresas interesadas en la exploración petrolera en las Islas: Desire Petroleum, Rockhopper y Falkland Oil and Gas Limited. La perforación en el fondo oceánico al norte del archipiélago generó expectativas en la industria. Desire Petroleum planeaba llevar a cabo esas perforaciones utilizando la plataforma petrolera Ocean Guardian, que había sido contratada a la empresa británica Diamond Offshore Drilling, una de las principales compañías de este tipo. Desire Petroleum estimaba que en la zona podría existir una reserva de petróleo considerable, con algunas estimaciones de geólogos británicos sugiriendo que se podrían extraer más de 60 mil millones de barriles de crudo, equivalente a unos 4.758 mil millones de dólares en ese año.
Por su parte, Rockhopper inició la exploración en la Cuenca Norte, y en su extracción indicó que se trataba de petróleo de alta calidad. Si bien la tercera empresa, Falkland Oil and Gas Limited, falló en su exploración dado que perforaron en un lugar equivocado, sus voceros anunciaron que seguirán buscando. La tensión aumentó cuando Ocean Guardian comenzó a perforar frente a las Malvinas. Rockhopper declaró que el decreto argentino que obliga a los barcos que navegan entre el continente y las Malvinas a pedir permiso al gobierno no es de su importancia.
Según el artículo “Los hidrocarburos y la cuestión ambiental en el caso Malvinas”, de Oriana Cherini, la disputa por la exploración y explotación de los recursos no renovables en las cuencas marinas generó conflictos en las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, en el marco de la disputa por la soberanía sobre los territorios y las aguas adyacentes. Cherini agrega que la política de hechos consumados llevada adelante por los distintos gobiernos británicos condujo a la presencia de un conjunto de consorcios extranjeros dedicados a la extracción de gas y petróleo alrededor de las Islas, desconociendo toda legislación argentina y todas las resoluciones de las Organizaciones Internacionales (OI) que instan a retirarse del área que continúa bajo disputa.
A raíz de los hechos ocurridos en 2010 con las empresas petroleras, el 16 de marzo de 2011 se sancionó la Ley 26.659, con unanimidad en ambas cámaras. Allí se establecen condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Entre las sanciones contempladas, se incluye la pérdida de las concesiones petroleras en territorio nacional, aunque la empresa que opere ilegalmente sea sólo accionista de la empresa concesionaria. De todas maneras, la doctora en Agronomía e Ingeniería forestal, y parte del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET), María Vanessa Lencinas, afirmó que “Argentina debería tener derecho a ser consultada en el momento de aprobarse la realización de cualquier actividad productiva en Malvinas”.
Rockhopper Exploration, Border & Southern Petroleum y BHP Billiton firmaron un contrato para continuar las exploraciones. Según una nota del diario Tiempo Argentino, planean comenzar a explotar petróleo en la zona en 2025. “En los últimos tiempos crecieron las posibilidades de que comience la producción ilegal de petróleo en Malvinas por parte de empresas licenciadas por el gobierno kelper. Ese avance fue informado días atrás por las petroleras Rockhopper, británica, y Navitas, israelí, que están asociadas en la exploración y eventual explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 250 kilómetros de Puerto Argentino, la capital de las Islas”, informaron desde el medio.
EL TEMOR MEDIOAMBIENTAL
En cuanto a la cuestión ambiental y el impacto de la explotación, la investigadora del CONICET Oriana Chelini y Lilián Berardi, licenciada en Relaciones Internacionales y miembro del OPEA y del Grupo de Estudios sobre Malvinas, afirman en el artículo “Los hidrocarburos y la cuestión ambiental en el caso Malvinas” que la explotación en las aguas aledañas a las Islas podría acarrear posibles amenazas ambientales para toda la región del Atlántico Sur, incluyendo las costas argentinas, y que son necesarias medidas de precaución y prevención para reducir el riesgo. Además, agregan que la explotación de hidrocarburos implica la perforación de pozos en aguas profundas, con los múltiples riesgos económicos y ambientales que eso implica. Los costos ambientales de un posible derrame tendrían consecuencias catastróficas para los ecosistemas marinos y pondría en peligro la supervivencia de su flora y fauna; es decir, representa una evidente amenaza a la seguridad ambiental de la región.
La duda es si existe la posibilidad de que en un futuro Argentina haga uso de esos recursos naturales. Las Naciones Unidas aceptaron la presentación de Argentina para poder explorar y explotar los recursos que se encuentren en el territorio marítimo, lo que incluiría a las Islas. “Antes de poder acceder a los recursos, primero tenemos que resolver el asunto de soberanía”, dice Felizia, y agrega que es una de las condiciones de las Naciones Unidas.
Para Inglaterra, el interés por mantenerse en el territorio pasa más por un atractivo geopolítico. Sin embargo, eso implica un gasto muy grande que cubre con las licencias de pesca. Según Juan Cisilino, la única forma de recuperar esos recursos es aumentar esos costos de ocupación para que no sea viable. También hay que afianzar la alianza con los países vecinos, por ejemplo Brasil, para que no resulte económico recurrir a ellos para poder arreglar las naves que utilizan para la exploración. “No hay que hacérsela tan fácil”, afirma el director del Equipo de Investigación Cuestión Malvinas (EdICMa).
“Sobre la posibilidad de recuperar la soberanía, la discusión tendría que ver con qué Argentina podría imponerle como condición al Reino Unido la necesidad de sentarse en la mesa de negociaciones: si es una Argentina con un desarrollo científico, tecnológico y de industria nacional que logra conquistar nuevos márgenes de autonomía y que cuenta con una industria naval que le permita ejercer la soberanía efectiva en los espacios marítimos no usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur. O si es una Argentina con una política de defensa que le permita el desarrollo de su industria, que no implica gastar plata en balas, sino poner en juego todas las capacidades estatales y los aportes del sistema científico tecnológico”, concluye.
