Por M. Abbattista, C. Carballo, F. Crespo, A. De Riso, F. Gilardi y F. Montevecchi
La discusión legal alrededor del concurso preventivo del Correo Argentino quedó en segundo plano para los medios de comunicación y la opinión pública en general. Sin embargo, comprender esta cuestión resulta crucial para entender las noticias que inundaron los medios en febrero pasado, que anunciaban el rechazo de la fiscal Gabriela Boquin, que consideró abusiva la propuesta del Grupo Macri que había sido homologada por un representante del Estado, cuyas facultades son cuestionadas.
El comienzo de esta historia judicial se remonta a septiembre de 2001, cuando Correo Argentino SA, empresa del Grupo Macri, que había obtenido la concesión del servicio postal en 1997, decide presentarse en concurso de acreedores. El Estado era su principal acreedor, con el 30 por ciento de la deuda. La empresa había dejado de pagar el canon acordado por el Estado en 51,6 millones de pesos, dólares en tiempos de convertibilidad.
En 2003, la justicia fija el crédito en favor del Estado en 296 millones de pesos. Después de 13 años, en 2016, el Estado decide resolver el litigio y pide una audiencia. Es allí cuando se llega al polémico acuerdo que Boquin rechazó en febrero.
El artículo 19 de la Ley de Convocatorias y Quiebras suspende el cómputo de los intereses en el momento del inicio del concurso. Según varios economistas se plantea un dilema moral: la situación inflacionaria de la economía argentina entre 2003 y 2017 licuó la deuda y la legislación no comprende esta situación tan particular. El acuerdo rechazado por Boquin propuso pagar la deuda original en 15 años con un interés del 7 por ciento.
Según Martín Tetaz, periodista económico, la Dirección General de Asesoramiento Económico en las Inversiones (DAFI) le dijo a la fiscal Boquin que “el 98 por ciento de aquellos 296 millones hoy serían $4.277 millones”. O sea que “incluso cuando la empresa propusiera ahora pagar el 100 por ciento de los 296 millones que debe, sin ninguna quita, el Estado acabaría perdiendo más de 4.000 millones de pesos por el solo hecho de haber demorado catorce años el acuerdo”.
Varios expertos aseguran que se ha desnaturalizado el espíritu de la ley en cuanto a suspender los intereses durante el transcurso de un tiempo irrazonable, seguramente fruto de una morosidad judicial inaceptable y consentida también por el Estado.
Muchos titulares hicieron mención a una condonación de 70 mil millones de pesos en favor de la empresa de la familia presidencial. El abogado Daniel Vitolo, coautor de la Ley de Concursos y Quiebras e integrante junto a Boquin de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, afirma que la cifra apareció en una planilla anexa al dictamen de Boquin pero que se desconoce el algoritmo matemático que se utilizó para llegar a ese número, por lo que sugiere dejar esa cifra fuera de la discusión. Por otra parte, Vitolo califica a Boquin de “competente” y su dictamen de “serio y fundado” y señala otros aspectos que podrían abultar la suma a abonar por parte del Grupo Macri: “Podrían iniciarse acciones sosteniendo que SOCMA puede haber sido culpable de generar, promover, aceptar, tolerar o favorecer el estado de cesación de pagos que llevó a la sociedad a su eventual falencia” añadió.
Por otro lado, Ernesto Mattos, economista egresado de la UBA e investigador, sostiene que SOCMA “debería pagar lo que adeuda como canon al Estado y los intereses que corresponden al periodo en cuestión”. También afirma que si “una empresa se atrasa con el SUSS 931 (seguridad social que pagan las empresas) se le cobran los intereses”.
El presidente Mauricio Macri anunció en conferencia de prensa que volvería a foja cero con el acuerdo entre el Estado y el Correo. Además implementará un mecanismo para resolver conflictos con privados en los que estén involucrados funcionarios públicos. Los expertos consultados afirman que la vuelta a foja cero no será un proceso tan fácil como prometió el Ejecutivo.
