Por D. Fernández, E. Rodríguez, M. Urrestarazu, A. Maimo, I. Santoruffo y F. Torres
En julio de 1989, Carlos Menem desplegó una estrategia neoliberal en sintonía con las fórmulas que aplicarían el FMI y el Banco Mundial en los países de la región durante los siguientes diez años. Esas políticas desembocaron en la crisis del 2001. La llave para licuar los recursos nacionales fue la Ley de Reforma del Estado -Ley Nº 23.696-. Esta ley le permitió al Ejecutivo Nacional privatizar más de 60 empresas estatales. Aquí se detallarán cuáles fueron las maniobras y evolución de algunas de las firmas antes, durante y después de su privatización.
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Hasta 1990, Aerolíneas Argentinas (AA) contaba con una flota compuesta por 28 aviones propios y uno alquilado; oficinas y rutas las ciudades más importantes de Europa y América; tres simuladores de vuelo únicos en la región. En julio, el Estado argentino vendió AA a Iberia por 260 millones de dólares y 1610 millones en títulos públicos, incluyendo la estatización del pasivo de la empresa.
En 1994 cedió la “acción de oro” de AA, que permitía fiscalizar decisiones estratégicas y la venta de activos, a Iberia. Esto le permitió desatar un plan de vaciamiento de Aerolíneas, que implicó una disminución del poder de la empresa.
Tras años de explotación deficitaria, Iberia traspasó en 1996 AA a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ente fiscalizador de empresas estatales españolas. Este se adjudicó el 87 por ciento de las acciones de la aerolínea.
Dos meses antes de diciembre de 2001, la SEPI vendió Aerolíneas a la sociedad Air Comet, compuesta por el Grupo Marsans y Air Plus, por el precio simbólico de un dólar.
A fines de 2008, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley para la estatización de AA, y en diciembre del mismo año la empresa volvió a ser parte del patrimonio argentino.
GAS DEL ESTADO
Gas del Estado era considerada una de las mejores empresas del mundo en prestación del servicio público de gas natural. Al momento de su privatización, era la segunda empresa en facturación de la Argentina, detrás de YPF.
Elba Arrighi, quien trabajó en la Gerencia Gran Buenos Aires de Gas del Estado hasta el día de la privatización, explicó que en 1989 se inició un plan de entrega los recursos estratégicos: “Desde la privatización no se crearon más gasoductos”. Valuada, por uno de los directivos de Petrobras, en 25 mil millones de dólares, la empresa se vendió a dos mil millones de dólares en efectivo, mil millones del pasivo a cargo y dos mil millones de dólares en bonos. Los capitales que compraron Gas del Estado provinieron de inversores ingleses y españoles y la empresa fue dividida en once sociedades privadas que se repartieron las zonas.
Informe diario Clarín – 1991
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales)
Entre 1989 y 1992, Yacimientos Petrolíferos Fiscales se convirtió en YPF Sociedad Anónima. El Estado se quedó con el 20 por ciento de las acciones y la acción de oro, y las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, un 12 por ciento. El sector privado se quedó con el 46 por ciento de las acciones.
En 1998, el sector privado contaba con el 75 por ciento de las acciones, mientras que el Estado mantenía su acción de oro; pero en 1999 terminó la privatización al venderse el último 24 por ciento de acciones estatales y provinciales a Repsol.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF en 2012 debido a diversos motivos: la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol, la poca atención que se dedicaba a la exploración de nuevos yacimientos y el vaciamiento financiero y estructural. En 2011, Argentina se vio obligada a importar más gas y petróleo del que se produjo ese año, algo que no ocurría desde que se privatizó.
YCFRT (Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio)
El gobierno nacional de Arturo Frondizi, en 1958, decidió otorgarle identidad a la actividad minera, creándose Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) que tenía como misión “estudiar, explorar y explotar los combustibles sólidos en general y el yacimiento de Río Turbio en particular”.
En julio de 1994 se privatizó la empresa, denominándose YCFRT S.A. (Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio Sociedad Anónima) cayendo en manos del empresario Sergio Taselli a través de IATE S.A. El complejo minero ubicado en la provincia de Santa Cruz recibió un subsidio por 10 años de 22,5 millones de pesos anuales para la explotación minera.
Entre 1994 y 2000, la empresa fue rentable, sin considerar los ingresos proporcionados por el Estado, masa acumulada de beneficios por 11,5 millones de dólares. Durante ese lapso, el Estado desembolsó en total 114,4 millones de dólares en forma de subsidios.
Luego de que la Secretaría de Energía tomara conocimiento que YCFRT S.A. había solicitado entrar en concurso preventivo declararon, en mayo de 2002, la nulidad del contrato. El 25 de junio de ese año, Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio se convirtió en la primera empresa privatizada en volver a la órbita del Estado.
