Por V. Clinaz, G. García Eleisequi, L. Manessi, I. Sierkovich y L. Novara
Con el acuerdo de distintos bloques parlamentarios, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de un ente estatal encargado de administrar y reutilizar, con fines sociales, los bienes incautados en operativos judiciales contra organizaciones narcos y del crimen organizado. La iniciativa fue elaborada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco de un proyecto denominado Bien Restituido.
El proyecto tiene como objetivo la custodia, la administración y la reutilización de los bienes cautelados y decomisados por la Justicia Federal y es apoyado por diversos sectores parlamentarios. La ley promueve asegurar la conservación del valor y productividad de los bienes garantizando la reparación integral de las víctimas y la reutilización social del patrimonio. Para eso se creará la Agencia Federal de Bienes Cautelados y Recuperados, que funcionará como ente autárquico y descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.
La Agencia Federal tendrá como función la preservación, la asignación y la eventual disposición de dichos bienes, incluidos aquellos que, por sus características, correspondan mantenerse como unidad de producción y/o comercialización. La finalidad de esta ley es obtener mayor transparencia en los activos que tiene hoy la Justicia argentina, valuados en cien mil millones de pesos y que en su gran mayoría se están deteriorando y perdiendo valor económico y simbólico.
En un contexto donde el narcotráfico y la violencia aumentan de manera exponencial, se trata de una ley que intenta resarcirse de algún modo con la sociedad civil afectada por estos males. Campos de producción, autos, barcos, aviones y casas, entre otros bienes, son ejemplos de activos incautados que pasarían a formar parte de los recursos materiales aprovechables para fines sociales.
La iniciativa fue impulsada por Bien Restituido para el “desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil“. Se trata de un consorcio de organizaciones que se formó en 2021. Está compuesto por Libera Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Círcolo Giuridico di Argentina; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Fundación Multipolar. La iniciativa es financiada por la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Algunos países donde ya funcionan agencias especializas sujetas a control parlamentario son Italia, Francia, Bélgica y Países Bajos, además de Bolivia y México, entre otros de esta región.
