Por Juan Mango
La oposición convocó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 12 de noviembre con el objetivo de limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. La idea es que los DNU que no sean ratificados por ambas cámaras del Congreso pierdan vigencia en noventa días. Esta medida busca reducir la potestad del Poder Ejecutivo para implementar decisiones sin pasar por el Poder Legislativo, algo que la oposición considera clave para preservar el equilibrio de poderes.
En respuesta, el oficialismo aumentó la presión sobre los gobernadores y advirtió que, si sus legisladores apoyan esta iniciativa y derogan el decreto que flexibiliza la renegociación de deuda, no se les otorgarán las modificaciones que solicitaron en el presupuesto 2025.
“El gobierno nacional estuvo dilatando las reuniones de la Comisión de Presupuesto, suspendiendo incluso la presentación del ministro de Salud. Aún no se ha dado un verdadero debate sobre el presupuesto, y su tratamiento es fundamental para tener un marco financiero actualizado y vigente. El presupuesto actual en uso fue presentado en agosto de 2022, y si no se aprueba uno nuevo, se prorrogará nuevamente y quedará bajo normas de hace dos años, lo que resulta inadecuado considerando la inflación actual y la necesidad de actualización”, explica Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria.
El Gobierno busca que no se rechace el DNU 864, porque haría fracasar los canjes de deuda que se llevarán a cabo con ese instrumento. Si bien el decreto no quedaría derogado, porque faltaría que se trate en el Senado, con su rechazo en una de las cámaras del Congreso alcanzaría para frustrar próximas renovaciones de papeles.
El DNU 846 modifica el decreto 331/2022, originalmente firmado por el exministro de Economía Martín Guzmán. Ese decreto había establecido que cualquier renegociación de deuda debía hacerse en la misma moneda. Es decir, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tiene la posibilidad de recibir bonos en dólares y canjearlos por títulos en pesos, o viceversa, flexibilizando así las opciones para la reestructuración de deuda.
Otra modificación clave es que este tipo de operaciones queda exento de las limitaciones establecidas en el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que solo permite renegociaciones si se cumplen dos de tres condiciones: reducción de plazos, intereses o montos. Quirno había intentado implementar este cambio ya en 2019, durante la administración de Mauricio Macri, pero la mayoría opositora en el Congreso bloqueó su avance en ese entonces.
A pesar de que el blanqueo fiscal de octubre alivió el riesgo de cesación de pagos, el Gobierno decidió mantener el decreto vigente. Entre otras disposiciones, este DNU también aumenta el límite de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en títulos públicos, lo cual permite que hasta el 70 por ciento de su cartera esté compuesto por estos activos, con o sin garantías. Anteriormente, el límite era del 50 por ciento. Esta medida había sido propuesta en la Ley Ómnibus, que buscaba liquidar el fondo soberano administrado por Anses, aunque no logró la aprobación en el Congreso.
Edición: Inés Yawien y Abril Lamia
