Por N. Liberman, V. Larrea e I. Reche
“El hecho de que los ministros de Seguridad den su opinión respecto del uso de armas reglamentarias puede ser positivo o no, dependiendo de lo que digan”, sostiene Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo crítico de las políticas de “mano dura” de todos los gobiernos que la alentaron desde el retorno de la democracia. La CPM siempre ha condenado “el uso letal” de las armas por parte de las fuerzas de seguridad y la “justicia por mano propia” de civiles armados.
Su postura es diferente a la de Damián Arabia, ex director de Anticorrupción de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Seguridad de la gestión de Cambiemos, para quien “la realidad es que en el día a día es natural que los ministros den su opinión sobre el tema, motivo por el cual no diría que es positivo ni negativo, sino que es natural”. A diferencia de Cipriano, Arabia reivindica la política de seguridad del gobierno de Cambiemos durante los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
En los catorce informes anuales realizados por la CPM sobre violencia institucional –el primero cuando el gobernador bonaerense era el hoy canciller Felipe Solá–, el organismo siempre fue crítico de las políticas públicas en materia de seguridad. En el informe 2020, donde analiza los cuatro años de Cambiemos en la provincia, la CPM señaló que hubo un “incremento de las muertes provocadas por el Estado” como resultado del “uso letal de la fuerza policial” que produjo “485 muertes en cuatro años; 21 fueron femicidios mayoritariamente cometidos con el arma reglamentaria”.
Arabia defendió la gestión de Cambiemos y señaló que ahora habría que ver “qué datos da el Ministerio de Seguridad a fines de este año” sobre los resultados de la gestión del Frente de Todos en materia de seguridad. Sostuvo que “de 2014 a 2019, los homicidios dolosos bajaron 19,7%, los robos 15,3% y los hurtos 7,3%”. Estimó que “parecería que la tendencia (a la baja) no seguirá” con el nuevo gobierno.
A la controversia que es norma cada vez que el Poder Ejecutivo cambia de color político, se sumaron ahora las polémicas que dispara en cada intervención pública el actual ministro provincial de Seguridad, Sergio Berni, que no solo se diferencia de su par nacional, Sabina Frederic, sino que incluso desata conflictos con los organismos de derechos humanos. Son muchos, propios y extraños, los que señalan que no hay diferencias entre las posiciones de Berni y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Las diferencias notorias con Frederic llevaron a plantear si Berni le hace bien o mal al actual gobierno nacional. Diario Publicable consultó sobre este punto con Diego Fleitas, sociólogo y experto en desarrollo y evaluación de políticas en temas de seguridad y regulatorios. “Hay quienes creen que la postura de Berni en torno al uso de las armas en defensa propia se trata de una estrategia del kirchnerismo para capturar el apoyo de sectores populares afines a la mano dura de la provincia de Buenos Aires”, señaló. Los analistas recordaron que Patricia Bullrich había dicho en su momento “el que quiera andar armado, que ande armado”, en referencia a la sociedad civil, lo que generó mucha polémica, porque su estilo es muy similar al de Berni, quien incluso se ha mostrado en público llevando una pistola en la cintura.
Sobre el fenómeno Berni, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, advirtió que es el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien debe reflexionar sobre este tema. “Desde mi óptica –declaró Cipriano– Berni le resta al gobierno, pero por algo sigue siendo el ministro. Parecería que en el gobierno hacen otro análisis de la situación”.
Consultado sobre el uso de armas y cuál debería ser la línea que deben bajar las autoridades gubernamentales, Fleitas señaló que “los ministros de Seguridad deben dar su opinión sobre el uso de armas de una forma fundada y responsable”. Cipriano coincidió con Fleitas: “Si la intervención de los ministros se encuadra en la normativa vigente, tanto nacional como internacional, y es respetuosa de los derechos humanos y crítica de la violencia policial, me parece perfecto”.
Arabia aseguró que Berni tiene “una característica que hace que el gobierno tenga un doble discurso”: “Lo que hace Berni es tener siempre una misma estrategia, que es de hegemonía de la escena política del gobierno, y en esa hegemonía corren por izquierda y por derecha”.
Polémica por las excarcelaciones
Al analizar temas relacionados con la seguridad, Arabia sostuvo que “las excarcelaciones han generado un temor justificado en la población. Se ha visto en los últimos tiempos una creciente ola de inseguridad, que se ve reflejada en los medios de comunicación con noticias sobre nuevos homicidios y robos todos los días”.
Por otra parte, Cipriano aseguró que quienes recurren a un arma para defensa “ya tienen una decisión de vida previa en cuanto al manejo de armas y cómo responder a la violencia”, y afirmó: “Lo hacen por múltiples razones. Algunas pueden ser más comprendidas que otras, pero no creo que haya sido por las excarcelaciones”.
Por su parte, el ex funcionario de Cambiemos sostuvo que “se ha visto demostrado lo que muchos de Juntos por el Cambio decían antes de que ocurrieran las excarcelaciones, sobre el peligro de cómo iban a impactar en la vida de los ciudadanos, y de cómo íbamos a encontrar en los nuevos hechos de inseguridad a los mismos que iban a ser excarcelados”.
Más allá de los pronósticos, hasta el momento no hubo un informe certero, de parte del Poder Judicial, que es el que decidió las excarcelaciones ante el avance de la pandemia en las cárceles. No se sabe a ciencia cierta cuántas excarcelaciones hubo y el tipo de delitos por los cuales estaban detenidos los beneficiarios. Aunque tampoco hay estadísticas en esa materia, Arabia consideró que “las excarcelaciones podrían ser una de las causas del aumento de la inseguridad”. Acusó al actual gobierno de de tener “una visión que nuevamente deja a la población absolutamente desprotegida, con esa vieja fórmula de que la inseguridad es una sensación”.
El caso Chocobar
Una de las controversias ya clásicas entre especialistas y políticos es el caso del policía bonaerense Luis Chocobar, que está siendo juzgado por haber matado a Juan Pablo Kukoc, quien minutos antes había asaltado a un turista estadounidense en el barrio de La Boca, en complicidad con un menor de edad que se encuentra detenido. En el juicio oral son juzgados Chocobar y el menor detenido. Durante el asalto, el turista fue herido con un arma blanca.
Roberto Cipriano opinó que “aquellos que cometen el delito de homicidio agravado deben tener cadena perpetua. Y Chocobar, en función policial, debe recibir la misma condena”. Fleitas, en cambio, dijo que su impresión es que “hubo una mala práctica o procedimiento policial, pero eso no significa necesariamente que tenga que terminar condenado penalmente, lo cual es otro problema“. “Respecto de la condena penal, habría que tener en cuenta que se había recién cometido un delito muy violento, y que Chocobar podría haber entendido con las limitaciones del caso que era necesaria su intervención”, señaló el sociólogo. “Además hay que tener en cuenta que se le debería aplicar el beneficio de la duda.”
Contrariamente, Arabia cree que “hay que diferenciar si la persona es un ciudadano de a pie o si la persona es un policía”. Para el ex funcionario de Cambiemos, “Chocobar era un policía y cumplía con su labor de policía, que era el de detener a un delincuente que había cometido un potencial asesinato, ya que le había dado diez apuñaladas al turista. El potencial asesino continuaba cometiendo la acción, porque el policía le daba la voz del alto, y él huía y continuaba con el arma blanca”. Según Arabia, el agente Chocobar “no podía saber si ese potencial asesino iba a agarrar a otra persona más adelante. Entonces, cumplió con su rol”.
Arabia hizo un llamado a “ordenar lo que es lógico y razonable del rol policial”, preguntándose para qué se quiere a la policía. “Es muy importante separar en las acciones policiales cuáles son legítimas y cuáles no, es decir, no la técnica, sino la acción. La técnica debe ser una cuestión administrativa profesional de la carrera, pero desde el punto de vista judicial lo que se debe evaluar, como se evalúa en todos los países desarrollados, es la acción, es decir, un policía cumpliendo su rol, y con un uso de la fuerza razonable, que es después de dar la voz de alto, de ver el asesinato, de que el asesino continúa huyendo y continúa la acción”, dijo.
(FOTO: Télam)
