Por G. Coscarello, L. Dudech, S. Macaggi, G. Severini y L. Venerus Resa
La Sociedad Macri (SOCMA), a cargo de la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, lleva 16 años en Tribunales debido a la presentación en concurso preventivo de Correo Argentino S.A. ¿Qué sucedió durante este tiempo en la causa judicial? ¿Por qué demora tanto?
Todos los servicios postales que prestaba en 1997 la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA) fueron adjudicadados en concesión a Correo Argentino S.A., perteneciente a SOCMA, constituida por las empresas Itron S.A, SIDECO Americana S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
La concesión de 30 años consistía en un canon que debía pagar Correo Argentino S.A. al Estado Nacional de 51.600.000 pesos. Sin embargo, Correo Argentino S.A. cumplió solamente con los pagos del primer y segundo semestre.
En septiembre de 2001, la empresa se presentó en concurso preventivo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°9. Se trata de un proceso que se inicia a partir de la “cesación de pagos”, es decir, la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas. Hasta la presentación en concurso, la deuda al Estado era de 206.400.000 pesos.
El objetivo del concurso preventivo es renegociar las deudas y lograr un acuerdo con los acreedores, aquellas personas o empresas a las cuales se les debe. El fin último es acordar un plan de pagos que luego debe ser aprobado por el juez que interviene en la causa.
El primer paso del concurso es verificar los créditos de los acreedores, es decir, comprobarlos. En este caso, el Estado pidió la verificación de su crédito que en 2001 ascendía a 296.205.376 pesos.
La ley de concursos y quiebras indica que el deudor tiene un período para presentar propuestas y conseguir las conformidades de los acreedores para lograr el acuerdo preventivo. En 2003, el Estado no aceptó la propuesta que formuló SOCMA y decidió finalizar la concesión del Correo; luego, en 2004, creó una sociedad anónima del Estado llamada Correo Oficial de la República Argentina S.A. que funciona actualmente bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, y traspasó la totalidad del personal a depender del Estado.
Dado que no se llegó a un acuerdo, el Juzgado Nº9 decretó la quiebra sin abrir el salvataje, procedimiento que consiste en la compra de la empresa por un tercero, ya que consideró que luego del retiro de la concesión no había una “empresa” para salvar. Luego de eso, el juez pidió retirarse de la causa y el expediente pasó al Juzgado Nº6.
SOCMA apeló la resolución que decretó la quiebra y la Cámara, integrada por los jueces Bindo Caviglione Fraga, Felipe Cuartero y Martín Arecha, revocó la quiebra y Correo Argentino S.A. volvió a concurso preventivo.
En 2007, el Juzgado Nº6 abrió un nuevo período de negociación por un plazo de 60 días en busca de un acuerdo preventivo. Sin embargo, esos “60 días” se transformaron en casi diez años.
Con esta nueva negociación, continuaron largos trámites tendientes a resolver el conflicto. En 2010, SOCMA llegó a un acuerdo con un grupo de acreedores. Sin embargo, el Juzgado Nº 6 volvió a rechazarlo por falta de conformidad del Estado. Correo Argentino S.A. volvió a apelar el rechazo y el expediente pasó nuevamente a la Cámara, donde se mantuvo durante los restantes años con idas y vueltas.
El 28 de junio de 2016 se celebró una audiencia entre el Estado Argentino y el Correo, es decir: Mauricio Macri por un lado y por el otro, su padre, líder del grupo SOCMA.
La audiencia concluyó con un acuerdo: la deuda de 293 millones de pesos al año 2001 se pagaría en 15 cuotas anuales progresivas y con un interés al 7% anual a partir de la cuota número 15.
La Fiscal General de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, sostuvo que el acuerdo es abusivo debido que implicaría una “condonación” de la deuda, al tratarse de una quita del 98%, traducida en más de 4277 millones de pesos. A su vez, estableció que debe investigarse el cumplimiento de la ley de ética pública por tratarse de una empresa de la familia del Presidente.
El senador Federico Pinedo (PRO) consideró que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, “definitivamente tiene que resolver la situación sin consultar al Presidente”, en declaraciones a Radio Rivadavia. Por su parte, otro miembro del Senado, Julio Cobos (UCR), estimó que el acuerdo de condonación de deuda al Grupo Macri puede ser considerado “nulo” y respaldó el rechazo realizado por la fiscal Boquín. “Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio Presidente”, señaló en Radio El Mundo. El diputado nacional Oscar Romero (PJ), más enérgico, calificó al acuerdo como una “estafa” a los argentinos.
“Está claro que no debemos pagar las deudas de las empresas privadas. La Justicia debe pronunciarse rápidamente sobre la escandalosa condonación de esta deuda”, subrayó Romero en un comunicado de prensa.
Instruí al Ministro Aguad para que vuelva a foja cero todo el proceso del Correo Argentino.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 16 de febrero de 2017
“Debemos volver a fojas cero”, dijo el presidente Mauricio Macri en febrero pasado en conferencia de prensa en la Casa Rosada, respecto a la propuesta formulada sobre el caso del Correo, lo que implicaría dejar de lado el acuerdo logrado.
A fines de abril, la Fiscal realizó un nuevo dictamen en el cual cuestionó a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, por las irregularidades del concurso. También acusó la incompetencia de Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, por firmar el acuerdo y a los directivos de la empresa por perjudicar al Estado Nacional durante el último año y medio.
El pronunciamiento de la Fiscal desató una nueva polémica en el caso, esta vez por el criterio utilizado en la evaluación fiscal dadas las dudas que genera el modo de calcular la deuda. De esta forma, con el paso de los años se siguen acumulando obstáculos en vez de resoluciones, todavía quedan deudas por pagar y los conflictos de intereses se vuelven cada vez más claros.
